La denuncia había sido presentada durante la administración del hoy senador Javier García
La Justicia Militar desestimó la pretensión del Ministerio de Defensa de condenar a cuatro oficiales de la Fuerza Aérea como autores de un delito militar por haber recurrido a la justicia civil para obtener los datos de su historia laboral.
La juez militar de Instrucción de Primer Turno, Ximena Perdomo, coincidió con el fiscal militar en que “las solicitudes se hicieron acorde a derecho, no violentando ninguna normativa penal militar” y concluyó que lo actuado por los cuatro denunciados no puede considerarse “una conducta reprochable en el ámbito militar”.
El dictamen de Perdomo está fechado el 28 de abril.
El caso se remonta a dos años atrás, cuando el Ministerio de Defensa, que entonces encabezaba el hoy senador Javier García, acusó ante la Justicia Militar a los cuatro aviadores. Los oficiales venían reclamando desde 2018 tener acceso a sus historias laborales, pero ni la Fuerza Aérea ni el Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas se las entregaban.
Ante las repetidas negativas, recurrieron a la justicia civil, donde el 23 de mayo de 2023 el juez Gabriel Ohanian falló a su favor, otorgándole 15 días al Ministerio de Defensa Nacional para cumplir con sus obligaciones legales y entregarles a sus historias laborales completas.
“Es incontrastable el derecho subjetivo que tienen los actores respecto de acceder a esa información, para cotejarla, controlarla y en definitiva, adoptar decisiones en sus vidas particulares como cualquier otro individuo”, estableció Ohanian en su sentencia.
El dictamen de Ohanian estableció que no es de recibo la excusa dada por el Servicio de Retiros y por la Fuerza Aérea para no entregar los datos pedidos: no haber implementado la historia laboral personal por tener un sistema informático inadecuado.
El juez recordó que la historia personal laboral es obligatoria por ley desde noviembre de 2018.
El Ministerio de Defensa Nacional apeló y acusó a los aviadores ante la Justicia Militar por haber cometido el delito de “demanda colectiva”.
La pretensión fue desestimada tanto por el fiscal militar como por la jueza que entendió en el caso.
Gabriel Goyen, uno de los cuatro oficiales que sigue litigando para obtener su historia laboral, denunció meses atrás que era espiado por los servicios de Inteligencia de la Fuerza Aérea, lo que fue negado por los mandos.