Sebastián, un joven de 23 años, está internado en CTI desde setiembre de 2024 luego de que se le atravesara una tropilla de caballos mientras volvía de estudiar en moto en la ciudad de Paysandú.
El diagnóstico de los médicos no es nada auspicioso, dado que la víctima quedó tetrapléjica. Según los estudios clínicos, se rompió la columna cervical desde la vértebra C3 a la C5. Como resultado, Sebastián mueve únicamente la cabeza.
La familia del joven contó a El Observador que, además, tiene el nervio frénico inactivo lo que “lo condena a respiración mecánica” de por vida. Desde que está internado, sufrió tres ataques cardíacos. “Actualmente, la traqueotomía imposibilita su comunicación, mueve los labios y buscamos entenderle”, comentó su padre.
La vida familiar, como es de suponer, se trastocó drásticamente haciendo que los padres del joven estén solo a disposición de su hijo. Se turnan para ir a visitarlo al hospital y buscan no dejarlo solo ningún momento, a sabiendas de que su condición ya es irreversible.
Los caballos sueltos en la ciudad de Paysandú han sido punto de discusión entre varios vecinos, sobre todo en la zona en la que Sebastián atropelló al equino que le terminó provocando tantas lesiones.
Hace una semana, el padre del joven salía rumbo al CTI para visitar a su hijo y le pasó exactamente lo mismo que al joven, a un par de cuadras de avenida de las Américas y bulevar Artigas, donde ocurrió el siniestro que dejó a Sebastián tetrapléjico. “Pude eludir al primero pero no al segundo”, relató el hombre.
Si bien corrió con mejor suerte que su hijo, sufrió algunas lesiones que debieron ser atendidas por los médicos. Como la Policía no acudió al lugar, no se hizo la denuncia ante las autoridades.
“Queremos hacer visible este tipo de casos, ya que lamentablemente es recurrente en nuestra ciudad. No queremos que le pase a otra familia, ya que tener un hijo en las condiciones de Sebastián es realmente desesperante”, agregó.
De acuerdo con lo que establece el Reglamento Nacional de Circulación Vial, se prohíbe dejar animales sueltos en la vía pública. En caso de que se realice una denuncia, se deberá ubicar a los dueños y –como medida primaria– sacarlos del espacio público.
Los dueños pueden ser sancionados con una multa que va desde las 6 a las 8 Unidades Reajustables (UR), es decir de los $ 10.914 hasta los $ 14.552.
En el caso del siniestro de Sebastián, aún no se ha encontrado al propietario de los caballos aunque las autoridades comunales de Paysandú se comprometieron a dar con las personas responsables, tras reunirse con la familia del joven.
“Al día de hoy, los caballos sueltos siguen ahí, en plena avenida, calles y baldíos. Si llamás al 911, te preguntan si el caballo está atado. Si es así, ‘no representa una amenaza’, por lo que la Policía no concurre a su captura como indica la norma. Insólita respuesta”, comentó el padre del joven.
Si bien hay “rumores” que apuntan a una persona como propietaria de los animales, no está confirmado quiénes serían los responsables. “Esos caballos siempre pastan ahí, y siguen haciéndolo. Sin embargo, la Policía no sabe quién es el propietario”, cerró el hombre.
Un viejo reclamo
En marzo de este año, Martín Rodríguez Díaz envió una carta al medio local El Telégrafo. Rodríguez vive hace 19 años en Paysandú y desde hace algún tiempo ha puesto encima de la mesa la problemática de los caballos sueltos.
“Hace 19 años que vengo observando caballos sueltos, caballos atados, caballos en las plazas, caballos en las calles, caballos en la ruta, caballos en los parques municipales, caballos por toda la ciudad. Caballos hasta en la sopa, y miren que me encantan los caballos, pero no corresponde tener animales atados o sueltos en la vía pública”, dijo Rodríguez.
Desde la Intendencia de Paysandú transmitieron a El Observador que están al tanto de la situación, pero no consideran que sea “un problema grave que deba ser tratado con urgencia”. Las autoridades han tomado medidas, como por ejemplo, incrementar el número de personas encargadas de fiscalizar que no haya animales sueltos en la calle.
Sin embargo, entienden que los responsables son los ministerios de Ganadería y del Interior, dado que la ley así lo establece.