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Karina Rando
Foto: Leonardo Carreño.
Incluso, el resumen presentado por la ministra de Salud Pública a los senadores y diputados dice que "si las autoridades de CASMU IAMPP no toman responsablemente medidas de reducción del gasto, para lograr un equilibrio económico, el desfinanciamiento continuará aumentando, las necesidades financieras también lo que colocará a la institución en situación de riesgo asistencial inminente, ante la no obtención de más financiamiento externo por falta de garantías, y posibilidad de que los proveedores no quieran vender más sin expectativas claras de pago, o a plazos tan extensos o que la propia institución no pueda hacer frente a salarios y aportes".
El riesgo asistencial es una de las variables que el Poder Ejecutivo considera para disponer el desplazamiento de autoridades.
En los últimos nueve años, la mutualista perdió casi 33 mil afiliados.
Contrataciones
Rando presentó un resumen del informe recibido que dice que "han detectado importantes irregularidades en las contrataciones de servicios en diversas áreas donde un elevado número de los contratos firmados por montos elevados y por plazos de varios años, no han sido aprobados por el Consejo Directivo, ni siquiera informados al mismo, ni en los que se ha respetado lo establecido en los Estatutos de la institución".
Uno de los principales señalados en el informe es el Gerente de Logística, Proyectos, Inversiones y Obras a quien el Consejo Directivo le atribuyó poderes con amplias potestades para representar a la institución pese a que los estatutos no permiten delegar esos poderes. Incluso, dice el informe al que accedió El Observador, que se creó una gerencia tampoco prevista en los estatutos ni aprobada por el Consejo Directivo.
Tal como informó El Observador, el gerente de esa área, Osvaldo Barrios, se alejó de la empresa tras el informe de los interventores. Si bien en ese entonces el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, dijo que Barrios "decidió retirarse de la empresa" diversas fuentes habían señalado que la salida estaba vinculada al contenido del informe de los interventores. Luis Laxalt, que también trabajaba en esa área, fue otro de los que se fue en ese momento.
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Foto: Inés Guimaraens
Es que el resumen presentado por Rando afirma que "surge claro" de lo presentado por los interventores que los "poderes amplios” otorgados a Barrios para representar a la mutualista, mediante los cuales éste firmó contratos y contrajo obligaciones a nombre de la Institución (en muchos casos tratándose de obligaciones onerosas y a largo plazo y con una empresa de la cual fue socio y vicepresidente) "implican un incumplimiento estatutario (art. 28 del Estatuto)".
El informe revela al menos 3 contratos firmados con la empresa de la que Laxalt y Barrios eran presidente y vicepresidente (en el tercero Barrios ya había cesado en su cargo en la empresa contratada pero hubo dos que él directamente los firmó como representante del Casmu).
"Estas personas son quienes, a su vez y por parte de CASMU IAMPP, solicitaban el servicio y conformaban las facturas que serían pagadas a la SAS a la cual estaban vinculados y que es la que prestaba el servicio", apunta el informe.
Pero las observaciones no se limitan a esos contratos. Barrios también firmó contratos con diferentes empresas (casi todos por 5 años) que tienen los mismos socios. El informe detalla varios casos y en uno de ellos destaca que una persona física es socia de 4 empresas contratadas por Casmu que en total tienen nueve contratos.
"Asimismo, surgen de las respectivas cláusulas contractuales que, 4 empresas contratadas por CASMU IAMPP, en distintos rubros y con diversos contratos, poseen el mismo domicilio contractual", dijo.
Controles internos
El informe agrega que existe una "ausencia muy importante" de procedimientos básicos de control interno y de oposición de intereses y que se detectaron varios casos en los que funcionarios de la institución son los responsables de adquirir a empresas de las que ellos mismos son representantes o directivos. Además, respecto a los pagos, dice el informe que se realizan de acuerdo a lo facturado por el proveedor, no se controla con los contratos, ni la vigencia y objeto de estos.
"Se realizan pagos de contratos vencidos, por objetos no incluidos en el alcance de los mismos o por precios diferentes (más elevados) a los pactados contractualmente", señala el informe y agrega que los interventores han podido detectar "pagos en exceso".
El documento dice que, incluso, el Casmu ha procedido a hacer pagos con "expreso informe" contrario de los interventores. "En ese contexto se ha pago en más de una oportunidad, a empresas que mantienen deudas importantes con CASMU IAMPP a las que se pagó con cheques del día. Estos pagos se continúan realizando al día de hoy sin el aval de los interventores, mes tras mes", dice. Ese dinero se paga mientras hay atrasos importantes en otros pagos o se pagan con cheques a 180 días.
Luego de algunos señalamientos de los interventores, la respuesta de Casmu fue "introducir adendas retroactivas a los contratos, por las que se adecúan plazos, precios y hasta se amplía el objeto de los mismos".
"Existe un elevado número de empresas tercerizadas contratadas para diferentes objetos, cuyos socios, representantes y domicilios, coinciden", apunta.
Obras
Los interventores no solo cuestionan que se han continuado ejecutando gastos superfluos en un contexto de crisis económica sino que se continúa adelante con obras e inversiones por montos millonarios en dólares lo que implica una "alta exigencia financiera, en contra de la sugerencia de los interventores". Incluso, señala que en un caso –una obra en CTI Neonatal, Maternidad, Block Quirúrgico, Sala de Partos y corredor del sanatorio Casmu 2– se pagaron US$ 400 mil en agosto de 2023, nueve meses antes de firmar el contrato y sin comenzar la obra. "Su comienzo observado en reiteradas ocasiones por los interventores, fue suspendido el 7/11/24", agrega el documento.
Incluso, en el tema obras señala directamente al directorio. "La institución no prioriza obras en áreas fundamentales como cocina, almacenes de acopio de material médico quirúrgico, lavadero, policlínicas donde conviven áreas sucias sin doble circulación, humedades donde existe riesgo para el personal, por filtraciones de agua en las instalaciones eléctricas donde trabajan. Sin embargo, paralelamente se realizan obras millonarias en servicios que se tercerizan y se adquiere equipamiento de alto costo, para la sala del directorio", apunta.
Recursos humanos y salarios
La mutualista, dice el informe, continuó contratando personal administrativo, sin comunicarlo a los interventores o con "la negativa por escrito de los mismos", a empresas tercerizadas al mismo tiempo que mantiene en seguro de paro recursos humanos del mismo tipo. El informe agrega que entre agosto y setiembre de 2024 aumentó en $ 30 millones el gasto en remuneraciones.
"Del flujo de fondos surge que el gasto en remuneraciones correspondiente a setiembre 2024 aumentó $30.000.000 respecto al mes inmediato anterior, según se informa debido a disminución de seguros de desempleo, actividad quirúrgica y pagos de licencias", dice el informe.
El documento destaca que se "ha avanzado lentamente" en procedimientos que permitan "controlar la asistencia del personal médico" pero que se "cambian permanentemente los cargos gerenciales, lo que impacta negativamente".
Deudas
La mutualista mantiene una serie de deudas –a octubre de 2024– que ascienden a más de US$ 105 millones. Por cheques y conformes emitidos la deuda es de US$ 26 millones mientras que le debe a prestamistas no formales cerca de US$ 11 millones. A eso se le suman los US$ 39 millones que tiene de pasivos comerciales y los US$ 29 millones de deuda que tiene con instituciones financieras formales.
"No se pudo obtener a la fecha, información sobre pasivos por créditos laborales u otras deudas", alcara el documento presentado por el MSP.
Además de los montos informados, Casmu también mantenía una deuda de casi US$ 2 millones con las "sedes secundarias del interior". "Esto les impide a las mismas hacer frente al pago de los salarios, aportes e insumos para prestar asistencia a los usuarios", dice el informe. Al mismo tiempo, el gerente financiero de Casmu informó a los interventores que ASSE tiene un monto "pendiente de pago" de casi US$ 7,5 millones.
