El Frente Amplio lo instaló desde antes incluso de que despuntara la campaña electoral. El presidente Luis Lacalle Pou desafió a la oposición a contestar si preservaría políticas de Estado como la de la última reforma jubilatoria, y el titular frenteamplista Fernando Pereira le contestó en un Congreso del MPP de marzo de 2023: si la izquierda ganaba el gobierno, iban a hacer la convocatoria a un diálogo social para discutir una nueva reforma previsional.
El anuncio tomó forma en los compromisos de campaña de los candidatos frentistas y ya está en la agenda del gobierno electo de Yamandú Orsi, que designó para coordinar ese proceso al economista Hugo Bai, informaron fuentes de la Presidencia entrante a El Observador.
El técnico del Instituto Cuesta Duarte, que representó al PIT-CNT en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) que discutió en un inicio las bases de la última reforma jubilatoria, será quien lidere el proceso de la comisión sectorial que va a convocar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) una vez que Orsi asuma el mando.
El gobierno electo pretende retomar el formato de la Comisión Sectorial de la Seguridad Social que puso en marcha la primera administración de Tabaré Vázquez. El futuro director de la OPP, Rodrigo Arim, dijo la semana pasada en Búsqueda que van a “volver a convocar la sectorial de seguridad social que no funcionó en los últimos años”, con la participación de los ministerios de Trabajo, Economía, Desarrollo Social y Salud Pública.
El designado jerarca también adelantó que nombrarían a una persona para liderar la discusión, en un rol similar al que tuvo Rodolfo Saldain en el último gobierno.
Uno de los principales cuestionamientos del Frente Amplio y de las organizaciones implicadas hacia la reforma de la actual administración fue que no hubo un “diálogo social” con convocatoria a referentes auténticamente representativos de los colectivos involucrados en la materia. Arim dijo la semana pasada que incorporarán a “otros actores que no pertenecen al gobierno” y que la discusión “va a llevar a la reforma de la protección social”.
20250128 Rodrigo Arim, futuro director de la OPP, gobierno de transición.
Foto: Inés Guimaraens
“No solamente estamos hablando del retiro, sino desde la infancia —tenemos que regular la ley que fue iniciativa de la designada ministra Cristina Lustemberg— hasta el retiro”, sostuvo el exrector de la Universidad de la República.
Bai es economista especializado en el tema de la seguridad social e integró este período el Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS). Hincha de Aguada y de Racing de Avellaneda, ha estado asistiendo los últimos días al edificio Plaza Alemania en que las autoridades del gobierno entrante procesan la transición.
Pese a ser uno de los referentes del PIT-CNT en la materia, Bai se mantuvo alejado de la campaña de la central obrera a favor del controvertido plebiscito de la seguridad social. El economista se deslindó de la redacción de la papeleta y evitó asistir a las distintas instancias públicas en que el movimiento sindical proclamó sus reivindicaciones en pos de bajar la edad de retiro a los 60 años, indexar las pasividades mínimas con el salario mínimo nacional y eliminar las AFAP a través de la Constitución de la República.
Desde el equipo económico indicaron a El Observador que aún están armando el esquema de trabajo en que se regirá el futuro diálogo social.
Las críticas a la reforma actual
Una de las principales críticas de Bai –en nombre del PIT-CNT– a la reforma impulsada por el gobierno de Lacalle Pou fue que tuviera como “objetivo central” el “reducir el gasto en seguridad social” por la vía “de recortar prestaciones, beneficios y derechos de los trabajadores una vez que se acerquen a la etapa de retiro”, eludiendo “dar la discusión sobre nuevas fuentes de financiamiento de aquellos sectores con alta capacidad contributiva como las altas rentas empresariales”.
“Al tiempo de afectar las condiciones de trabajadoras y trabajadores, no hay una sola recomendación dirigida a obtener una contribución adicional por parte de los sectores con mayores recursos”, afirmó mientras el proyecto se discutía en el Parlamento, alegando que en el “contexto mundial” ya “se están promoviendo políticas para aumentar la imposición a la renta personal por ingresos de capital y los impuestos a la riqueza”, mientras que Uruguay se mantiene como “uno de los países de la región con mayor renuncia fiscal por exoneraciones y beneficios a las empresas”.
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Hugo Bai, economista del Instituto Cuesta Duarte
Portal del PIT-CNT
Bai –en representación del PIT-CNT– propuso en la comisión de expertos la incorporación de un impuesto a las altas jubilaciones militares, bajo la premisa de que hay jubilaciones en la Caja Miliar que son “incomparablemente más beneficiosas que las de otros regímenes”, al estar encima de los $108 mil mensuales. “Así como los bancarios y escribanos definieron pagar un impuesto, el nuevo pacto social tendría que tener un impuesto a las altas jubilaciones militares”, declaró tiempo atrás.
Las AFAP
“El Pit-Cnt está en contra de las AFAP. Eso no es ninguna novedad”, declaró Bai, por otro lado, en un reportaje de Brecha en 2019. “Mi visión es que fue positivo crear un pilar de capitalización, aunque quizá pueda discutirse su tamaño. A mi entender, este pilar sirve para distribuir más equitativamente las cargas entre las generaciones, pero no tiene por qué ser privado, ni el ahorro tiene por qué ser individual”.
Durante la discusión de la última reforma, el movimiento sindical propuso “eliminar las AFAP y transformar el actual régimen en un pilar de ahorro administrado profesionalmente por una estrategia estatal sin fines de lucro”. En una entrevista con Primera Mañana, de radio El Espectador, Hugo Bai destacó que durante los gobiernos frenteamplistas “se hicieron cambios importantes” para reducir el lucro de las administradoras privadas y enfatizó en “tomar en cuenta” la experiencia de República AFAP.
“Para nosotros el modelo de las AFAP no debe existir más”, afirmó durante esa entrevista, y explicó que “la mejor forma” de evitar el lucro de los privados es que “el Estado lo rentabilice sin lucro y con todas las garantías”, con un “manejo profesional de la carpeta de inversiones”.
El economista, sin embargo, se desmarcó de la papeleta negociada en el PIT-CNT para establecer mediante la Constitución de la República la eliminación del pilar de ahorro individual. También los principales referentes económicos del gobierno entrante, desde el futuro ministro Gabriel Oddone hasta Arim y Jorge Polgar en la OPP, estuvieron en contra del plebiscito.
