A 20 días de que asuma el gobierno de Yamandú Orsi, las conversaciones entre la administración saliente y los jerarcas a quienes el presidente electo traspasó su gestión en la Intendencia de Canelones se intensifican. En las gateras está una iniciativa privada en Villa Olmos para resolver el destino de buena parte de la basura que descartan los hogares canarios, tema que en este período motivó conversaciones entre el Orsi intendente y el mandatario Luis Lacalle Pou.
El Ministerio de Ambiente dio vista el pasado 24 de enero a la comuna canaria de un informe técnico sobre el que debe fundamentar su resolución en torno a la eventual Autorización Ambiental Previa (AAP) a la iniciativa de Morseloy SA para una zona próxima a Empalme Olmos. El 3 de febrero, la intendencia hizo una devolución.
“La Intendencia de Canelones no está de acuerdo en generar un relleno sanitario en Olmos”, declaró a El Observador el intendente Marcelo Metediera tras los intercambios con el Ministerio de Ambiente. “Hoy el relleno sanitario lo tenemos en Cañada Grande y tenemos el compromiso para irnos de ahí con Ambiente”, expuso el jerarca, quien asumirá como titular de la Unidad de Seguridad Vial (Unasev) del gobierno electo.
La comuna entiende que están “alineados” con el Ministerio de Ambiente respecto a “no manejar” la creación de un relleno sanitario en el marco del proyecto privado para Villa Olmos, aunque también la iniciativa a estudio tiene otro componente fundamental que sí tiene consensos para aprobarse: la construcción de instalaciones para valorizar el 80% de los residuos de Canelones. El restante 20% sería desechado mediante el mencionado relleno sanitario en esta zona rural que bordea el arroyo Pando y contigua al Parque Industrial Olmos que dirige el mismo empresario a cargo: José Guichón.
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Pintadas de los vecinos contra el proyecto en Villa Olmos
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La información en manos de la intendencia y de la propia empresa es que el ministerio se apresta a autorizar las inversiones pensadas para valorizar despojos –plantas para biogás y Combustibles Derivados de Residuos, además de un galpón para compostaje– y dejar en suspenso en esta etapa el componente del relleno sanitario.
Este último es el método para enterrar de forma controlada esos residuos que no tienen valor, impermeabilizando el suelo y tratando los lixiviados –la sustancia que libera la basura– para evitar la contaminación de la zona. Unas 160 mil toneladas anuales de este tipo de residuos se entierran hoy en Cañada Grande, que existe como vertedero desde la década del ‘90, pero Orsi y el gobierno nacional siempre han entendido que ese sitio no tiene las obras de ingeniería adecuadas para ser un relleno sanitario.
La Intendencia de Canelones obtuvo a fines del último gobierno frenteamplista a nivel nacional la autorización de la ex Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para construir una alternativa Cerro Mosquito, en las inmediaciones de Soca. La comuna dirigida por Orsi adjudicó una licitación por US$ 8 millones a Aborgama, Favelan SA y Ebital SA para ejecutarlo, pero el gobierno de Lacalle Pou la frenó ante la resistencia de los vecinos y a cuatro días de que el dirigente del MPP ganara la reelección en su departamento.
Desde entonces hubo un largo periplo en busca de una alternativa que permitiera generar un relleno sanitario con suficientes garantías ambientales y cerrar la histórica usina de Cañada Grande. En el medio cayó un proyecto respaldado por Lacalle Pou para convertir la basura de Montevideo y Canelones en combustible para navíos de Maersk, fracaso que originó las negociaciones entre Orsi y el entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña, para concretar sobre Villa Olmos un “plan B” ante la urgencia del segundo departamento más poblado del país.
Seis años
La intendencia tiene en los próximos seis años el permiso para seguir depositando la basura en Cañada Grande, de acuerdo a los plazos acordados por Orsi con el Ministerio de Ambiente antes de renunciar para hacer campaña. De ahí la sugerencia en manos de la cartera de dejar para otra etapa el eventual relleno sanitario en Villa Olmos.
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Leonardo Carreño
Consultado por El Observador, el ministro Robert Bouvier se negó a dar detalles sobre el contenido del informe técnico. En los últimos días, por otro lado, la compañía a cargo del proyecto intercambió con el ministerio respecto al relleno sanitario.
Morseloy SA había propuesto construir unas instalaciones de este tipo para procesar unas 104 toneladas por día, estimando que la vida útil sería por 20 años, hasta 2045. La compañía indicaba que la distancia mínima a las viviendas más cercanas sería de 400 metros y de 200 metros desde los cuerpos de agua superficiales. La posibilidad de que cerca de centros poblados como Empalme Olmos, Villa Olmos y Pando se empiece a acumular la basura es uno de los componentes más resistidos del proyecto.
Como informó El Observador, varias organizaciones de vecinos y hasta el Concejo Municipal de Empalme Olmos están en pie de guerra con la iniciativa. Citaban por ejemplo un informe de la Facultad de Ciencias a cargo de la geóloga Patricia Gallardo que afirmaba que “el lugar propuesto es inconveniente porque carece de formación de arcilla”, tiene un “basamento cristalino que debe ser dinamitado para hacer las celdas” necesarias para el funcionamiento de las plantas, lo que a su entender “es riesgoso porque están muy cerca de las napas freáticas”, corriendo “riesgo de infiltración por los lixiviados”.
También Búsqueda citó días atrás un estudio de la doctora en Ciencias Biológicas y Paleontología, Graciela Piñeiro, respecto a los riesgos ambientales de la iniciativa. La compañía, por su parte, presentó en su extenso informe al Ministerio de Ambiente distintas medidas para mitigar impactos sociales y garantizar que no haya contaminación al arroyo Pando.
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Manifestación vecinal contra el proyecto en Villa Olmos
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Cómo termina
Tras la audiencia pública del pasado 17 de diciembre, el ministro de Ambiente debe decidir si firma o no una Autorización Ambiental Previa (AAP), con la posibilidad de presentar nuevas exigencias a la compañía. Bouvier se limitó a decir a El Observador que está aguardando los informes ambientales y jurídicos correspondientes, pero negó que necesariamente vaya a zanjar el tema antes de que asuma el nuevo gobierno: “Si tengo el asesoramiento y los elementos claros para tomar una decisión fundada, lo voy a hacer. Sino, no”.
Al candidato frenteamplista a la comuna, Francisco Legnani, actual secretario general, le preocupa que no haya un perjuicio económico contra el gobierno departamental tras la suspensión de la licitación para Cerro Mosquito en 2020. “La licitación fue adjudicada, el adjudicatario compró un predio y en el momento de la suscripción del contrato, el gobierno nacional, que recién asumía, nos dijo que ‘el expediente está blindado ambientalmente, blindado jurídicamente, pero por una visión política vamos a procurar otra solución’”, dijo días atrás.
En caso de no haber humo blanco bajo esta administración, la decisión recae en el entrante gobierno, que tendrá por subsecretario de Ambiente al actual jerarca de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, Leonardo Herou.
