La jueza Diovanete Olivera decretó medidas limitativas por 180 días con fijación de domicilio, retención de documentos y cierre de fronteras para el fundador de la empresa, Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso.
La Fiscalía de Lavado de Activos convocó para este lunes, a partir de las 10:00 horas, la primera audiencia en la investigación por el colapso del esquema de inversión Conexión Ganadera, que dejó más de 4.000 damnificados.
El fiscal Enrique Rodríguez solicitó el cierre de fronteras y la retención de los pasaportes del fundador de la empresa, Pablo Carrasco, su esposa y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. Esta medida busca evitar una posible fuga mientras se esclarece el destino de los fondos captados por la compañía.
Ignacio Durán, defensor de los damnificados, dijo que también van a pedir medidas para las hijas de Basso ya que según dijo Carrasco en declaraciones al juzgado de Concurso, ellas tenían conocimiento de la operativa económica de Conexión Ganadera.
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La Fiscalía también anunció la incorporación de una contadora y una abogada a la investigación, lo que refuerza la estrategia de análisis financiero en la causa.
En 2024 Conexión Ganadera quedó expuesta como un esquema Ponzi, en el que los pagos a los inversores provenían de nuevos aportantes y no de ganancias genuinas.
Este tipo de fraude genera la ilusión de rentabilidad sostenida hasta que se vuelve insostenible y se derrumba, dejando grandes pérdidas para los inversores.
Uno de los eventos que marcó la causa judicial fue el fallecimiento de Gustavo Basso en un siniestro de tránsito el 28 de noviembre de 2024, cuando el empresario viajaba en su Tesla por Ruta 5, en la zona de La Cruz (Florida), cuando impactó contra una maquinaria vial.
En el proceso judicial, Carrasco contará con la defensa del abogado Jorge Barrera, mientras que la familia de Basso será representada por Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson . Por su parte, los damnificados serán defendidos por Ignacio Durán.
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Donnángelo y Eduardo Sasson, defensores de la familia de Basso, dijeron que no se van a oponer a las cautelares y que su idea es "colaborar con la justicia".
La Fiscalía lleva adelante una sistematización y recepción de denuncias. Hasta el viernes había 52, algunas de las cuales tienen más de 100 víctimas.
En primera instancia, la Fiscalía pidió 180 días de medidas en el entendido de asegurar la presencia de los implicados dentro del territorio. Además, argumenta que existe peligrosidad de salir del país por posibilidad económica. Tanto Barrera como la defensa de Cabral aceptaron las medidas.
“Está pasando un momento muy duro por la muerte de su marido, y pocas ganas tiene de salir a recorrer el mundo”, dijo por su parte Donnángelo, quien insistió en que procuran colaborar para que la investigación termine “lo más rápido posible”.
El abogado Juan Pablo Decia, quien también defiende a algunos de los perjudicados, pidió que se le incauten los celulares a los implicados para “evitar el trasiego de ganado”.
"Existieron, existen y van a seguir existiendo en la medida que los imputados sigan teniendo el celular”, alegó.
El fiscal dijo que las puertas están abiertas, y que esas medidas van a ser analizadas si se presentan a sugerir nuevas medidas. “No en esta instancia, sino con un análisis más completo”, sostuvo.
Jorge Barrera adelantó que muy probablemente hoy se decrete el concurso, motivo por el cual “en minutos” el ganado pasaría a ser de su responsabilidad.
Sasson, en tanto, dijo que los abogados “formalmente no están representando a nadie” por lo que “no tienen legitimación para realizar ningún tipo de solicitud”.
Además, afirmó que todavía no accedieron al legajo fiscal, por lo que no saben de qué se acusa a su cliente y no tienen elementos para defenderse ante los reclamos.
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