Parte de los curules blancos planean plantearle el caso al presidente de la Junta Departamental canaria
Dos edilas del Frente Amplio (FA) de Canelones fueron denunciadas penalmente por estafa con un terreno en Parque del Plata; una de ellas es de una inmobiliaria, mientras que la otra es la dueña del terreno, según consta en la acusación.
Ambas acusadas son edilas de la Lista 939 del FA en el Junta Departamental canaria. Por este motivo, ediles nacionalistas tienen la intención de plantearle al presidente de la Junta si esta denuncia ameritaría pedirles a las acusadas que se tomen licencia del órgano departamental, mientras avanza la investigación.
Estos ediles, pertenecientes al sector Aire Fresco y a la Lista 5, se reunirán por este motivo con el candidato a intendente canario Alfonso Lereté. El encuentro será este martes en el Palacio Legislativo a las 20:00 horas.
La denuncia, a la que accedió El Observador, fue radicada en diciembre del pasado año en una seccional policial. La presuntamente damnificada explicó que firmó "contrato por un derecho posesorio con mejoras de la dirección" que estaba "viviendo ahora por intermedio de una inmobiliaria", perteneciente a una de las edilas.
Definida en el escrito judicial como "supuesta dueña del terreno", la también edil puso "a su hijo como dueño de la propiedad del terreno".
"El total de la compra del terreno con mejoras es de US$ 25.000 como yo no tenía el total de ese dinero lo financio", explicó la mujer. Pero desde la inmobiliaria le pidieron "hacerlo con un escribano" de la empresa. "Confié porque lo primero que me dijo es que no iba a pasar nada ya que son ediles y era año electoral", sentenció.
Al momento de la firma solo pagó "US$ 15.000 al contado, más los US$ 550 a la inmobiliaria por realizar el trámite quedando debiendo US$ 200 y a la escribana una cantidad de $ 12.800".
El 1° de marzo de 2024, un mes después de la compra, encuentra que la propiedad está "inhabitable".
"Fui a la intendencia para hacerme cargo de una deuda de la propiedad ya que la dueña me manifestó que la deuda ascendía a $ 400.000 y en la intendencia me dijeron que tengo que pedir el código municipal y deben estar inscripto en inmuebles de la intendencia aunque sea provisorio, manifestándome que contratara abogado u escribano porque se podría tratar de una estafa", según contó la presunta damnificada en la denuncia.
En setiembre llega al domicilio de esta mujer una "intimación de pago, con una deuda de US$ 2.500". Es entonces que contrata un abogado mientras que la presunta dueña presentó "una declaración jurada con tres testigos" que certifica que su hijo viví allí desde el 2016.
"En esa reunión acordamos que pagaría US$ 4000 más al contado. Contraté un escribano para que me cedan derechos posesorios a mi nombre y poder pagar lo que restaba y quedara todo saldado. Le pago a mi escribana (pero) la misma me dice que ella no se haría cargo de este caso porque se trataría de una estafa por lo que me devolvió el dinero", explicó la presunta damnificada, razón por lo que realizó la denuncia.
