El Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea espió a una banda de rock. La insólita situación, que los mandos niegan, es denunciada por el abogado de cuatro oficiales de esa fuerza que están litigando contra Ministerio de Defensa para que la Fuerza Aérea les entregue su historia laboral completa.
Según el abogado Cristóbal González, el reclamo judicial de sus defendidos por acceder a sus datos laborales desencadenó en el ámbito de la Fuerza Aérea todo tipo de perjuicios para los reclamantes, incluyendo ser denunciados ante la Justicia Militar.
“Desde entonces ellos están siendo perseguidos y sancionados”, dijo González.
Uno de los reclamantes es también cantante de una banda de rock. El grupo fue contratado para actuar en un acto del Frente Amplio.
Según González, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea ordenó espiar ese acto, al igual que un “banderazo” de la coalición de izquierda, donde se mandó a efectivos a tratar de ubicar al oficial cantante y fotografiarlo.
Dos capturas de pantalla de un dialogado en WhatsApp entre oficiales de la Fuerza Aérea, uno de los cuales participó de la operación de espionaje, es la prueba de la denuncia.
El 3 de octubre una de esas capturas de pantalla fue publicada por la revista Caras y Caretas, que denunció que la Fuerza Aérea estaba espiando actos del Frente Amplio.
Tras la publicación, la revista dijo haber recibido una comunicación de la FAU negando la información publicada.
González, sin embargo, insiste en que el espionaje existió, aunque no como un acto político sino como una persecución al oficial Gabriel Goyen, uno de sus defendidos.
“Es una persecución directa a Goyen, ordenada por los mandos de la Fuerza Aérea. No es una persecución a una banda de rock, ni al Frente Amplio. Esa es mi teoría del caso”, dijo el abogado a El Observador.
El comandante en jefe, de la FAU, general Luis de León, negó que eso haya ocurrido: “La Fuerza Aérea no realiza ese tipo de actividades”, respondió en forma escueta ante la consulta de El Observador.
El reclamo de los oficiales ante la Fuerza Aérea
Los cuatro oficiales que reclaman acceder a su historia laboral completa han sufrido ya distintos tipos de sanciones. Además, todos fueron alejados de la Fuerza Aérea y derivados a dependencias del Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa Nacional, además, los denunció ante la Justicia Militar por el delito de “demanda colectiva”, por haberse presentado ante la justicia civil.
La defensa de los militares respondió con una demanda de inconstitucionalidad de la Justicia Militar, por entender que ni el fiscal militar ni el presidente del Supremo Tribunal Militar pueden actuar ante la Justicia penal, por no ser abogados.
Los reclamantes, mientras tanto, ya lograron dos habeas data del Poder Judicial para que sus datos laborales completos les sean entregados, pero aún así eso no ha ocurrido.
En uno de esos fallos, firmado el 12 de setiembre por la jueza Lorena Juliano, se establece que el reclamante tiene derecho a tener su “historia laboral nominada y completa, incluidos sus aportes a la seguridad social, así como sus aportes por años bonificados y todo otro registro dónde conste en forma completa, exacta y clara su actividad laboral y aportes dentro de las Fuerzas Armadas”. La magistrada agrega que “la información que se pretende es útil para ponderar su retiro”.
En su escrito, Juliano establece que “es el Ministerio de Defensa que nuclea las distintas Unidades Ejecutoras en su organigrama y a él le compete contar con la información fidedigna respecto de la labor del actor y de todos sus activos, y una vez pedida, datos que le son de único interés del accionante le deben ser entregados. No hay ninguna excepción legal sobre el punto que lo inhiba de responder y exonerarse del pedido”.
Otro de los reclamantes había obtenido en 2023 una sentencia en igual sentido del juez Gabriel Ohanian, quien le dio 15 días al Ministerio de Defensa Nacional para cumplir con sus obligaciones legales y entregarles a sus historias laborales completas.
“Es incontrastable el derecho subjetivo que tienen los actores respecto de acceder a esa información, para cotejarla, controlarla y en definitiva, adoptar decisiones en sus vidas particulares como cualquier otro individuo”, estableció la sentencia.
El dictamen de Ohanian señaló que no es de recibo la excusa dada por el Servicio de Retiros y por la Fuerza Aérea para no entregar los datos pedidos: no haber implementado la historia laboral personal por tener un sistema informático inadecuado. Y recordó que la historia personal laboral es obligatoria por ley desde noviembre de 2018.
