El lavado de activos sigue siendo un desafío en Uruguay y el caso de Conexión Ganadera prendió las alarmas en el país. Según los especialistas antilavado Daniel Espinosa y Ricardo Gil Iribarne, el país enfrenta serios problemas en la detección y persecución de este delito. Ambos afirmaron este viernes en una entrevista en Desayunos Informales (Canal 12) que la efectividad en el combate al lavado de dinero ha disminuido en los últimos años y que el Estado no ha jerarquizado el tema dentro de su agenda de seguridad.
Uno de los puntos más críticos que señalaron Espinosa y Gil Iribarne es la falta de resultados en la persecución del delito. Según datos oficiales, en 2023 hubo apenas cuatro condenas por lavado de activos, una cifra extremadamente baja en comparación con otros delitos económicos y financieros.
“En Uruguay se lava y no estamos agarrando a nadie”, afirmó Gil Iribarne, quien explicó que la ausencia de condenas es un reflejo de la falta de voluntad política y de coordinación entre organismos estatales. “Los delitos por plata necesitan lavado. La droga, el contrabando, la corrupción, el tráfico de armas y de personas generan millones de dólares que se están moviendo por Uruguay sin ser detectados”, agregó.
Los especialistas remarcaron que durante el actual gobierno el combate al lavado no fue una prioridad. “No se trabajó coordinadamente ni se asignaron los recursos necesarios para la investigación. Hubo una descoordinación clara entre los organismos encargados del control”, aseguró Espinosa.
Entre los cambios legislativos que, según los expertos, facilitaron el lavado, destacaron la flexibilización de controles sobre escribanos, contadores y abogados, así como la elevación del límite de transacciones en efectivo a 150.000 dólares. “Hoy, con siete movimientos en efectivo, se pueden lavar un millón de dólares sin dejar rastros”, advirtió Gil Iribarne.
Casos recientes: Conexión Ganadera y oportunidades para el lavado
El reciente caso de Conexión Ganadera puso en evidencia los riesgos de lavado en sectores con poca supervisión estatal. Espinosa señaló que el modelo de negocio de los fondos ganaderos facilita la inserción de dinero de origen ilícito en la economía formal. “En estos esquemas, el dinero puede ingresar sin mayores controles y luego salir justificado como una inversión ganadera”, explicó.
Los especialistas también subrayaron que el problema va más allá del sector agropecuario. “Se lava dinero en la compra de tierras, en la forestación, en el mercado inmobiliario y en micropréstamos. Son áreas donde el Estado no está mirando”, afirmó Gi Iribarne.
Con la llegada del nuevo gobierno, los especialistas esperan una mayor atención al tema. “Nos han convocado para asesorar en la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos (SENACLAFT) y creemos que hay voluntad de cambio”, señalaron.
Jorge Díaz, exfiscal de Corte y futuro prosecretario de la Presidencia, será clave en esta nueva estrategia. “Díaz tiene experiencia en la lucha contra el lavado, fue el primer juez en condenar por este delito en Uruguay. Su rol puede marcar una diferencia”, afirmó Espinosa.
Para los expertos, Uruguay necesita un enfoque más agresivo en la persecución del lavado de activos como mayor coordinación entre organismos estatales para investigar y sancionar estos delitos, fortalecimiento de la SENACLAFT y de los mecanismos de supervisión, regulación más estricta de sectores vulnerables como fondos de inversión no regulados, préstamos informales y operaciones en efectivo, y mayor concienciación social sobre los efectos del lavado en la violencia y el crimen organizado.
“La lucha contra el lavado no es solo un tema financiero, es una cuestión de seguridad y estabilidad democrática”, concluyó Gi Iribarne.
