"Buenas tardes, le habla la Dra. Lucila Pírez, del Estudio Jurídico Lagos Pirez y Asociados. Me comunico con usted para ofrecer nuestros servicios legales a los efectos de que se presenten en el concurso de Grupo Larrarte, para que logren cobrar el crédito que tienen".
El mensaje fue enviado por la abogada Pírez a varios inversores que depositaron fondos en el grupo como forma de adquirir ganado y que luego se enteraron de que no tienen ninguna cabeza de ganado a su nombre, según confirmó El Observador con los propios inversores.
La comunicación de Pírez ocurrió luego de que un acreedor presentara en Justicia un pedido de "concurso necesario" que está a estudio de la jueza de concurso de segundo turno. Al recibir los mensajes, se comentó en uno de los grupos de inversores de Whatsapp que comparten más de cien personas y rápidamente se percataron de que Pírez es socia de Leticia Latorres, asesora legal Grupo Larrarte y una de las personas que captaba inversores y firmaba contratos en representación de la firma.
El Grupo Larrarte enfrenta numerosas denuncias penales por estafa, apropiación indebida y ahora también por asociación para delinquir, luego de que personas que invirtieron dinero para adquirir ganado se percataran de que no tenían ni una cabeza de ganado o que tenían mucho menos de lo que se les había hecho creer. Las personas eran captadas por la alta rentabilidad que ofrecía la firma con una renta fija anual del 11,3%.
Si bien la denuncia recayó en la fiscal de Flagrancia Sabrina Flores dado los montos de la estafa, que ya superan los US$ 4 millones en las denuncias presentadas hasta ahora, y ante el reclamo de los abogados denunciantes Juan Pablo Decia y Santiago Alonso, la Fiscalía de Corte evalúa por estas horas derivar el caso a una fiscalía especializada en delitos económicos.
Hasta ahora Flores pidió a la Justicia el cierre de fronteras para Jairo Larrarte por 180 días al tiempo que le retuvo el pasaporte, lo obligó a fijar domicilio y congeló la actividad de los campos donde hay ganado, pero no ha vuelto a citarlo para formalizar la indagatoria.
El pedido del concurso necesario ¿qué es?
Según pudo saber El Observador, un acreedor se presentó en la Justicia para pedir el "concurso necesario" el 18 de setiembre. Como indica la ley concursal para los casos en que pida el concurso alguna parte que no sea la empresa, la jueza María Costanza Farfalla le planteó varias observaciones. Levantada esas observaciones, la jueza resolvió el 7 de octubre darle traslado de la solicitud de declaración de concurso y su ampliación al Grupo Larrarte y a Jairo Larrarte y les dio un plazo de diez días para que respondan.
Si la empresa está de acuerdo en el concurso el juez lo puede decretar y si lo cuestiona se genera un "incidente" y lo termina resolviendo el juez.
El concurso necesario lo puede solicitar un acreedor, socio o responsable personal de la persona jurídica y si se decreta las facultades de administración de la empresa y la disposición del patrimonio quedan suspendidas y quedan a cargo del síndico, mientras que el concurso voluntario lo solicita el propio deudor y conserva la administración de su patrimonio.
En el concurso necesario los acreedores quedan en una posición más fuerte para negociar y poder recuperar sus deudas de empresas insolventes.
El vínculo de las abogadas Pírez y Latorres
Latorres es la abogada de Jairo Larrarte y era una de las personas responsables de la firma de captar inversores y de las que firmaba acuerdos con los inversores en nombre de la firma. Según figura en redes sociales Latorres es socia de Pírez y ofrecen servicios jurídicos las 24 horas y consultas sin costo.
Después que El Observador informara de las primeras denuncias, y luego de más de un mes sin que los inversores tuvieran noticias de la empresa se convocó a un encuentro por Zoom en el que aparecieron Larrarte y Latorres y explicaron que la empresa atraviesa dificultades económicas y que pondrán en marcha un “fideicomiso de administración ganadero” aunque no respondieron preguntas y dieron por cerrada la comunicación.
Latorres fue también quién contactó a los primeros denunciantes, representados por Alonso, que solicitaron el reintegro del capital al enterarse de que sólo tenían a su nombre 20 vacas de las 57 que figuraban en el acuerdo por el que depositaron US$ 50.000. Cuando pidieron que se les devolviera el dinero, Latorres les ofreció que suscribieran un nuevo acuerdo en el que rescindían cobar la rentabilidad, deslindaban de responsabilidad a la empresa a cambio de que se les devolvieran los US$ 50.000. Sin embargo, pese a que les entregaro el comprobante de la trasnferencia, el dinero nunca llegó.
