La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) manifestó en un comunicado su " profundo malestar" tras el "reiterado acoso, exposición y ataques" que han sufrido las defensoras de los Derechos Humanos y de los niños, niñas y adolescentes.
El comunicado de la asociación se da luego de la sanción de seis meses sin goce de sueldo recibida por la directora de la ONG El Paso y trabajadora del Hospital Policial, Andrea Tuana.
El castigo para Tuana se firmó en el último día de Nicolás Martinelli como ministro del Interior, luego de que la cartera iniciara un sumario administrativo contra la directora de la ONG, tras sus declaraciones sobre la situación de niños en bocas de droga.
En febrero de 2024, declaró en entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10) que desde "hace muchos años" ve casos donde se deja a niños en bocas de venta de droga "a modo de garantía".
"Nosotros vemos realidades de niños que son dejados en una boca porque no hay plata para pagar, entonces el niño es dejado ahí y lo van a buscar cuando tienen el dinero para poder saldar la deuda", dijo.
Además, dijo que lo mismo sucede con las "situaciones de explotación sexual vinculadas al narcotráfico".
Ese día, el asesor Diego Sanjurjo se refirió a las declaraciones de Tuana y reconoció la existencia de situaciones donde se involucra a menores para obtener dinero con el propósito de comprar drogas. No obstante, cuestionó sus afirmaciones.
También en entrevista con el consignado medio, explicó que "ninguna de las instituciones" -en ese momento- tenía "ningún dato, ninguna evidencia de que eso hubiera sucedido jamás".
"Si una persona tiene la certeza de que eso sucede debería denunciarlo, porque es algo serio", sostuvo en febrero de 2024.
El comunicado de RUCVDS
"Las personas defensoras -que, además, en su inmensa mayoría son mujeres- se ven expuestas, cada vez que exponen la situación que atraviesan las mujeres, niños, niñas y adolescentes, con claridad meridiana, conocimiento técnico y alta experticie", expresa sobre el comienzo del escrito.
En este sentido, destacaron que "en años de lucha por la construcción de la igualdad de género y denuncias, frente a las aberraciones que se comenten contras estas poblaciones", varias "compañeras de ruta" que brindan sus "conocimientos" sobre estos contextos se han visto "sancionadas, cuestionadas, vapuleadas" por quienes "se organizan para restar los derechos adquiridos".
"Hoy es Andrea Tuana, ayer fueron otras mujeres y, si no se toman medidas preventivas, serán otras en un marco internacional de ataque a los derechos de las humanas", señalaron.
Así exhortan al Instituto Nacional de Derechos Humano que busque "mecanismos" para las defensas de los Derechos Humanos.
"Exhortamos a reunir a la Bicameral Femenina y que proponga una legislación de prevención y protección, antes que sigamos lamentando hechos como este o aún más graves", cerraron.
En diálogo con El Observador, la doctora y activista en derechos humanos Teresa Herrera -integrante de dicho grupo-, destacó que además del caso de Tuana, "han habido otros".
Herrera recordó una ocasión donde tuvieron que "mandar preso a un tipo" que la amenazó a ella y a Tuana en redes sociales. También destacó la ocasión en la que fue retirada -en 2024- de su posición como experta del país en el comité de derechos de las mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de sus críticas ante la propuesta de modificación de la ley de violencia de género en Uruguay.
"Ha habido toda una serie de situaciones. Además, no queremos que haya más. Ese es el tema", explicó y añadió que no quieren "llegar" a realidades como las que se atraviesan en otros países de la región.
"Deberían protegernos a las militantes de derechos humanos para que nuestra militancia no implique represalia de todo tipo", reclamó.
El comunicado de ADASU
Quienes también se manifestaron por la sanción a Tuana, fue la Asociación de Profesionales de Trabajo Social del Uruguay (ADASU), que se solidarizaron con "la colega", tras ser sancionada al referirse a situaciones "provocadas por el avance del narcotráfico en nuestro país que colocan a niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo físico y emocional".
"Es lamentable que las autoridades salientes del Ministerio del Interior, en una clara señal de disciplinamiento y demostración de poder hacia una funcionaria que ocupa un cargo técnico, no reconozcan esta realidad que se ha tornado cotidiana, y que, como sociedad, no debemos naturalizar", expresaron.
Según su posición, la sanción es un "claro intento por silenciar su voz" como activista y representa, por tanto, un "ataque a las organizaciones sociales".
"Cómo colectivo profesional respaldamos la trayectoria profesional y ética de nuestra colega y solicitamos se revea dicha resolución del exjerarca. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a trabajar firmemente para revertir esta triste realidad que nos avergüenza como sociedad", expresan.
"¡No vamos a resignarnos a que nuestros NNA crezcan en este contexto de recrudecimiento de la violencia en los espacios comunitarios!", cerraron.
Sobre la situación de los niños como "garantía" en las bocas de drogas, El Observador publicó una nota en marzo de 2025, realizando un informe de la situación.
