Dictan prisión domiciliaria para subcomisario Zabala, procesado por asesinato de Cecilia Fontana

“De acuerdo a las patologías descritas se trata de un anciano frágil, con un alto riesgo cardiovascular, y psicoemocional el cual está cursando un suceso vital estresante, tratado por depresión, por lo que estas peritos consideran que el entorno de prisión efectiva (en centro de reclusión) es un ambiente desfavorable para la salud del paciente pudiendo beneficiarse de medida alternativas para cumplir su pena”, dice el dictamen.

La decisión fue apelada por el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, por entender que en el caso de Zabala, de 74 años, no se cumplen los requisitos para otorgarle ese beneficio.

“Es claro que toda reclusión resulta desfavorable para cualquier recluso, máxime si se trata de personas mayores”, sostuvo Perciballe, pero recordó que el artículo 131 del Código del Proceso Penal reserva el beneficio de la prisión domiciliaria para casos de “enfermedades graves o circunstancias especiales que hicieran evidentemente perjudicial el mantenimiento de la prisión efectiva”.Según el fiscal, en este caso “no se verifica dicha hipótesis”.

Perciballe presentó un recurso de reposición y apelación contra la decisión de la jueza Pena. Según el fiscal, las peritos del ITF “no explicitaron que la prisión efectiva de Zabala fuera perjudicial para su salud. Es evidente, que el prevenido tiene importantes problemas cardiovasculares. Pero éstos ¿le impiden estar en prisión? En otras palabras, ¿la prisión efectiva perjudica su salud? Ello no surge de las pericias”.

La decisión de la jueza Pena también sorprendió y molestó al abogado de la familia Heber, Javier Barrios Bove, que dijo a El Observador que el lunes presentará un escrito cuestionando la decisión.

El abogado manifestó que Zabala, que residía en Maldonado al momento de su detención, fijó el balneario La Coronilla como residencia para su prisión domiciliaria.

“Si yo quiero a mi abuelo o a mi padre y sé que tiene graves problemas cardíacos no lo llevo a vivir a La Coronilla; sin emergencia móvil, lejos de un Centro de Salud especializado en dicha patología. Salvo sea de interés la cercanía con la frontera con Brasil”, manifestó el abogado.

La Coronilla se encuentra apenas a 24 kilómetros de la ciudad fronteriza de Chuy.

Barrios Bove resaltó que antes de ser apresado, Zabala se atendía en un sanatorio privado de Maldonado. “Todo esto no huele nada bien”, declaró.

Otros implicados impunes

Zabala había sido procesado con prisión en octubre, 46 años después de uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura. El exagente revistaba en el Servicio de Información y Defensa del Ejército cuando el asesinato de Cecilia Fontana.

El procesamiento fue dictado por la jueza Urioste, quien lo procesó con prisión “en calidad de presunto coautor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado”.

Según el fiscal Perciballe, Zabala integró un “grupo de conjurados” que buscó eliminar a “tres reconocidos opositores al régimen dictatorial”, con el objetivo de frustrar contactos y negociaciones que existían entre militares más moderados y políticos tendientes a buscar una salida a la dictadura.

La prueba decisiva para pedir el procesamiento de Zabala fue que tres huellas dactilares suyas fueron halladas ya en 1978 en una de las botellas, justamente la que mató a Fontana.

El hallazgo fue hecho por la Policía Técnica, pero no se lo incorporó al expediente judicial. Por el contrario, se ocultó ese dato central. Esos folios con el relevamiento de huellas hecho por la Policía Técnica recién fueron hallados en 1988, cuando el caso fue reabierto por un nuevo juez, ya recuperada la democracia.

Zabala prestó servicios en el SID, bajo órdenes de José Gavazzo. En 2012 fue procesado por el asesinato y desaparición forzada del maestro Julio Castro en 1977. El agente admitió haber apresado a Castro cuando prestaba funciones en el SID. Su procesamiento, sin embargo, fue revocado por un Tribunal de Apelaciones en 2014 que entendió que no existían pruebas que lo vincularan con la posterior ejecución del maestro.

Perciballe, en su dictamen, implicó también a otros conocidos militares en la trama del atentado de 1978 contra la dirigencia del Partido Nacional.

“No cabe lugar a dudas de que quienes estuvieron detrás de los hechos fueron el general Amauri Prantl (ex director del Servicio de Información de Defensa, SID) y José Gavazzo (ex jefe del Departamento III del SID y adjunto a la dirección), así como el director de la DNII Víctor Castiglioni y sus hombres de confianza, el comisario Hugo Campos Hermida y subcomisaro Juan Ricardo Zabala Quinteros”.

Prantl, Gavazzo, Campos Hermida y Castiglioni ya fallecieron.

Campos Hermida fue quien llevó adelante la investigación policial del caso de los vinos envenenados al momento del atentado, a pesar de que era jefe de Narcóticos y no de Homicidios. Su investigación estuvo plagada de omisiones.

Perciballe cree que todavía hay otros responsables vivos, además de Zabala.

Su dictamen señala que “es obvio que con estos también actuaron otros funcionarios de la DNII que declararon en autos, pero al presente, respecto de estos las pruebas incorporadas no nos permiten solicitar responsabilidades, por lo que a sus efectos la indagatoria debe continuar. De igual modo tampoco se descarta la intervención de civiles, fundamentalmente quienes se encontraban vinculadas a la publicación Azul y Blanco”.

Dicha revista nucleaba a su alrededor a un núcleo nacionalista ultraderechista filo nazi. Poco antes del atentado, el sobrino de uno de sus integrantes de nombre CelioRiet, compró grandes cantidades de Fosdrín, el veneno que contenían las botellas.

Riet, ya fallecido, nunca fue llamado a declarar en la investigación llevada adelante durante la dictadura.