“El Poder Ejecutivo quiere tener iniciativa en este tema”, anunció a la salida del Consejo de Ministros el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. “Consideramos que en el quinquenio anterior hubo un retroceso en la lucha contra el lavado de activos y por ende queremos retomar la iniciativa”.
El exfiscal de Corte adelantó que en los primeros días de mayo el gobierno de Yamandú Orsi enviará al Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley Integral contra el Lavado de Activos vigente desde el 2018. La iniciativa surgió previo a la Semana Santa en la órbita de la Comisión contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que reunió en la Torre Ejecutiva a los principales organismos involucrados en la materia.
Entre las novedades que el nuevo gobierno incluirá en la normativa figuran nuevos delitos precedentes que habiliten a la fiscalía a iniciar indagatorias por del delito de lavado de activos. Una de las definiciones del Ejecutivo es que se considere a todos los delitos informáticos dentro de la actual lista, según reconstruyó El Observador, ante el aumento de casos de cibercrimen y fraudes por internet.
Díaz sostuvo este martes en conferencia de prensa que hay “un error con lo que tiene que ver con la asistencia al lavado en que nuestra ley no recoge lo que las convenciones internacionales establecen”. “Hay cuestiones que tienen que ver con los delitos precedentes, que tampoco nuestra ley recoge todos los delitos precedentes que la normativa internacional establece”, afirmó.
El gobierno de Orsi también pretende agregar sujetos obligados a la normativa vigente que deban reportar operaciones sospechosas ante el Banco Central. Uno de los posibles rubros a incluir, que estuvo en carpeta durante la última reunión de la comisión, fue el de las automotoras, un reclamo que durante el período pasado esgrimió varias veces el titular de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, ante casos como el de Marcelo Saralegui, quien era amigo personal de Rocco Morabito y Gerardo González Valencia y con ambos comercializaba vehículos de alta gama.
La ley vigente enumera como sujetos obligados a bancos e instituciones financieras, así como también casinos, inmobiliarias, escribanos, contadores, entre otros. Los Reportes de Operaciones Sospechosas vienen creciendo año tras año aunque la inmensa mayoría están en el sector financiero, mientras que la Asociación de Escribanos cuestionaba el período pasado que la normativa aprobada en el último gobierno frenteamplista castigaba especialmente su rubro con exigencias varias pese a que a su entender tienen “menos estructura” que otros sujetos obligados.
El Poder Ejecutivo también busca eliminar la debida diligencia simplificada y volver al sistema anterior, así como otras modificaciones más de estilo referidas a aggiornar la nomenclatura empleada por la ley al régimen penal vigente.
Otra de las novedades estará en reducir el tope establecido por la Ley de Urgente Consideración impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou para los pagos en efectivo. Esa medida –que autoriza a pagar hasta un millón de unidades indexadas (UI) con dinero en efectivo– fue criticada por el Frente Amplio desde la oposición y ahora la bancada oficialista en el Senado retomó el mismo cuestionamiento bajo la premisa de que facilita el lavado de dinero. La propuesta de la izquierda en el Parlamento fue llevar el tope a 80 mil UI, al tiempo que en el Poder Ejecutivo aseguran que sí o sí va a bajar el límite fijado por la LUC.
“Si se va a mandar en el mismo paquete o no, será una resolución política que en última instancia tomará, como corresponde, el presidente de la República”, afirmó este martes el prosecretario, quien también anunció la puesta en práctica de uno de los 63 compromisos de gobierno lanzados por Orsi en la campaña: la creación del Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico integrado por la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, los ministerios de Educación y Cultura, Economía y Finanzas, la Senaclaft, la Secretaría de Inteligencia y todos los organismos con funciones de investigación o fiscalía.
Citando el caso de la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, el prosecretario Díaz aseguró que buscarán que todas las funciones “estén debidamente articuladas y conectadas de forma tal de que” no vuelvan a ocurrir situaciones “donde la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda”.
