La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) responsabilizó al Estado uruguayo por la desaparición de menores en hogares del INAU en Rivera, según una resolución con fecha del 1° de octubre a la que accedió El Observador.
Esto surge de una investigación de oficio que llevó adelante la Inddhh por el caso de una adolescente de 17 años que está ausente de un hogar del INAU de Rivera al menos desde abril.
El Observador había revelado al menos 11 omisiones del Estado uruguayo que llevaron a la muerte de una adolescente embarazada en mayo, así como nueve casos de explotación sexual y desapariciones.
La resolución asegura que el Estado es "responsable por la ineficaz e ineficiente actuación desplegada ante la desaparición temporal, intermitente o definitiva de niños, niñas y adolescentes alojadas en centros de protección 24 horas de INAU".
Pero habrá una segunda resolución que tendrá un enfoque general sobre la situación en el INAU, donde se abordarán los problemas estructurales.
El texto está dirigido a distintos organismos del Estado; entre ellos la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Asamblea General, al Ministerio del Interior y al propio INAU.
"Las 'salidas no acordadas' son frecuentes, de acuerdo a registros relevados del centro. De estos surgen que los técnicos del centro adolescente de mujeres de Rivera han presentado denuncias en reiteradas oportunidades ante posibles situaciones de explotación sexual vinculadas a las salidas no acordadas", explica el escrito, que añade que esto no ha sido "debidamente" investigado.
El caso de la adolescente de 17 años
En el caso de esta joven de 17 años, la Inddhh relata el contexto de vulnerabilidad socio económica en el que se encontraba antes de su desaparición. Su padre se suicidó a fines de 2023 y existen pruebas de que había sido sometida a "presuntas situaciones de explotación sexual".
El informe denuncia que "no se han cumplido con los estándares internacionales de protección de derechos humanos", por distintos motivos y subraya que es una "situación de urgencia".
Entre otros aspectos, la joven "ingresó al registro de personas ausentes varios meses después de su desaparición".
Fue la Institución de Derechos Humanos que remitió de oficio el caso al Ministerio del Interior el 5 de agosto. "Hasta ese momento no estaba incluida en la web de personas ausentes, sin perjuicio de que la INDDHH tiene conocimiento de difusión de su búsqueda a nivel departamental al menos desde el mes de mayo", señala el escrito.
La investigación arroja "elementos que indicaron presuntas situaciones de explotación sexual y la falta de verificación de la situación de sus hermanos: los cuales se encuentran a cargo de la madre".
Según la Inddhh, hay "ausencia de respuesta del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la Nación" que "no permiten" esclarecer los hechos.
Pero sí está documentado que la adolescente "concurrió en reiteradas oportunidades en busca de ayuda para protegerse y proteger a sus hermanos".
"Las medidas de protección vinculadas a una eventual situación de riesgo no brindaron las garantías necesarias para la protección", explica el documento, en relación a la joven y a sus hermanos.
Por otra parte, el Centro de Estudio y Derivación (CED) del INAU expresó que "si hubo denuncia en abril 2021, no ha llegado ninguna petición oficial" a su servicio de intervención.
La defensa de la joven solició que "se oficie a INAU a fin de que realice el seguimiento de la medida de protección dispuesta, así como verificar la situación de los demás".
Con respecto a este punto, INAU respondió el 13 de agosto que que el expediente judicial se refería a la situación de su hermana y no a la de sus hermanos.
El documento del Inddhh entiende que esta afirmación es "reduccionista". "No permite brindar una respuesta institucional adecuada. Como ya se consignó, la hermana forma parte de un núcleo familiar que ha requerido múltiples intervenciones institucionales del INAU, del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, de salud y de la educación", añade el texto.
Además fundamenta esta crítica en que la propia joven le había comunicado a una funcionaria de INAU "preocupación por la integridad personal de todos sus hermanos, en la denuncia realizada el 30 de enero del 2023".
El CED de INAU Rivera informó que a partir del mes de junio de 2024 "se ha comenzado a intervenir no en el núcleo familiar como objeto y si en la situación individual de una de sus integrantes".
La resolución del Inddhh entiende que "si bien es posible que la situación haya variado en relación al riesgo, producto que el padrastro se suicidó en noviembre del 2023, los antecedentes familiares, el hecho de que una de sus hijas se encuentre desaparecida, los indicadores de eventual situación de explotación sexual, entre otros aspectos, no hacen compartible las valoraciones realizadas".
