La obra, que será construida por un consorcio privado, costará US$ 294 millones y producirá 200 mil metros cúbicos de agua potable
La firma del contrato este jueves
Con una manifestación en la puerta de la Torre Ejecutiva, las autoridades de OSE y los responsables del consorcio Aguas de Montevideo firmaron el contrato para la construcción de la nueva planta potabilizadora en Arazatí, el departamento de San José.
La nueva planta, fruto de una iniciativa privada presentada por Saceem, Berkes, Fast y Ciemsa fue una de las prioridades de Luis Lacalle Pou, que la anunció en 2021 ante el Parlamento.
Desde entonces, el proyecto sufrió una serie de cambios y fue sorteando diversas etapas hasta diciembre cuando el Ministerio de Ambiente otorgó la autorización ambiental previa (AAP) que habilitaba a comenzar las obras.
En un comunicado, Presidencia destacó que era la “inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable”. “Es un compromiso del gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace décadas, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país”, señala el texto.
El proyecto es rechazado por el Frente Amplio, más de un centenar de organizaciones sociales y algunos grupos de vecinos de la zona. A grandes rasgos, los cuestionamientos se nuclean en torno a tres temas: el lugar elegido para tomar el agua; el modelo financiero seleccionado, y que se construya una reserva de agua bruta (pólder) en tierras altamente productivas.
Tras la firma, el presidente electo Yamandú Orsi llamó y le envió una nota a Lacalle Pou en la que cuestionó la “oportunidad” de suscribir el contrato ya que falta poco más de un mes para el cambio de mando.
A su vez, el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, consideró que era un “importante error” que desestimaba “reparos académicos, políticos, sociales y legales”.
La obra involucra una nueva toma de agua bruta del Río de la Plata en la zona de Arazatí, una nueva planta potabilizadora, tuberías y una reserva de agua dulce de 15 hectómetros cúbicos.
La capacidad neta de producción de agua potable del proyecto será de 200 mil metros cúbicos diarios que se sumarán al sistema que abastece desde Aguas Corrientes a Montevideo y la zona metropolitana.
Durante la fase de construcción del proyecto trabajarán aproximadamente 390 trabajadores, según detalló el consorcio al tramitar los permisos ambientales. Se prevé que las obras se extiendan por 30 meses.
En la operación, el proyecto generará 30 puestos de trabajo directos, distribuidos en tres turnos entre la estación de bombeo de agua bruta, la planta de potabilización y el monorrelleno.
Las obras costarán US$ 294 millones, de acuerdo con datos del consorcio facilitados a El Observador.
La toma, la estación de bombeo y la aductora hasta la planta cuestan US$ 46,5 millones; la planta US$ 100 millones; el polder US$ 21 millones, y la aductora de agua tratada y las obras conexas US$ 126,1 millones.
El contrato es por veinte años. El modelo financiero seleccionado supone que OSE comience a pagar una vez que la planta esté en funcionamiento.
De acuerdo con los últimos cálculos del consorcio, serán US$ 46 millones anuales durante 17,5 años. El monto se compone de US$ 41 millones de “pago por disponibilidad” de la infraestructura y US$ 5 millones de mantenimiento. Serían unos US$ 805 millones al final del período.
A este dinero deben sumarse unos US$ 5 millones que OSE pagará a la brevedad por las expropiaciones que deben hacerse.
El servicio de “puesta a disposición de infraestructura” comprende que el consorcio se haga cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento; además será responsable de la gestión de la toma de captación de agua bruta, la estación de bombeo de agua bruta, la reserva de agua bruta y obras conexas.
La operación de los demás componentes será por parte de OSE.
Las empresas privadas consiguieron el financiamiento de los US$ 300 millones a través de un fondo de deuda constituido por CAF-AM, la gestora de fondos del Banco de Desarrollo de América Latina.
De esos US$ 300 millones, US$ 291 millones fueron adjudicados al sector mayorista de inversores institucionales (AFAP’S, bancos y aseguradoras). Los restantes US$ 9 fueron adjudicados al sector minorista.
Orsi aseguró que el modelo financiero elegido afectaba los “recursos” de OSE, en sintonía con lo que había expresado Ortuño.
El futuro ministro señaló que la empresa pública quedaba en una “situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento en todo el país y realizar obras estratégicas como Casupá”.
En el gobierno electo pretenden analizar todos los números para evaluar cómo será la asistencia financiera que, descuentan, tendrán que darle a OSE desde Rentas Generales, ya que la empresa pública dispone de unos US$ 70 millones para inversiones anuales, los cuales quedarán comprometidos por otros proyectos asumidos –como el saneamiento–, que también empezarán a pagarse durante este período.
En agosto de 2023, poco después de que OSE aprobara sus presupuestos para 2024 y 2025, Ortuño –que era director en representación del FA– elevó un escrito a la mesa política y la comisión de gobierno descentralizado de la izquierda.
En ese documento, alertó que al final de los 25 años, la ejecución de ambas iniciativas privadas supondrá un “déficit y por tanto una necesidad de fondos del entorno de los U$S 1.700 millones”.
“Las opciones para cubrir el déficit generado por la instrumentación de ambos proyectos de iniciativa privada son aumento de tarifa, aportes del gobierno central o endeudamiento, que es el camino elegido en el presupuesto aprobado”, señaló el jerarca.
La empresa proyectaba un endeudamiento de U$S 136 millones a concertar a partir del año 2025 que se sumará a los U$S 30 millones asumidos con el BID, a los U$S 60 millones concertados con Fonplata, y al proyectado fideicomiso para obras en Maldonado por U$S 55 millones. “Todas las obligaciones asumidas por OSE son a pagar a partir del gobierno que asumirá en 2025 con un endeudamiento heredado en OSE de al menos U$S 281 millones”, sentenció en ese entonces.
El gobierno electo estudia los cambios propuestos por el consorcio: eliminar el pólder y construir una segunda toma al oeste de Arazatí.
Adicionalmente al contrato, este jueves se firmó un memorándum que habilita las "eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar". "Esto podría incluir, por ejemplo, alternativas para la localización del pólder (reservorio de agua bruta)", dice el comunicado del gobierno.