Al analizar el expediente penal, al que accedió El Observador, y que se tramita por el viejo proceso, saltan a la vista graves irregularidades y trámites extraños, sobre las que el fiscal penal Carlos Reyes deberá pronunciarse, al filo del plazo para que los posibles delitos cometidos prescriban.
Etapa 1: Bloquean el padrón e inician juicio ejecutivo con un certificado presentado por una persona que no existe
Seveso había sacado certificados en el Ministerio de Educación y Cultura y en la propia intendencia para verificar que no hubiera ningún tipo de declaración de patrimonio ni protección alguna sobre el bien. En la IM pagó unos $ 67.000 por tributos domiciliarios, ya que se debían 15 años de ese impuesto. Pero cuando fue a pagar la contribución inmobiliaria le informaron que la cuenta del padrón estaba bloqueada por estar en juicio.
El 28 de abril de 2005 le llegó una comunicación del centro comunal intimándolo a la paralización de la obra por tratarse de un bien declarado Patrimonio Histórico. La comunicación dirigida a él, con nombre y apellido, informaba que según la Comisión Permanente de Carrasco y Punta Gorda esa casa era patrimonio pese a que los certificados que tenía establecían que no lo era. Para que un bien sea designado patrimonio, la propia IM establece que debe tener la contribución al día.
Seveso envió varias cartas, entre ellas una al entonces intendente Ricardo Ehrlich, en la que defendió su rol de titular de los derechos posesorios, alegó que siempre quiso pagar las deudas y describió varias irregularidades en el proceso, entre ellas que había obtenido la información registral de la propiedad una persona que no existe.
El juicio iniciado por el abogado de la IM Alberto Lima se había presentado en 2006, con un certificado del registro pedido por María González y no por la funcionaria municipal encargada de las solicitudes registrales. Esa funcionaria declaró ante el juzgado que ella no había solicitado esa información. Lima declaró que ese certificado se lo podía haber dado su jefa y dijo que no recordaba el nombre.
La superior de Lima en ese entonces era la abogada Amelia Bulla, actualmente jubilada, quien también fue citada y no supo responder quién era González. Luego presentó un escrito argumentando que era un bien declarado Patrimonio Histórico.
En paralelo, en 2008 Seveso recibió la noticia de que el Club Sportivo de Tiro le había iniciado un juicio de reivindicación del inmueble. Es decir el club que desde hacía dos décadas no funcionaba, de golpe realizó una asamblea de socios para reclamar la propiedad. Ese juicio duró hasta 2015 y lo ganó Seveso, quien advirtió más coincidencias, como que entre los socios figuraba un abogado de Gestion Cobro Morosos de la IM.
Etapa 2: el remate de la casa
Pasaron cinco años y la Intendencia de Montevideo decidió rematar la casa por la deuda de contribución que acumulaba que llegaba en ese momento a los $ 10.121.525. En la resolución designó al abogado Fernando Mendá para que pujara en el remate por la propiedad. Sin embargo, la casa fue comprada por el particular Daniel Sapelli, actuando por poder otorgado por quien en ese momento era su esposa, Verónica Pou. Sapelli resultó ser hermano de la arquitecta Adriana Sapelli, quién al momento en que se ordenó parar las obras a Seveso integraba la comisión de Carrasco Punta Gorda, según consta en el expediente. Al declarar en el juzgado ella lo negó. El abogado Jorge Bartesaghi representó a los tres familiares.
Pou dijo ante la Justicia que ella tenía cuatro inmuebles a su nombre que en realidad no eran de ella sino de Sapelli y agregó que todos los inmuebles sumarían US$ 2 o 3 millones. Aclaró que en el de Alberdi funciona un residencial pero que no es administrado por ella.
El rematador Assad Hajjoul subastó el inmueble al mejor postor en $ 8.780.000 y cobró una seña del 20%, es decir $1.756.000. El rematador labró el acta en la que dejó constancia de que se le entregó una Letra de Cambio emitida por el Banco Santander Nro 635771. Ante una consulta, el propio banco respondió al juzgado penal que esa letra nunca fue emitida por Santander.
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Assad declaró ante la Justicia el 22 de febrero de 2024, defendido por los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto, y relató que recibió la seña en dos partes, U$S 4.155 y la letra por U$S 90.000. Consultada por El Observador, Robatto dijo que el rematador declaró dos veces ante la Justicia y que "quedó muy claro que su actuación estuvo ajustada a derecho", agregó que no tiene ningún vínculo con personal de la intendencia, que es un profesional con años de experiencia y que según ella recuerda entregó la documentación que prueba lo que declaró.
Además afirmó que es Seveso quien "insiste e insiste" con un caso que ya perdió en todas las instancias. Se refirió a que Seveso pretendió anular el remate en un juicio civil que llegó hasta la Suprema Corte y que perdió. Él asegura que lo perdió porque los profesionales que intervinieron entregaron información fraguada, lo que recién ahora está quedando probado en penal.
Etapa 3: el pago del precio del remate, un procedimiento extraño
Pasados unos meses del remate el juzgado civil de 8° turno intimó al comprador "bajo apercibimiento" a depositar el saldo de precio en la cuenta judicial. Para hacerlo el comprador siguió un extraño procedimiento.
En lugar de depositar el dinero en la cuenta BROU abierta para ello, fue a la intendencia el 15 de julio de 2013 y entregó en la caja la letra de Cambio de Banco Santander por $ 6.929.447. A cambio en la IM le entregan dos recibos: 3254949B y 3254950B .
El recibo 3254949B por $ 1.191.412 se expidió por concepto de “gastos gestión cobro morosos” y el recibo No. 3254950B por $5.738.035 por concepto de “Contribución Inmobiliaria”. El dinero correspondiente a este recibo no ingresó al sistema informático de la contabilidad de la IM.
Con estos dos recibos, Sapelli se presentó en el juzgado para informar que había pagado pero la actuaria le aclaró que los $ 1.191.412 imputados como gastos de gestión, esto es los honorarios del abogado de la IM, debían pagarse aparte y le aclaró que seguía debiendo ese monto por el remate al juzgado.
El 9 de setiembre se presentó ante la IM a supuestamente depositar esa suma de dinero. A cambio la IM libró un cheque del BROU, sucursal el Gaucho, por $1.191.412 bajo el concepto “Pago de Contribución Inmobiliaria” y emite el recibo Nro. 3300173B, o sea que al parecer la IM se pagó a sí misma.
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Con este nuevo recibo el comprador acreditó ante el juzgado haber pagado los $ 1.191.412 y se lo aceptaron.
El estado de cuenta de la IM muestra que ese monto ingresó a la cuenta de gastos el mismo 15 de julio. Se dejó constancia de que el pago era a cuenta de parte de los honorarios del juicio. El apoderado de esa cuenta es justamente Lima, quien declaró en el juzgado que los honorarios los había cobrado del importe de la seña aunque surge de los estados contables que los cobró del precio del remate.
Etapa 4: amnistía de la deuda
Finalmente, otro dato llamativo es que luego de estos movimientos y de concluido el proceso del remate, Seveso solicitó información mediante “Informes de Deuda” al 17 de octubre de 2013 y seguía figurando una deuda de $ 10.180.020 como si el remate no hubiera existido.
Sin embargo, seis días después, al 23 de octubre de 2013 el Informe de Deuda aparece con un saldo de $ 1.200.232. Al pie de ese documento luce la siguiente leyenda: “Deuda re liquidada con beneficios sobre recargos por mora según Decreto Departamental 34842”.
Después de estudiar las pruebas aportadas por el denunciante, el fiscal Luis Pacheco advirtió de la existencia de irregularidades y el 14 de marzo de 2023 decidió citar como indagados a Daniel Sapelli, Adriana Sapelli y Assad Hajjoul y como testigos a Verónica Pou, Alberto Lima y a Juan Arturo Echevarría, quien era director general del Departamento de Recursos Financieros de la IM al momento de los hechos denunaciados.
Cuando se llevaron a cabo las audiencias, en febrero de 2024, ya no estaba Pacheco que habíai sido trasladado a una fiscalía de violencia doméstica y lo sustituyó la fiscal Silvia Lovesio. Junto a la jueza Diovanet Olivera interrogaron sobre todos los aspectos dudosos a los indagados. Ahora el caso va por el tercer fiscal, Reyes, y por el momento sigue sin resolución, al menos que se haya comunicado a las partes.
Como muestra el anuncio inmobiliario que es actual, la casa que fue adquirida en el remate por $8.780.000, lo que de acuerdo con el tipo de cambio de la fecha ($18.75) equivalen a unos US$ 450.000, actualmente se ofrece a la venta por US$ 1.300.000.
