Antel había denunciado “apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa" en la construcción del recinto
El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez rearchivó la investigación sobre los gastos de la construcción del Antel Arena, confirmaron fuentes de Fiscalía.
En la solicitud de archivo, a la que accedió El Observador, Rodríguez indicó que luego de que Antel pidiera el reexamen de la causa entendió necesario "recibir la declaración de una serie de técnicos profesionales externos al organismo" así como de personas que participaron en la planificación y en la construcción del recinto.
Tras escuchar a distintos arquitectos ajenos y partícipes del proyecto, y a diversas contadoras de Antel, el fiscal marcó que el "costo estimado de la obra que se incluyó en las bases del concurso de ideas era de US$ 40.000.000", que solo incluían a la "obra civil", sin gran parte del equipamiento necesario para "considerar que el Antel Arena estaba completo".
Según Rodríguez, existió una "amplia coincidencia" entre los testimonios en que era "muy difícil" hacer una estimación inicial del costo final de la construcción "por las múltiples variables de costos entre los materiales a utilizar e imponderables".
Los profesionales marcaron que se estimó un costo inicial "por butaca" de 7.000 a 8.000 dólares, lo que con 10.000 butacas llegaba al costo estimado de 70 a 80 millones de dólares. Incluso, Rodríguez marcó que uno de los testimonios habló de un posible costo de $ 90.000.000 a $ 100.000.000.
El encargado del caso entendió que las declaraciones iban en línea con el reporte del Tribunal de Cuentas al Parlamento en 2019, que marcaba un gasto de US$ 85.995.517 en la obra civil, sin considerar los otros gastos necesarios.
Al respecto de la denuncia por "los procesos o procedimientos de compras utilizados durante la construcción y equipamiento", debido a la utilización "casi como regla" de la "compra directa por excepción", Rodríguez se refirió a la declaración de dos contadoras de Antel que marcaron que "a pesar de que a veces no contaban con toda la documentación" esto "se salvaba por otros controles" y aún así "no encontraron irregularidades en dichos procesos".
Una de las profesionales indicó que con este proceso "se obtenían mejores cotizaciones en beneficio de Antel" y agregó que esta vía fue utilizada en otros proyectos como el de la instalación de fibra óptica. "Hasta el día de hoy, los proveedores preguntan porqué no se sigue usando ese procedimiento, que ofrecía garantías y era mucho más ágil y expeditivo", marcó la contadora.
Además, Rodríguez remarcó que ninguna empresa se presentó a la justicia durante el proceso "alegando actos de corrupción en los procesos licitatorios".
"Esta representación del Ministerio Público comparte en líneas generales los fundamentos que condujeron en una primera instancia al archivo de las actuaciones, por falta de ilicitud en las conductas desplegadas por los imputados", sentenció Rodríguez, quien dictaminó que no se constató una "desviación o irregularidad en la conducta de los investigados, pasible de ser sancionada penalmente y que permita afirmar que estamos ante actos de corrupción".
En la denuncia presentada por el directorio de Antel, cuando era presidido por Gabriel Gurméndez, se planteó que había habido “apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa" en la construcción del recinto de espectáculos.
Antel planteó que se violó “el principio de especialidad” que establece que los entes autónomos no pueden realizar negocios ajenos a su función y se señaló que el costo fue más del doble de lo estimado.
Sin embargo, el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado archivó el caso en primera instancia al entender que no hubo delito, aunque si constató “desprolijidades” y un “manejo dispendioso de los recursos públicos” en el proceso de construcción.
Sobre el supusto sobrecosto, dijo que aunque para Ecovis costó US$ 120 millones, el informe oficial que es el del Tribunal de Cuentas señaló que se gastaron US$ 85.995.517. Sobre el principio de especialidad, Machado entendió que hay una biblioteca que defiende esa posición.
Luego de esa decisión el directorio de Antel decidió solicitar el reexamen tomando como base un informe del abogado Gustavo Bordes, quien presentó la denuncia original en nombre de la empresa pública.
El juez en lo penal de 38º turno, Alejandro Asteggiante, hizo lugar al planteo de Antel. Enrique Rodríguez tomó el caso, que ya había tenido en el comienzo de la causa antes de cambiar de Fiscalía.
Este jueves el fiscal de Lavado de Activos definió un nuevo archivo de la investigación, lo que implica su cierre definitivo, detallaron desde Fiscalía.
