En la audiencia preliminar del caso Conexión Ganadera, la defensa de Pablo Carrasco, encabezada por el abogado Jorge Barrera, confirmó su disposición a colaborar con la investigación y no presentó objeciones a las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía.
"Nuestro fundamento fue, dentro del Estado de Derecho, colaborar con la investigación y allanarnos a las medidas dispuestas", señaló Barrera. En este sentido, la defensa de Carrasco aceptó la retención de documentos de viaje y la prohibición de salida del país.
Además, destacó la actitud de su cliente en el proceso concursal de la empresa, donde se espera que en las próximas horas se nombre oficialmente un concurso de acreedores, lo que permitirá preservar los activos de la firma.
Cuestionamientos a la solicitud de incautación de celulares
Uno de los puntos de debate en la audiencia fue la solicitud de incautación de celulares de los involucrados, argumentada por las víctimas en función de un supuesto "trasiego de ganado".
Barrera desestimó la medida, argumentando que ya hay un interventor designado en la empresa, lo que hace imposible la maniobra denunciada. Además, calificó de ilógica la restricción al uso de celulares.
"Me sorprendió porque se dijo que era para evitar comunicación o trasiego de animales, pero eso ya es imposible con la intervención vigente. Además, cualquiera puede comprar un celular en cualquier esquina, por lo que la prohibición no tendría efecto", sostuvo.
La solicitud no fue aprobada en la audiencia, pero los abogados de las víctimas anunciaron que la presentarán formalmente ante la Fiscalía en las próximas horas.
Posible incorporación de nuevas imputadas
En paralelo, los representantes de las víctimas solicitarán que la viuda de Gustavo Basso y sus hijas sean incorporadas como imputadas en el proceso. Según la acusación, las familiares de Basso tenían pleno conocimiento de la situación patrimonial de la empresa y del esquema financiero.
"Esto no lo decimos nosotros sino el propio Pablo Carrasco en sede concursal, donde dejó claro que tras la muerte de Basso, la información patrimonial pasó a su viuda y sus hijas", afirmó el abogado de las víctimas.
