Una sesión cargada de tensión, insultos y duros cuestionamientos sacudió la última Junta Departamental de Salto luego de que se confirmara la existencia de irregularidades en la entrega de licencias de conducir por parte de la Intendencia, encabezada por Andrés Lima.
El debate escaló a tal punto que una edila oficialista insultó a un edil de la oposición en pleno recinto, en medio de la discusión sobre una posible comisión investigadora para esclarecer el retraso en la indagación administrativa del caso.
Una denuncia de 17 meses y una investigación dilatada
La denuncia sobre las presuntas irregularidades fue presentada en setiembre de 2023. Sin embargo, la investigación administrativa —que según ediles opositores se extendió más de lo previsto— recién ahora arrojó sus primeras conclusiones.
El informe determinó la responsabilidad de dos funcionarios municipales, que actualmente enfrentan un sumario administrativo. Además, el caso provocó la renuncia e investigación penal de dos exdirectores de tránsito, Henry Albarenque y Juan Ramón Guarino, ambos cercanos al intendente frenteamplista.
Los ediles nacionalistas Facundo Marziotte y Enzo Molina, que siguen el caso desde su inicio, fueron informados esta semana de que la investigación interna no incluyó a Albarenque ni a Guarino, ya que ambos renunciaron antes de que culminara el proceso.
Ante esta situación, la oposición planteó la necesidad de crear una comisión investigadora para analizar si la Intendencia dilató deliberadamente la indagación. La iniciativa no fue aprobada.
Insultos y tensión en la sesión
El clima de la sesión del viernes se caldeó cuando la edila del Frente Amplio, Patricia García, interrumpió a los gritos al edil Enzo Molina mientras argumentaba la necesidad de la investigadora. Según testigos, García le gritó “gordo de mierda” y amenazó con abandonar la sala.
Más allá del episodio, Molina insistió en la falta de transparencia de la comuna y criticó el accionar de la Vicepresidenta de la Junta Departamental, quien es tía de uno de los implicados en el caso. Según el edil, la jerarca reconoció en una reunión con el secretario general de la Intendencia, Gustavo Chiriff, que existía “alguna cosita en lo administrativo”, a pesar de que la investigación era reservada.
“Gran sorpresa causaron estas declaraciones cuando los ediles de la oposición no hemos tenido respuestas concretas respecto a la investigación por presunta corrupción”, señaló Molina.
El edil también denunció que la Intendencia “lejos de actuar con celeridad, no solo no constató de inmediato la entrega irregular de libretas de conducir, sino que, tras haber sido informada de las denuncias, demoró muchísimo tiempo en investigar y recién 17 meses después comunicó el resultado de la misma”.
Oposición insiste en falta de transparencia
Molina sostuvo que el proceso estuvo marcado por la falta de información y aseguró que la Junta Departamental nunca fue notificada oficialmente sobre la conclusión de la investigación ni sobre las irregularidades detectadas.
“De hecho, la presencia de los representantes de la Intendencia ante esta Junta solo se produjo por solicitud de los ediles oficialistas y con el respaldo de este curul, permitiendo finalmente que la ciudadanía conociera el resultado de la investigación”, subrayó.
El edil nacionalista afirmó que estos hechos evidencian la falta de transparencia del gobierno departamental y pidió que se siga investigando a los dos exjerarcas de la Intendencia que renunciaron tras la denuncia.
Mientras tanto, el caso sigue abierto y la investigación penal contra Albarenque y Guarino continúa en curso.
