El gobierno presentó proyecto de ley para subsidiar a los empleadores que contraten a personas liberadas de prisión.
Los ministerios de Trabajo y Economía enviaron al Parlamento un proyecto de ley para subsidiar a los empleadores que contraten a personas liberadas de prisión.
El proyecto, ideado por la senadora colorada Carmen Sanguinetti y que finalmente fue enviado por el Ejecutivo, determina que el Estado pagará hasta el 80% de la retribución mensual del trabajador de hasta dos salarios mínimos ($47.208) por un plazo de entre seis y 12 meses.
Según adelantó la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, hay "acuerdo en la coalición" de gobierno para aprobarlo.
Dentro de los motivos, Presidencia detalla que al día de hoy hay 15.000 personas privadas de libertad y que el grado de reincidencia de los liberados es alto. Según un informe presentado en agosto, "entre los excarcelados en 2019, el 29,2% había reincidido en un período de 6 meses desde su primera excarcelación, el 44,1% en un período de un año, el 58,7% en un período de dos años, y el 65,6% en un período de tres años".
En la misma línea, señalan que las personas liberadas "deben enfrentar una serie de barreras estructurales y sociales" que hacen difícil su reincorporación al mercado laboral y la vida en sociedad. Entre estas "barreras", se nombran algunas como: "Estigma y discriminación social; falta de hábitos de trabajo, formación y experiencia laboral; redes de apoyo limitadas o inexistentes".
"Frente a estos desafíos, es crucial implementar políticas públicas que faciliten la inclusión de las personas liberadas en el mercado laboral, contribuyendo así a su rehabilitación. La reinserción laboral de estas personas no solo es un tema de justicia social, sino también una cuestión de seguridad pública.
"Las políticas que faciliten su acceso al mercado de trabajo pueden reducir las tasas de reincidencia, mejorando la cohesión social", finaliza la exposición de motivos.