República Afisa, la fiduciaria del Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central, informó al Banco Central (BCU) como "hecho relevante" el inicio del arbitraje que resolvió hacer el Grupo Vía Central (GVC) -el consorcio encargado de la construcción y mantenimiento del Ferrocarril Central-, contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de Uruguay.
La medida del consorcio tiene el potencial de afectar la inversión de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), que cuentan con participaciones en este proyecto de infraestructura.
La disputa entre las empresas y el MTOP radica en que el consorcio denunció que el Estado uruguayo le debe dinero por parte de la obra, mientras que el gobierno negó incumplimientos y defendió que aún no puede aprobar los pagos pendientes porque el contrato está en proceso de negociación.
El consorcio constructor de la obra anunció una demanda al Estado por una deuda de US$ 160 millones por la puesta en disponibilidad de la vía férrea desde diciembre de 2023 que ya utiliza UPM para transportar celulosa al puerto de Montevideo.
Contexto del proyecto y los desafíos enfrentados
El Ferrocarril Central, con una inversión estimada en US$ 1.500 millones, es considerado el proyecto de infraestructura más relevante de Uruguay. Su objetivo es mejorar la conectividad ferroviaria entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo, permitiendo un transporte de carga eficiente a través de una moderna vía férrea. El sistema comenzó a operar en noviembre de 2023, marcando un hito en la infraestructura del país.
A lo largo de su desarrollo, el proyecto ha enfrentado desafíos significativos, como demoras en las expropiaciones, la pandemia de covid-19, aumentos en los costos por la guerra en Ucrania y las inundaciones de marzo de 2024, además de los incidentes de vandalismo que han afectado la seguridad del sistema ferroviario. A pesar de estos obstáculos, en 2024 se firmaron varios acuerdos, como el Memorándum de Entendimiento en agosto y una modificación del Contrato PPP en enero de 2025, con el objetivo de resolver las discrepancias entre el Gobierno y GVC.
El incumplimiento de pagos y el inicio del arbitraje
El principal motivo de la disputa radica en la falta de pagos por parte del Estado uruguayo. Desde diciembre de 2023, Grupo Vía Central no ha recibido los pagos comprometidos por los servicios prestados, lo que ha colocado al proyecto en una situación financiera comprometida, según señala la empresa. A pesar de los esfuerzos de negociación y los acuerdos alcanzados, GVC decidió recurrir al arbitraje, conforme a la cláusula 23.2 del Contrato PPP, después de agotar las vías de mediación.
"Grupo Vía Central ha cumplido con sus obligaciones y ha asumido prestaciones adicionales para garantizar el éxito del proyecto", declaró la empresa en su comunicado. GVC ha expresado su compromiso con el proyecto y con el país, pero considera que el arbitraje es la única vía para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y la continuidad del Ferrocarril Central.
Implicancias para las AFAPs y el futuro del proyecto
El inicio del arbitraje podría tener implicancias significativas para el Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central, donde las AFAP tienen inversiones. La falta de pago del Estado y la incertidumbre sobre la resolución del arbitraje podrían poner en riesgo la estabilidad financiera del proyecto y, por ende, la rentabilidad de las inversiones de las AFAP.
El gobierno y las partes involucradas en el proyecto trabajarán en encontrar una solución que permita resolver el conflicto, asegurando el cumplimiento de los acuerdos firmados y garantizando la sostenibilidad del Ferrocarril Central. La resolución del arbitraje podría definir el futuro de este megaproyecto, que es crucial para el desarrollo de la infraestructura y el transporte en Uruguay.
