La familia del exsenador Gustavo Penadés, imputado por más de 20 delitos sexuales contra menores de edad, publicó una carta en la que criticó que su caso se volvió "un ejemplo paradigmático de las fallas estructurales del sistema judicial" y apuntó contra distintos protagonistas de la investigación.
La misiva, publicada por Búsqueda este jueves, critica la decisión del Tribunal de Apelaciones de revocar la prisión domiciliaria de Penadés y Sebastián Mauvezín, decisión que para la familia "ha reavivado las dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial en el caso".
Para los cercanos al exsenador blanco este ha sido "un proceso judicial sin precedentes", con "elementos inéditos en la historia judicial del país". Marcaron que "uno de los aspectos más polémicos" ha sido "la decisión de mantener en total anonimato a los denunciantes".
"Este nivel de confidencialidad ha sido objeto de debate, ya que, según la defensa del acusado, limita severamente su derecho a una defensa efectiva e incluso lo coloca en una situación de indefensión", continuaron.
"Las múltiples denuncias, filtraciones y cambios en la Fiscalía han convertido el caso Penadés en un ejemplo paradigmático de las fallas estructurales del sistema judicial", criticaron desde la familia, que entienden que este caso "pone a prueba la credibilidad del sistema judicial".
Los familiares postularon que "mientras la defensa del acusado argumenta una persecución mediática y política, las irregularidades en la actuación de la Fiscalía y el Consultorio Jurídico refuerzan las dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso".
"Queda en evidencia la necesidad de una revisión profunda de los procedimientos judiciales para garantizar que la justicia no solo se haga, sino que también se perciba como tal", sentenciaron.
Los apuntados por la familia de Penadés
Los familiares apuntaron contra la fiscal del caso, Alicia Ghione: primero, indicaron que los equipos iniciales que tuvo en el caso se disolvieron por "tensiones internas", y recordaron su "presunta cercanía" con la víctima Jonathan Mastropierro.
"En el programa Santo y seña se filtraron mensajes en los que la fiscal Ghione le ofrece lavar su ropa, le proporciona información confidencial sobre el caso y hasta le sugiere que destruya su teléfono celular. Además, se ha señalado una posible relación de amistad entre el hijo de la fiscal —quien enfrenta una causa por violencia de género y delitos sexuales— y el propio Mastropierro", se lee en la carta.
Los familiares del imputado también recordaron que su defensa denunció ante la Suprema Corte de Justicia que Ghione "omitió tomar medidas frente a la existencia de material pedófilo en el celular de Jonathan Mastropierro, hallado por la propia defensa de Penadés", y remarcaron que "una amiga del exsenador recibió un mensaje" desde su celular incautado, por lo que pudo existir una "manipulación" del móvil.
También hubo críticas para los representantes del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), encabezado por los abogados Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, que representan a varias de las víctimas: "Tras descubrirse que ciertos denunciantes presentaron conversaciones falsas, abogados del consultorio admitieron que 'siempre tuvieron dudas' sobre la veracidad de los testimonios de estos denunciantes".
En específico, indicaron que Williman "ha sido cuestionado por el manejo de una indemnización derivada de la llamada 'trama'", ya que el dinero "fue depositado en su cuenta personal antes de ser distribuido según su propio criterio".
"Una de las beneficiarias de estos fondos fue Romina Celeste, quien para ese momento ya no era defendida por el consultorio, pues su representación legal había sido retirada tras su condena por denuncia falsa contra el actual presidente Yamandú Orsi", agregaron.
