Junto a Caram fue condenada a seis meses de prisión la diputada Valentina Dos Santos por el delito de usurpación de funciones ya que tomaba decisiones en la intendencia como el pago de horas extras irregulares sin tener el cargo para ordenar gastos. También fueron condenados el primo de Caram, exsecretario general, y su pareja, exfuncionaria, por el cobro de horas extras irregulares.
Denuncias contra Lima: fiscalía no inició investigación
En agosto de 2021 el periodista salteño Pedro Rodríguez compareció en la Junta Departamental para denunciar irregularidades. En el escrito que entregó a los ediles planteó que como conductor del programa de radio Ceroestrés, de 1410AM, tomó conocimiento de que Lima “regala cargas de camiones con materiales, dispone de relleno a su antojo, utiliza los vehículos de la Intendencia para su reparto -los que son distribuidos por un puntero político (sin ser funcionario municipal)-, redistribuye canastas de alimentos” a militantes con los que se “se habría comprometido desde su campaña política, por lo tanto, van destinados a un sector determinado de la población –los de su agrupación política-, en desmedro del resto población de Salto”.
En su escrito mencionó que el intendente “destina esos fondos a pagar cuotas políticas o compromisos electorales, transformándose en una actitud deleznable desde cualquier punto de vista, sin perjuicio de tener presente el momento absolutamente critico de las finanzas departamentales, que no paran de generar déficit”.
“Pues bien, todo hace parecer, que el Intendente Dr. Andrés Lima, no da cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional y, muy por el contrario, malgasta, dilapida, hace favores, estratagemas, planifica, todos ellos en simpática consonancia hacia su agrupación política y en mero detrimento de los ciudadanos, contrariando claramente la ley”, indicó.
Al constatar que pasado el tiempo no se habían trasladado esos hechos con apariencia delictiva a la Fiscalía, en abril de 2024 el entonces diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz presentó la denuncia penal contra Lima.
El legislador sumó nuevos hechos como la entrega de terrenos. Agregó en su denuncia un audio en el que la militante Karina Correa aseguraba a los integrantes de una cooperativa que sí militaban a favor de Lima este les adelantaría la entrega de terrenos. Correa fue desvinculada de la Lista 612 del Frente Amplio luego de que se difundiera el audio.
En la conversación se indica que los encargados de entregar los terrenos eran el funcionario municipal Martín Morales y el director de Obras Elbio Machado.
La expareja de Morales denunció al medio local La Prensa que el jerarca realizaba cooperativas con apoyo de Machado, reunía a los candidatos en sedes partidarias y “obligaban a los que querían participar” de estas a que militaran en la campaña contra la LUC.
Lima desmintió lo expresado en ese audio.
Albernaz pidió a la Fiscalía que se indague a Lima y distintos jerarcas mencionados en la denuncia por delitos de “abuso de funciones, asociación para delinquir, concusión, fraude, peculado, apropiación indebida de información privilegiada”, entre otros delitos incluidos en la Ley anticorrupción.
Un año después esa denuncia no se ha comenzado a investigar. Así lo informó el periodista el 11 de abril el periodista Pedro Rodríguez en La Prensa. Indicó que hasta la fecha, no se han registrado avances procesales ni diligencias.
Según supo El Observador, la denuncia había sido adjudicada a la fiscal Karen Escobar pero ella declinó competencia y lo derivó a la DPA de la Fiscalía General donde fue asignado al fiscal Carlos Rodriguez de la fiscalía departamental de 2° turno quien hasta el momento no ha iniciado las actuaciones.
En marzo de este año, la bancada de ediles del Partido Nacional de Salto anunció que presentaría una nueva denuncia concretamente por la adjudicación de 21 terrenos municipales de manera discrecional a los militantes de su sector dentro del Frente Amplio hasta 2024.
Según informó Montevideo Portal, el edil Facundo Marziotte tiene unos 50 documentos que, dice, muestran posible delito de “abuso de funciones” ante lo que considera es “clientelismo político”.
Lima ya había sido condenado en 2016 a ocho meses de prisión por el juez letrado de Salto, Hugo Rundie, con suspensión condicional de la pena por el delito de difamación, luego que acusara a la edila frenteamplista Dayana Añasco de adulterar boletas de gastos de viáticos. La sentencia del Tribunal de Apelaciones, indica que la divulgación por parte de Lima de los hechos presuntamente ilegales por parte de Añasco y otros ediles involucraba información que “se puede catalogar de veraz e imparcial”.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones penal de 4° turno revocó la imputación. “No hubo, en el caso, una deliberada, calculada, metódica intención de dañar el honor de la edil con imputaciones falsas o temerarias, sus declaraciones tienen el respaldo fáctico que le dio la existencia de boletas alteradas y el uso de las mismas”, afirmó la sentencia que descartó “real malicia”.
Denuncia contra Ezquerra: sin trámite
El intendente Wilson Ezquerra fue denunciado penalmente luego de que se conociera que intervino en un trámite departamental para beneficiarse con la venta de un terreno de su propiedad a una industria maderera que estaba en una zona no habilitada para industria.
El periodista de Radio Kandela Sebastián Ríos presentó la denuncia representado por el penalista Juan Fagúndez el 30 de agosto pasado ante la Fiscalía General de la Nación, en Montevideo, y fue asignada a la fiscalía departamental de 2° turno de Tacuarembó, a cargo de la fiscal Angela Böhnke. Ante consultas de El Observador a los denunciantes se informó que el caso no ha tenido movimientos y que la empresa finalmente se instaló en Rivera.
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El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, anunció su alejamiento de Alianza Nacional
Martín Cerchiari
Ezquerra prometió en venta el 14 de marzo de 2024 el inmueble de su propiedad a la empresa Ballintoy SAS, que pensaba instalar en el predio una planta industrial para procesar madera. Al momento de suscribir el boleto de reserva, los predios no estaban habilitados para la instalación de la industria por lo que el intendente, promovió la declaración de interés departamental el proyecto de Ballintoy SAS y pidió la recategorización del padrón, para que pasara de rural a suburbano industrial.
Según plantea la denuncia, Ezquerra ocultó su interés personal así como que era la parte vendedora del inmueble.
Orsi también fue denunciado
En julio de 2021 el edil del Partido Nacional, Gustavo Morandi, denunció al entonces intendente de Canelones Yamandú Orsi, actual presidente de la República, por omitir presentar la denuncia penal contra el exgerente de Rentas del gobierno departamental Gustavo Burgos, destituido luego de una investigación administrativa por irregularidades en el manejo de tributos de terrenos en el departamento, como la exoneración del pago de tributos a personas particulares sin que abonaran nada, según constató la investigación.
Según informó entonces El Observador como consecuencia de la investigación administrativa firmada por Orsi se decidió enviar a la Junta Departamental la venia para pedir la destitución del funcionario pero no lo denunció a la justicia penal pese a que a otros funcionarios vinculados sí se los denunció.
Al ser consultado por El Observador Morandi dijo que su denuncia "duerme en Fiscalía". Agregó que la fiscal, cuyo nombre dijo no recordar, le explicó que no tenía medios técnicos para indagar. El edil dijo estar convencido de que había maniobras más amplias que involucraban a los funcionarios que participaron de la cancelación de deudas en Canelones pero que no insistió porque advirtió que "no había voluntad de investigar" en Fiscalía.
Denuncia contra Vidalín
En agosto de 2022 también fue denunciado el intendente de Durazno, Carmelo Vidalin, según había informado en su momento Nada que Perder de M24. Se informó que dos ediles, el colorado Edgardo Lerena y el blanco Gabriel Díaz, pidieron a la fiscalía indagar los delitos de abuso de funciones y fraude, alegando que el superávit de la Intendencia de Durazno se utilizó en obras sin haber pasado a discusión por la Junta Departamental, ignorando al Tribunal de Cuentas, lo cual contraviene la Constitución de la República y el Código Penal.
Los hechos a los que los ediles del Partido Colorado (PC) y del Partido Nacional (PN) se refieren surgen de un pedido de informes del 18 de junio del 2021 en el que se comunica que en 2016 Vidalín gastó $146 millones en obras.
Los ediles señalaron que el artículo 302 de la Constitución establece que “todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales si dichas obligaciones no existiesen, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamental, a propuesta del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas”.
Apuntaron que Vidalín incumplió con la norma ya que “para poder ejecutar obras públicas o inversiones remuneradoras" con el superávit deben ser aprobadas por la Junta.
