Estiman que la autorización ambiental del proyecto estará antes de fin de año
El gobierno de Luis Lacalle Pou celebró la decisión de la Justicia de levantar la medida de “no innovar” sobre Neptuno, el proyecto para construir una potabilizadora en el balneario Arazatí de San José que genera controversia entre oficialismo y oposición.
La resolución fue tomada el martes 19 –cinco días antes del balotaje– por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno y habilitó al Poder Ejecutivo a firmar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo (conformado por las empresas Saceem SA, Berkes SA, Ciemsa y Fast Ltda) aunque OSE decidió que esperará a conocer el resultado de las elecciones para avanzar.
“Estamos evaluando la situación. Vamos a juntar a las distintas partes que tienen que ver en el tema en estos días y resolveremos”, dijo a El Observador el presidente de OSE, Raúl Montero.
El jerarca señaló a Primera Mañana de El Espectador que recibieron el fallo con “mucha alegría y esperanza” porque el proyecto es “fundamental” para la administración de Lacalle Pou.
La nueva planta sumará 200 mil metros cúbicos de agua por día al sistema metropolitano de abastecimiento que serán tomados de una nueva fuente: el Río de la Plata.
Para los privados, el costo de las obras ascenderá a US$ 304 millones. El Estado abonará US$ 885 millones al final de los veinte años que durará el contrato (se pagará un canon anual de US$ 45,6 millones más otros US$ 5 millones de costos operativos).
Además de habilitar la firma del contrato, la decisión judicial autoriza el comienzo de las obras una vez que el Ministerio de Ambiente dé luz verde al proyecto, algo que está previsto para antes de fin de año.
Una fuente de Ambiente señaló que los técnicos del área de impacto ambiental están terminando de analizar todos los planteos realizados en la audiencia pública y la puesta de manifiesto y luego elevarán su informe a la gerencia de jurídica del ministerio.
Tras esto, Ambiente pretende darle vista a OSE y al consorcio para que hagan sus descargos los cuales serán analizados por el ministro para la firma de la resolución final. “Si marcha rápido, puede estar pronta en la segunda quincena de diciembre”, dijo el informante a El Observador.
La Autorización Ambiental Previa (AAP) es requisito sine qua non para que puedan comenzar las obras. En octubre, OSE y el consorcio respondieron a la décima solicitud de información complementaria planteada por los técnicos. La consulta refería a las condiciones del agua subterránea en la zona de influencia donde se construirá la reserva de agua bruta y el monorrelleno.
El hecho de que la audiencia pública se realizara sin que hubieran sido respondidas todas las consultas técnicas fue cuestionado por organizaciones sociales que dijeron que era irregular y que hubo un "error de procedimiento".
La resolución del Tribunal de Apelaciones no se expidió sobre el fondo de la demanda presentada por las organizaciones sociales sino que se limitó a declarar nula la audiencia del 21 de junio en que el juez Alejandro Recarey dispuso la medida cautelar de no innovar porque no se permitió la participación del consorcio Aguas de Montevideo.
A su vez, ordenó apartar a Recarey de la causa y designó en su lugar al juez Federico Tobía.
El Tribunal concluyó que el consorcio debió haber sido escuchado antes de dictarse la medida cautelar en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 317 del Código General del Proceso (CGP). Según señaló, esto generó una situación de “indefensión” violando garantías constitucionales.
El abogado Juan Ceretta, que integra las organizaciones sociales que promovieron la iniciativa, dijo que aún no hay fecha fijada para continuar con la demanda.
Los grupos buscan suspender la ejecución del proyecto argumentando que atenta contra las disposiciones constitucionales que otorgan al Estado la administración del servicio de agua potable, algo que OSE rechaza.
