La fiscal Alicia Ghione, quien tiene hasta junio para presentar la acusación contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés, enfrenta dos investigaciones administrativas por denuncias sobre su actuación como fiscal de Delitos Sexuales. En ambos casos la asesoría jurídica dará su veredicto sobre si se le debería iniciar un sumario a la fiscal o archivar las actuaciones, decisión que recaerá sobre la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Si se decide iniciarle sumario puede ser con o sin separación del cargo.
Los abogados afirmaron que Ghione “entorpeció” el sistema de justicia penal, luego de descubrir que en un celular que estaba en la carpeta y que perteneció a Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes del caso Penadés, había imágenes de dos menores de 12 años que “realizan ante la cámara actos de naturaleza sexual: masturbación, tocamientos, exigiendo a su vez que los niños lo imiten”.
"Daño a la víctima y descrédito a la Administración"
La otra denuncia interna que está en trámite en Jurídica de Fiscalía fue presentada en junio de 2023 por los abogados Diego Camaño y Rodrigo Martínez, en relación a un caso de abuso sexual intrafamiliar en el que una joven denunció a su abuelo, su tío y un primo por abuso cometido en su niñez y adolescencia.
Los abogados cuestionaron el procedimiento por el que Ghione archivó el caso cuando veinte días antes les había comunicado que iba a imputarlos a los tres. Al archivarlo, le comunicó la decisión a la víctima a través de un SMS "sin haberla citado ni darle ninguna explicación".
Según surge de las actuaciones a las que accedió El Observador plantearon que la conducta de Ghione “ha generado un daño a la víctima (que se encontraba en un grave estado de vulnerabilidad) y un descrédito a la imagen de la Administración”.
Por ello Camaño y Martínez pidieron que se le inicie un sumario a Ghione y plantearon que “durante un año y medio” han transitado “un tortuoso procedimiento administrativo".
La conversación de Ghione con Camaño, que se puede reproducir a continuación, y que fue divulgada por el programa Asi nos va de radio Carve en diciembre, ocurrió el 1 de junio de 2023 y fue grabada por los padres de la denunciante que estaban presentes cuando Ghione habló con el abogado y éste la puso en altavoz.
En la conversación la fiscal afirma que tiene varias opciones para imputar a los indagados dado que se trataba de un caso de abuso sexual intrafamiliar: o citarlos sorpresivamente, o detenerlos o simplemente pedir la audiencia de formalización, atento a que seguramente trazarían una estrategia para no comparecer. Además dijo que iba a "formalizar a los tres de una", en relación al abuelo paterno, al tío paterno y al primo de la víctima, quienes tenían como defensores a Guerrero y Robatto.
En otro momento del diálogo, la fiscal le dice al abogado: "Yo me tengo fe para que lo ganemos" sobre la posibilidad de ir a juicio y Camaño le responde: "Lo vamos a ganar, Alicia".
"No me voy a volver atrás, que salga como salga, al padre por lo menos le podés dar la palabra". "No voy a redactar demasiado, (va a ser) algo corto y después hablar porque sino le das la estrategia a la defensa antes", afirma Ghione en la última parte de la charla registrada.
Según surge del expediente, la fiscal también le había comunicado a la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la Fiscalía General de la Nación que formalizaría la investigación porque contaba con los elementos necesarios.
En el relato de los hechos, el otro representante de la víctima, Martínez, afirmó que el 14 de junio se encontró con Ghione casualmente y al preguntarle por los avances en la formalización anunciada, la fiscal le dijo que había solicitado una reunión con el fiscal de Corte Juan Gómez, para "plantearle algunas consideraciones en relación al caso".
El 22 de junio archivó la investigación.
En el marco de la investigación administrativa, se le requirió a la Unidad de Víctimas que informara sobre el caso e indicó que en este caso "no se logró un trabajo en conjunto con el equipo fiscal, estableciendo acuerdos de trabajo y que estos se lograran sostener" para preservar a la víctima.
La UVyT enumeró algunos aspectos de la actuación de la fiscalía como "la dilación del proceso de investigación (que excedió en mucho los tiempos previstos), no se respetaron acuerdos alcanzados con los representantes legales, reiteradas gestiones de los abogados y padres de la víctima para entrevistarse con el equipo fiscal demora en que la víctima fuera citada para declarar sobre nuevos hechos, dificultad para integrar los aportes técnicos sobre la dinámica del abuso y los efectos en la víctima y su entorno".
Además destacaron que "la víctima no fue finalmente convocada para declarar en forma anticipada" y para concluir "luego de ser anunciada la formalización de la investigación, se dejó sin efecto, sin que mediara un espacio de encuentro con la familia para ponerla al tanto".
Entre las pruebas que se sumaron al expediente aparece el intercambio vía email entre Ghione y las psicólogas de la Unidad de Víctimas que le manifestaban la preocupación a la fiscal por "el estado de la víctima y su familia que desde hace varios meses están a la espera de una resolución de avance en el caso", a lo que Ghione respondió horas después: "Ya tengo mi convencimiento (...) así que mañana lo hablamos”, dando a entender que imputarían.
Los abogados plantearon que no discuten "la potestad de archivar una investigación sino el procedimiento que siguió" Ghione en este caso concreto. Agregaron que teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la víctima “debió extremar los cuidados a la hora de seguir los protocolos de actuación dispuestos".
Con ese protocolo se refieren a la Instrucción General No 8 que refiere a los casos de delitos sexuales, en los que se recomienda aplicar una debida diligencia reforzada por tratarse de víctimas vulnerables, lo que implica entre otras cosas convocarla para darle explicaciones en caso de archivo.
Al hacer sus decargos, la fiscal Ghione dijo que el equipo tomó todas las precauciones y por eso "casi tres horas antes de subir el fundamento de archivo al sistema" se le informó a la víctima y a los abogados.
En el último escrito que presentaron los abogados, afirmaron que es increíble que la fiscal afirme que se tomaron “todas las precauciones cuando ni siquiera la citó y dispuso el archivo a las apuradas, mientras la víctima, su familia y la Unidad de Víctimas y Testigos estaban convencidas de que estaba preparando la formalización".
Ghione por su parte, dijo que los abogados siguen "con la diatriba relativa a que la compareciente iba a formalizar…. Nunca lo dijimos, ni por mail, ni por chat, ni por llamada, ni mucho menos personalmente ni a la Unidad ni al Dr. Camaño porque estábamos nuevamente analizando todo el caso y el camino era el archivo a pesar del esfuerzo realizado, ya que faltaban evidencias firmes sobre la veracidad de los hechos".
En el último escrito Camaño y Martínez afirmaron que “Ghione mintió en tres oportunidades negándole a la propia Fiscalía General que había tomado la decisión de formalizar y el contenido de la charla del 1 de junio de 2023. Es cierto que tiene el derecho de formalizar o de archivar. No cuestionamos eso. Pero no tiene el derecho de mentir a la jerarca del servicio para defenderse y que su conducta quede impune".
Cuestionaron también que Ghione haya agregado capturas de pantalla de las redes privadas de la víctima y de sus padres que nunca figuraron en la carpeta fiscal, lo que demuestra a juicio de los abogados que "la fiscal se apoya en los imputados para evacuar la vista, aspecto que deberá ser investigado por el instructor pues resulta insólito".
En diciembre ante las omisiones denunciadas por los abogados y luego de que se agregó el audio de la conversación entre Camaño y Ghione, se le pidió un nuevo informe a la Unidad Jurídica de Fiscalía.
El asesor letrado Federico Oyhenarte se pronunció a favor de Ghione y por el archivo de la denuncia. Afirmó que cuando acusan a Ghione de mentir se trata de una "apreciación personal" y que la Instrucción No8 no obliga a la fiscal a informar a la víctima sino que señala que "se procurará informar a la víctima".
Pese a que Ghione alegó que la grabación de la conversación es ilegal, Oyhenarte afirmó que la posición de la Suprema Corte y del TCA es "admitir como prueba grabaciones realizadas sin el consentimiento de todos los involucrados si se realizan en el ámbito público en ocasión de trámites públicos".
