En julio, cuando el frío se hacía más intenso, el calefón del centro estuvo sin funcionar durante tres semanas: primero una pérdida, después un arreglo fallido, después el nuevo calefón esperando a que alguien llegara para instalarlo. La solución: bañarse con agua fría.
A una adolescente la enviaron a la casa de la hermana equivocada para pasar el fin de semana. Viajó a otro departamento, y cuando llegó se dio cuenta de que no la estaban esperando. Un adolescente afrontó, solo, la inminente muerte de su madre, que estaba con cuidados paliativos. No hubo psicólogo para contenerlo.
Estos adolescentes no tienen nada. A duras penas, familia, aunque con dificultades extremas, y ni siquiera un objeto material que guardar: los calzoncillos los agarran de una caja común.
El CBE del INAU se arma con lo que va quedando. Con restos de. Vidrios rotos, ventanas rotas, lavarropas roto. Llaves de luz que saltan. Las cosas se van rompiendo pero reponerlas es un camino de futuro incierto. Se pide ropa para adolescentes que, cuando llega, ya no están. Un joven estuvo varios días sin las muletas que necesitaba después de un accidente. Las soluciones demoran más de lo que duran los problemas.
No hay objetos. El living, que se supone que es el espacio común, tiene la llave de la luz rota, dos sillones deteriorados y una silla. El crujido de las puertas de hierro de las habitaciones son las que crean el ambiente sonoro.
Parece una cárcel, pero no es. Es un hogar, no parece.
Los que conviven ahí no son delincuentes, no están presos. Son adolescentes que tienen como última opción ser derivados a un centro “de protección” del INAU.
Hogar del INAU
Hogar del INAU
Las puertas de entrada del INAU, se supone, son “un espacio de atención y cuidado temporal a adolescentes con alta vulnerabilidad”, tienen que “evaluar la situación de cada adolescente para resolver si puede retornar a la vida familiar o si debe quedarse en un hogar de permanencia” y “articular con otros equipos” para pasar a la modalidad de cuidado. Además, se supone, deben ser “espacios seguros” y de “protecciones inmediatas”. Derecho a la educación, a tratamientos individualizados según la necesidad.
Nada de eso, sin embargo, quedó registrado en lo que observaron los técnicos de Unicef, a partir de una intervención que le pidió el INAU en las dos puertas de entrada de Montevideo. Dos duplas —un psicólogo y un educador social— asistieron, durante todos los días, por un mes, al centro Magnolia, que hospeda a adolescentes mujeres, y al Centro de Breve Estadía, destinado a varones. Como moscas en las paredes, se dedicaron a observar, sin apenas intervenir, y tomar nota de todo lo que iba pasando. Es de los trabajos más profundos que se han hecho en este sentido.
En estas dos puertas de entrada, se supone que los adolescentes estarán por un breve tiempo mientras se evalúa cuál será su recorrido dentro del INAU. Lo de breve, sin embargo, es bastante más relativo de lo que suena: hay una adolescente que ingresó en 2022 y nunca llegó a ser derivada a ningún lado. Como ella, varias.
El resultado de la intervención de Unicef fue un informe —al que accedió El Observador— que deja en evidencia “la emergencia” en la que se encuentran estos centros y la necesidad “imperiosa” de abordar acciones y estrategias que cambien la situación. El informe realiza 11 recomendaciones para todo el sistema de protección, y otras 11 para las puertas de entrada. Sin embargo, el texto de 50 páginas espera desde el 2 de octubre en el directorio de la institución.
Es uno de los 300 expedientes que la dirección del INAU tiene retrasados en cada sesión.
Sistema de cama caliente: si te fuiste, perdiste
Cuando empezó la intervención de Unicef, a principios de julio, había 146 adolescentes vinculadas al centro Magnolia, aunque la mayoría no dormían ahí. De ese número, 88 estaban “con licencia” —el tiempo que pasan con su familia, que es variable—, dos estaban hospitalizadas, dos fueron derivadas a otro centro, y 41 estaban en salidas no autorizadas. Es decir: había un tercio de las adolescentes que se fue y no se sabía a ciencia cierta qué había pasado. Pueden volver en un día, en dos, en una semana, o no volver. El hogar tiene 15 plazas —tenía 17 pero después del incendio de principios de año y por medida sindical se eliminaron dos—.
En el Centro de Breve Estadía es similar: de los 76 vinculados, 10 estaban durmiendo ahí, 37 estaban “de licencia”, uno en otro centro, cuatro hospitalizados, y 24 en salida no autorizada.
Son más los que se escapan —no están retenidos, pero se van sin avisar y por fuera de las reglas que impone el centro— que los que duermen ahí.
La pregunta es por qué.
Las respuestas pueden ser varias.
Según el informe, la limitación de cupos en todo el sistema de protección especial de 24 horas, así como la utilización de camas de emergencia, "lejos de garantizar una atención singular y a la medida", expone a los adolescentes "a nuevas situaciones de riesgo y vulneración de derechos". "Parece existir cierto consenso entre los actores entrevistados sobre las dificultades del sistema 24 horas para dar respuesta al volumen de situaciones que actualmente requieren una medida de protección especial”, dice el informe.
Antes, el hogar Magnolia estaba en Lezica. Pero cuando se mudó a Reducto, sumado a los incendios, la capacidad de estadía se redujo de 35 a 17 cupos. “Cuando no hay cupos se los intenta ingresar en otro hogar y si es de día van a La Muralla. Muchas veces quedan horas en la camioneta dando vueltas por Montevideo hasta que aparece un cupo, nunca se quedan en la calle”, dijo un informante del centro a las investigadoras, y eso quedó plasmado en el informe que entregaron al INAU.
Eso de que “nunca se quedan en la calle” es relativo. Una mañana de julio, cuando las investigadoras llegaban al centro, se encontraron con dos adolescentes en la vereda. Estaban alcoholizadas y se tapaban con acolchados. Les contaron que habían ido a una fiesta y que hacía dos horas que estaban esperando afuera porque no había cupo.
—¡Dejen entrar! —gritaban desde la calle.
Cuando se van, no saben si podrán volver. Las 22 horas son el límite para que regresen, después, es posible que la cama sea ocupada por otra persona.
En el mes que estuvo trabajando, la dupla de trabajo no registró que se planteara la posibilidad de encontrarles un lugar en otro centro a quienes se quedan afuera.
El caso de los varones es peor. El CBE tiene camas de emergencia en el proyecto Pájaros Pintados, que está en el barrio Conciliación. Pero nadie quiere ir ahí: por las noches los encierran, les trancan las puertas. Los adolescentes perciben ir para ahí como un castigo, aunque algunos trabajadores sostienen que allá se mandan a “los mejorcitos”.
A veces quieren irse porque no hay diferencia entre estar en su casa —el lugar que los expulsó— de un centro del INAU —el lugar que también los expulsa—.
La pregunta es quién elegiría quedarse.
La casa Magnolia fue reciclada y tiene paredes, puertas, vidrios en buen estado. Está limpio, prolijo, aseado, pero “absolutamente sobrio”, anotaron los investigadores. “Es un espacio gris donde hay rejas, los colores y la cantidad de hierro remiten a una imagen carcelaria, aunque la circulación por dentro es libre”, describieron.
Tienen cuchetas, pero no sábanas que cubran los colchones. Hay frazadas, y en algún caso hasta aire acondicionado. Pero no hay espejos.
Cuando se van, el protocolo de la vuelta implica pasar por la seccional, reconocimiento médico, volver a empezar. Horas de espera.
La valoración cuando alguien entra por primera vez puede demorar días. Los técnicos no trabajan los fines de semana. En CBE, un adolescente pasó tres semanas desde que ingresó hasta que le gestionaron un encuentro con familiares y el equipo técnico.
—Si tuvieras que explicarle a otro adolescente qué es el CBE, ¿qué le contarías? —preguntó el equipo de Unicef a uno de los internos.
—Es una casa de rehabilitación, como los lugares donde están los viejos, acá entra y sale mucha gente.
Ni siquiera los adolescentes se dan cuenta que, donde están, es un hogar de protección.
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Centro "El Tribal"
Foto: Leonardo Carreño
Pastillas, siempre sí; acompañamiento psicopedagógico, tal vez no
—Dame lo más fuerte que tengas—pide una adolescente después de una crisis. Necesita calmarse. Recibe, a cambio, las pastillas.
Lo mismo pasa en el CBE. Los técnicos de Unicef vieron cómo a un adolescente se le entregaba un pastillero con medicación dividido por días, sin ninguna información sobre la patología o cómo tomarla.
En el informe describen también el caso de otro adolescente “que parece un poco menos dopado, aunque con claras muestras de enlentecimiento en su marcha y oralidad. Su mirada se ve perdida”.
Los adolescentes que llegan a estas puertas de entrada del INAU vienen de separarse de su familia, de carencias y con el desafío de adaptarse a nuevos espacios y vínculos. Otros ya tienen experiencia en esto de entrar y salir. Eso, dice el informe del INAU, puede traducirse en “conductas disruptivas”: enojo, ansiedad, crisis. Se desbordan. Los educadores y trabajadores que los rodean se sienten excedidos para hacer frente a esos desbordes.
La respuesta: medicación.
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Arezoo encontró en internet una asociación que le envió las pastillas para abortar, que le provocaron una gran hemorragia.
Getty Images
No es información nueva para los que trabajan día a día este tema. Informes previos de Unicef ya mostraban una alta medicalización en los centros de protección infantil. En 2021, por ejemplo, el estudio de Población y de Capacidad de Respuesta en el Sistema de Protección 24 horas de INAU daba que el 36% de los niños entre 6 y 12 años consumían psicofármacos. De 13 a 17 años, el consumo de medicamentos psiquiátricos aumentaba a 47%.
Un informe de 2020 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura junto con Unicef había mostrado el elevado número de niños y adolescentes internados en clínicas de salud mental. De hecho, en las clínicas que atendían los casos más agudos, el 40% de los niños estaban internados aún teniendo el alta médica.
En los hogares dan por hecho que cuando los adolescentes salen de forma no acordada es muy probable que afuera consuman sustancias, pero, dice el informe, “no se especifica el grado de consumo que cada adolescente tiene ni se visualiza preocupación por algún tratamiento posible”: está naturalizado.
“La observación realizada en los centros, así como las entrevistas a diferentes actores institucionales, evidencian un déficit importante en los abordajes que se realizan desde el punto de vista de la salud mental tanto en los tratamientos deseables como en los abordajes de las conductas, reacciones y manifestaciones de los y las adolescentes en la vida cotidiana”.
Los psiquiatras, sin embargo, no se muestran como actores activos a la vista de los técnicos de Unicef, no coordinan con los educadores de los centros, no hay un seguimiento contundente e individualizado.
“En ambos centros el uso de medicación psiquiátrica impresiona como parte de una rutina general para cada adolescente. Por otra parte, aparecen adolescentes dormidas o aletargadas en la mañana. Esto implica, entre otros riesgos, la dificultad para asistir al liceo y el desarrollo de otras actividades. Es preocupante el vínculo observado de algunas adolescentes con los psicofármacos”, describen los técnicos.
No vieron, tampoco, que los equipos del INAU realizaran acciones preventivas. Lo que prima, describen, es “la ausencia de abordajes sostenidos y consistentes para quienes los necesitan”.
Los psicólogos, psiquiatras, especialistas no son los que están en el día a día de estos adolescentes. Hacen, en realidad, trabajos burocráticos: desde las oficinas de adelante, responden oficios del sistema judicial. Para encontrarlos, hay que ir a golpearles la puerta.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recomendó en mayo del año pasado el cierre del ex centro Tribal. Lo había hecho también la Institución de Derechos Humanos, en 2018. El año pasado volvió a señalar la violencia que se vivía ahí dentro y remarcó que los adolescentes “corrían riesgo de vida”. En febrero de este año hubo dos incendios intencionales en el centro Magnolia. Uno de ellos, motivado por una pelea entre 15 internas: dos adolescentes y la directora del centro terminaron lesionadas.
Esta vez, las 22 recomendaciones de Unicef incluyen mudar el centro Tribal, mejorar las capacidades de cuidado del personal, profesionalizar cargos y educadores, mejorar infraestructura, mejorar la atención de salud, darles a los adolescentes actividades recreativas, que tengan un plan para su vida cotidiana.
El Observador intentó conversar con el presidente del INAU, Guillermo Fossati, pero no fue posible al momento de publicación de esta nota. La directora opositora en el directorio, Natalia Argenzio, ratificó la demora para tratar este tema, así como también los resultados de una auditoría interna pronta desde febrero.
Los fines de semana, para estos adolescentes, son exactamente iguales al resto de los días. No tienen qué hacer, ni para integrarse, ni deportes —hay un convenio con el Club del Banco Hipotecario pero no se promueve su uso— porque, se supone, “están de paso”. Faltan demasiado a la escuela o al liceo porque “están de paso”. No tienen ni siquiera sus propios cajones, ni sus propias camas: “están de paso”.
Por eso, los adolescentes acatan: viven de paso. Deambulan. Se los ve apostados en espacios de tránsito, como las escaleras, en lugares provisorios donde estar, donde achicar.
Viven en un eterno mientras tanto.
