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23 de noviembre 2024 - 11:37hs

El procesamiento con prisión del coronel Luis Agosto, y su envío a la cárcel Domingo Arena la noche del martes, puede ser analizado de varias maneras. Y en las redes sociales de militares circulan varios mensajes con lecturas tan desafiantes como inquietantes.

El principal es un largo texto que se titula “El costo de ser sincero o el valor de permanecer callado”. Su autor, cuya identidad no pude confirmar, aunque dos fuentes me dijeron que es un veterano oficial retirado de la Armada-, encuadra el caso en base a la nota que publicó El Observador, el 21 de noviembre con mi firma. Divide el análisis en cuatro segmentos: el periodista, el imputado, el sistema y un último bloque de conclusiones.

Las consideraciones sobre el periodista (o sea, yo) no creo que sean de mayor interés. Agradezco las consideraciones sobre mi desempeño profesional, pero no comparto tener una “animadversión” hacia las Fuerzas Armadas en general. De todos modos, no es lo importante hoy.

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El bloque sobre “el sistema” insiste en los puntos de vista que ya se conocen de parte del colectivo de presos por delitos cometidos en la dictadura y sus familias. “En lo que se refiere a Derechos Humanos y Hechos del Pasado Reciente el sistema judicial uruguayo está casi totalmente cooptado por la izquierda vernácula, que busca la venganza en lugar de la justicia”, dice. Culpa al Frente Amplio de haber desconocido dos plebiscitos que ratificaron la Ley de Caducidad y al Partido Nacional por no haber hecho nada al respecto en el actual gobierno.

Pero lo más relevante está en el pasaje que se refiere al imputado, o sea al coronel Agosto, y en las conclusiones.

Además de testimonios de víctimas y anotaciones de su legajo, buena parte de las pruebas empleadas por el fiscal Ricardo Perciballe y la jueza Isaura Tórtora para procesar con prisión a Agosto fueron sus propios dichos en el libro “Milicos y tupas”, publicado en 2011.

Allí Agosto habló con sinceridad sobre su actuación en la lucha contra el MLN y también en la tregua que sostuvieron el Ejército y los tupamaros. Admitió haber aplicado el “submarino” a prisioneros, o sea la tortura de haberles hundido la cabeza en un tacho de agua para que hablaran. Según su punto de vista, como nunca lo hizo con sadismo, ni nunca llegó al punto de arriesgar una vida, fueron “apremios” y no tortura. Y eso lo diferenció de otros oficiales.

La realidad de su cuartel cambió –cuenta en el libro- cuando llegó José Gavazzo como su segundo jefe.

Es cierto que hasta ese momento no había muerto allí ningún prisionero en el cuartel. Y que a partir de allí comenzaron a sucederse las muertes.

Ya desde antes entonces, Agosto chocó con Gavazzo y con Jorge Silveira y en el libro también habló de eso.

En Milicos y tupas y en entrevistas posteriores, Agosto también dio elementos que sirven para aclarar el caso del asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro, prisionero al cual muchos años después Gavazzo admitiría haber tirado, ya muerto, en aguas del río Negro.

Son muy pocos los oficiales del Ejército que han hablado con tanta sinceridad sobre aquel período. Es una zona de nuestra historia sobre el cual reinan los pactos de silencio. Basta recordar, tomando como ejemplo el mismo caso Gomensoro, que las confesiones de Gavazzo en un Tribunal de Honor militar fueron escondidas a cal y canto. Ni el presidente Tabaré Vázquez ni el entonces comandante del Ejército, hoy senador Guido Manini Ríos, las hicieron públicas ni las llevaron ante la Justicia.

Y no olvidemos que Milicos y tupas, además de servir como prueba contra Agosto, también reveló que hubo tupamaros que torturaron junto a los militares, un tema tabú, que hizo que el libro fuera objeto de una furibunda campaña para denostarlo.

Hay verdades que se buscan y otras que mejor dejarlas enterradas.

“¿Qué ganó con su sinceridad?”

Antes de la publicación de Milicos y tupas, Agosto –que hoy tiene 84 años y un Parkinson avanzado, que hasta ahora no le ha valido la prisión domiciliaria (ver recuadro)- ya había tenido otras actitudes que lo distinguieron del colectivo de oficiales que actuaron en la dictadura.

En 1997, cuando el obispo Pablo Galimberti propuso que la Iglesia mediara para encontrar a los desaparecidos, Agosto se sumó a la iniciativa.

La reacción en su contra fue abrumadora. El comandante en jefe del Ejército, teniente general Raúl Mermot, lo acusó de “buscar algún protagonismo alejado del interés general”. El ministro de Defensa Nacional Raúl Iturria lo amonestó. Un general en actividad le informó que tenía prohibido desde ese momento entrar a cualquier unidad de Artillería. Sus compañeros de promoción lo declararon “persona no grata”. Lo echaron del Regimiento de Artillería Simbólico. Lo amenazaron de muerte.

Ese escarnio nunca cesó. Y el autor de la nota que circula en Facebook y WhatsApp vuelve ahora a denostarlo. El pecado es el mismo de siempre: haber hablado.

Escribe:

“Cuando tanto el Obispo Pablo Galimberti en 1997, como el Presidente Jorge Batlle en 2000, convocaron a la reconciliación de los uruguayos encontraron el apoyo de Luis Agosto, quien en ambos casos se dejó seducir por la promesa de que se cuidaría la reserva sobre la identidad de quienes aportaran información. Fue su primer gran error (creer en la palabra de políticos). Pronto se hizo evidente que detrás de ambas comisiones se escondía la venganza vestida con una toga falsa de justicia, pero Luis Agosto no llegó a aceptarlo, y siguió revelando detalles que habían permanecido ocultos hasta ese momento, sin detenerse a apreciar que por cada comentario nuevo marchaba otro camarada a prisión”.

“El toque de gracia lo dio prestándose a la investigación periodística que culminó en el libro ‘Milicos y Tupas’ de Leonardo Haberkorn, que fue hábilmente recogido por adláteres en la Justicia para llevar a tribunales lo confiado por el imputado al periodista”.

“¿Qué ganó Luis Agosto con su sinceridad? NADA. Y perdió mucho. Perdió el escaso respeto que le quedaba de algunos colegas. No sé si su enajenación mental le ha permitido conocer la dimensión del daño causado por sus palabras. No le sirvió para evitar que su humanidad terminara en una cárcel (con las molestias y oprobios que ocasiona a los familiares cercanos)”.

Este punto de vista es reforzado en las conclusiones finales. Dice el autor:

“Quizá lo único positivo a extraer de esta tragedia es reconocer el valor sustantivo del silencio. Y no se trata de hacer silencio cómplice (‘omertá’ lo llaman algunos sectores), sino ‘silencio piadoso’. Transcurrido medio siglo es maduro aceptar que los que faltan ya no aparecerán, y que la aceptación y la piedad pueden transformar el odio en paz, una tranquilidad necesaria para todos los que vivimos los años violentos. Cada vez somos menos, y es inevitable que en unos pocos años más este tema no ocupará más de dos páginas en los libros de historia”.

Un abismo me separa del pensamiento del autor del texto, de su intento de minimizar los crímenes de nuestros años de violencia política y dictadura, de su afán por reducirlo todo a dos páginas insignificantes y de su desprecio por el valor de la verdad histórica para una sociedad democrática que quiere construir un futuro mejor. Que los desaparecidos no volverán se sabe y se ha aceptado. Se trata de saber qué pasó y dónde están.

Pero, más allá de esas grandes diferencias, no se puede negar que su razonamiento, que es terrible para los intereses colectivos del Uruguay, tiene su lógica si es analizado con frialdad individual por cada uno de los protagonistas de aquellos años. Si sincerarse no sirve de nada, y hasta se vuelve en contra de uno, ¿para qué hacerlo?

Es un tema que Uruguay ha eludido discutir, con pocas excepciones. Una de ellas es la de José Mujica, que lo ha planteado infinidad de veces, sin encontrar ningún eco.

El caso Agosto –y era previsible que así ocurriera- ya está siendo usado ahora como una parábola ejemplarizante para que ningún otro oficial aporte datos que permitan avanzar en la verdad histórica.

Se dirá que ya no lo hacían, y –en general- es cierto. Pero la posibilidad ahora luce todavía más lejana. Y no solo para la justicia, también para la investigación histórica y el periodismo. Un oficial retirado de la Armada me dijo hoy: “Con Agosto se cierra definitivamente la posibilidad de que alguien pueda hablar”.

Los actos del coronel Agosto que violaron los derechos humanos en la dictadura fueron reconocidos por él mismo, con lo cual no hay nada que discutir al respecto. ¿Pero el haber dicho la verdad, o parte de ella, y el haber apoyado su búsqueda, no valen nada?

Como periodista, digo que sí, que valen mucho. Lejos de haber generado un “daño”, han beneficiado a toda la sociedad. Aunque en la sentencia que lo mandó a la cárcel el tema se eluda y no se diga una sola palabra al respecto, lo que vamos pudiendo saber de aquellos años negros hay que agradecérselo a los pocos que tienen el coraje de hablar, a pesar de la abrumadora presión de sus pares para que no lo hagan. Y no hablo solo de militares.

Está claro que sincerarse no extingue los delitos cometidos, pero ¿no es digno de ser considerado de alguna manera en un plano jurídico? Se lo pregunté al fiscal Perciballe. Respondió que quizás sí cuando el proceso termine y llegue el momento de la sentencia.

Para un hombre enfermo, de 84 años, puede ser demasiado tarde.

Para la causa de la verdad histórica y completa, también.

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Trasladado al Hospital Militar

Otro mensaje que circula en redes sociales de militares sobre el caso de la prisión del coronel Luis Agosto dice lo siguiente:

“El Cnel. Agosto fue evacuado al Hospital Militar porque su situación era insostenible, se caía, se hacía encima sus necesidades... Es decir, no se vale por sí mismo. Hablame de Derechos Humanos, hablame de ‘justicia’, hablame de política, hablame de políticos”.

Agosto, procesado por “reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos”, en efecto fue trasladado al Hospital Militar porque padece Parkinson avanzado y no puede valerse por sus propios medios.

Los tres días que pasó en la cárcel de Domingo Arena debió ser auxiliado por su hija para todo, incluso poder higienizarse e ir al baño.

La esposa de Agosto tiene Alzheimer avanzado y el militar tiene un hijo con síndrome de Down que vive con él.

El caso se sustancia con el viejo Código del Proceso donde el procesamiento con prisión es lo más usual. Aunque el deterioro físico del imputado es observable a simple vista, fuentes judiciales dijeron que la prisión domiciliaria no pudo decretarse en el momento del procesamiento ya que la defensa de Agosto no había presentado su historia clínica y ella no constaba en el expediente.

Por eso, en la sentencia de procesamiento con prisión, la jueza Isaura Tórtora estableció que un médico del Instituto Técnico Forense debía analizar a Agosto “a los efectos de evaluar si se encuentra apto o no para permanecer en el establecimiento carcelario”

Pero hasta el momento la visita del forense no ha ocurrido.

Temas:

coronel Luis Agosto Milicos y tupas cárcel Domingo Arena

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