El abogado de la principal implicada en la denuncia por una estafa de 20 millones de dólares a una mujer brasileña viuda de 63 años, en el que aparece como indagada la intendenta de Artigas Elita Volpi, solicitó la declaración a una mujer encargada de una inmobiliaria brasileña que considera clave en un posible giro de la investigación.
La involucrada fue condenada en mayo por los delitos de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia en reiteración real, con un delito continuado de apropiación indebida. No obstante, el caso continúa en la vía civil, donde la denunciante reclama a varias personas –entre ellas Volpi– por la nulidad de la escritura en la que cedió millones de dólares en derechos hereditarios a la implicada, y por daños y perjuicios.
En julio, el abogado de la condenada Rodrigo Rey denunció a la viuda de 63 años por falsificación de documentos al presentar pruebas que demuestran que es falso que la mujer estaba en Brasil el 29 de diciembre de 2017, cuando se concretó la cesión de derechos hereditarios de ella a la principal implicada, firmada dos semanas atrás en la oficina de Volpi.
Se trata de dos facturas de un restaurante que, según informó La Diaria, ya no funcionaba en el lugar que indican en la fecha antes mencionada.
Ahora, Rey solicitó esta semana a la Fiscalía de Artigas que llame a declarar a la responsable de la inmobiliaria para que, como ya declaró la propia mujer al abogado meses atrás, ratifique ante la justicia que su negocio ya operaba en el lugar indicado en las facturas, y no el restaurante mencionado en esos documentos.
"Estamos confiados por la contundencia de la evidencia reunida en que el resultado debería ser la formalización judicial de la investigación por delito de falsificación, y subsidiariamente que se investigue la hipótesis de estafa procesal", afirmó a El Observador el abogado de la condenada.
Su cliente fue mencionada en varias noticias y declaraciones como una vidente. Sin embargo, Rey aclaró meses atrás que la mujer "tenía cáncer" y que sus denunciantes se aprovecharon de que usaba pañuelos en su cabeza para instalar ese relato.
¿Por qué son importantes las facturas de un restaurante para un caso de US$ 20 millones?
Antes de la condena, la Fiscalía de Artigas archivó en primera instancia la investigación sobre la estafa. En ese momento, la defensa de la brasileña presentó una solicitud de reexamen. En una de las justificaciones, indicó que su clienta no estaba en Uruguay cuando se concretó la cesión de derechos hereditarios que ella había firmado sin saber qué implicaba semanas atrás.
El abogado de la mujer marcó que habían presentado a las autoridades dos facturas del 27 y 29 de diciembre del restaurante de Fernando César Franchi Bellesi, ubicado en la calle Rua Julio de Castilhos 334 de Lajeado, una ciudad de Río Grande do Sul ubicada a 600 kilómetros de Uruguay.
"El fiscal no tuvo en cuenta los documentos agregados y omitió continuar con el diligenciamiento de medios probatorios que confirmaran lo expuesto", reclamaron desde la defensa en su denuncia inicial a la viuda.
El abogado Rey indicó en julio que "el restaurante de Fernando César Franchi Bellesi ya no estaba funcionando en el local" que marcan las facturas en esas fechas.
Según marca el documento, el local pasó a ser propiedad de la empresa Extra Group Emprendimientos en 2016, y de agosto de 2017 a julio de 2018 fue administrado por la compañía A Lareira Negocios Inmobiliarios Ltda., según la declaración de su representante Jonathan Schneider, citada en la denuncia.
Incluso, la defensa marcó que la Justicia brasileña no pudo ubicar a Franchi en la dirección marcada en las facturas cuando lo citaron por dos denuncias, una de facturas impagas y otra por cobro de cheques sin fondo.
"Franchi Bellesi no estaba más en Lajeado y es imposible que en esos días estuviera funcionando ese restaurante de donde supuestamente emanaron esas notas fiscales, lo que se traduce categóricamente que es mentira que (la denunciante) concurrió a ese local en las fechas que surgen de las facturas", se lee en la denuncia, que concluye en que la brasileña "no pudo estar en esas fechas en el lugar que afirma".
Para el abogado tanto la denunciante como su abogado, Fernando Araújo, y el exdueño del restaurante podrían estar incurriendo en un delito de "falsificación o alteración de documentos privados".
Además de denunciar a la denunciante, su abogado Fernando Araújo y el exdueño del restaurante por "falsificación o alteración de documentos privados", la defensa de la condenada sostienen que la comprobación de la falsedad de estas facturas podría llevar a la nulidad del juicio civil contra su clienta, Elita Volpi y otros demandados, ya que estos documentos fueron utilizados como pruebas para solicitar la nulidad de la cesión de derechos hereditarios.
"Lo que ahora tienen que explicar los denunciantes es por qué esa factura, que utilizan como pieza documental clave en la demanda contra Volpi y contra mi clienta, tiene declaraciones materiales que están sospechadas de falsedad", agregó en julio Rey.
Araújo, abogado penal de la brasileña, reafirmó a El Observador también ese mes que su clienta "ese día no estaba en Uruguay" y marcó que incluso su hijo "la llamó" cuando ella estaba en Brasil.
