La Gran Logia de la Masonería no realizará la denuncia penal por la filtración de 13 GB de datos internos, que aseguran provino de un integrante de la organización, y será un tribunal interno el que analizará el caso.
Dicho tribunal determinará si hubo responsabilidad del integrante apuntado y si amerita su expulsión, informó el semanario Búsqueda y confirmó El Observador con fuentes de la Masonería.
El tribunal integrado por juristas también podrá suspender al integrante en cuestión o dar cuenta a la Justicia si entiende que hay un delito, agregaron las fuentes.
Según informó el semanario Búsqueda el tribunal estará compuesto por tres miembros titulares y tres suplentes.
La información filtrada por el grupo LaPampaLeaks y contenía archivos confidenciales, incluyendo listas de miembros, documentos internos y datos personales de postulantes, entre otros documentos.
Poco después del hecho, la Masonería emitió un comunicado en el que afirmó que su web no había sido hackeada y que los datos habían sido brindados por un integrante de la organización.
El comunicado concluía que “el acceso siempre provenía del mismo usuario que pertenece a un hermano de la orden”. “Este acceso era legítimo, es decir, que fue realizado con la doble autenticación (clave y dispositivo móvil) y no fue una vulneración, ya que constan los registros de su normal acceso”, indicaron.
“Este usuario accedió por primera vez a la web el 19 de marzo. Desde ese día y hasta el 28 de marzo se detectó la correlación entre el acceso a la información y los archivos filtrados”, sentenció la organización.