El gobierno, representado por autoridades de OSE, firmó este jueves el contrato con el Consorcio de Aguas Montevideo dando inicio al proyecto Arazatí, una obra que representa la mayor inversión en infraestructura de agua potable en la historia del país pero que genera roces con la administración entrante.
El proyecto Arazatí busca resolver la falta de una fuente alternativa de suministro de agua potable para Montevideo y el Área Metropolitana, que concentran más del 60% de la población uruguaya. Según el gobierno, la construcción y operación de este sistema de potabilización permitirá enfrentar problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos, como la crisis hídrica que afectó al país en 2023.
La firma del contrato culmina un proceso que comenzó en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la licitación del proyecto. Durante el periodo posterior, se completaron todos los estudios técnicos y ambientales requeridos para avanzar con las obras.
El contrato se firmó respetando los términos originales establecidos en la licitación. Sin embargo, también se acordó un memorándum de entendimiento entre OSE y el Consorcio de Aguas Montevideo, que permitirá realizar modificaciones futuras, como la posibilidad de reubicar el polder (reservorio de agua bruta).
La rúbrica fue realizada por las actuales autoridades de OSE, con una cláusula especial que permite a la administración de Yamandú Orsi modificar el acuerdo, siempre que haya consenso con el consorcio. Fuentes de OSE confirmaron el miércoles a El Observador que este paso busca evitar que el contrato deba ser revisado por el Tribunal de Cuentas.
Tal como informó El Observador este miércoles, la firma del contrato incluye la construcción de una planta potabilizadora, una toma de agua en el Río de la Plata y otras infraestructuras complementarias, con un costo inicial de US$ 294 millones, financiado por privados. A cambio, OSE pagará mediante un modelo de “pagos por disponibilidad”, desembolsando aproximadamente US$ 890 millones en 17 años y medio una vez la planta esté operativa.
Los cuestionamientos
La construcción en Arazatí es defendida por el gobierno saliente de Luis Lacalle Pou y rechazada por el entrante de Yamandú Orsi.
El tema es uno de los focos de discordia de la transición y fue conversado por los mandatarios en el único encuentro que tuvieron poco después de la victoria del frenteamplista.
La semana pasada en una reunión en la Torre Ejecutiva, el gobierno y el consorcio propusieron a las autoridades entrantes (el secretario Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño) algunas modificaciones.
El planteo fue construir una segunda toma en un curso de agua dulce y achicar o quitar el pólder. El lugar más viable es Riachuelo en Colonia, 80 kilómetros al oeste de Arazatí.
La solución encarece el proyecto (cada kilómetro de tuberías cuesta US$1,2 millones) en unos US$ 100 millones pero apunta a eliminar la controversia respecto a la salinidad ya que la toma se utilizaría cuando se registraran episodios de salinidad en el Río de la Plata.
Tras la reunión, Sánchez señaló que iban a estudiar los cambios propuestos aunque aclaró que sus discrepancias iban más allá de la salinidad, ya que también tenían reparos técnico-ambientales, legales y con el modelo económico y de gestión seleccionado por el gobierno.
Este miércoles, tras la presentación de su equipo de Ambiente, Ortuño dijo que recientemente habían recibido las modificaciones por escrito –como las habían pedido– y que las analizarían para formar una posición y hacérsela llegar a Orsi.
Pese a esto, reiteró que su posición personal era que los cambios “no suponen una modificación sustancial al proyecto” ni “levantan el grueso de los cuestionamientos” que había resumido Sánchez.
