Ignacio Durán, representante de más de 200 damnificados, le dijo a los medios presentes que iba a ampliar la denuncia contra las hijas de Basso, porque entiende que estaban involucradas en la operativa de Conexión Ganadera. Pablo Donnángelo y Eduardo Sassón, representantes de Cabral, adelantaron que iban a acatar las medidas de la Justicia.
Tras el paso de los medios a la sala, cerca de las 10:00, Olivera dio comienzo a la audiencia y dio la palabra a Enrique Rodríguez –fiscal de Lavado de Activos a cargo del caso– que informó que hasta el momento se encuentran en un proceso de "sistematización y recepción de denuncias", pero que no han ahondado en los detalles del caso.
Hasta el viernes eran 52 las denuncias recibidas, que representan a más de 1.000 afectados, pero aclaró que el número aumenta día a día.
Llegó el turno de los 19 abogados presentes, que dijeron uno a uno sus nombres y todos los datos requeridos. Unos pocos hablaron de algo más: Juan Pablo Decia, por ejemplo, dijo que esperaba sumar a 120 clientes en los días posteriores.
La audiencia fue transmitida en vivo por YouTube, con una sola pausa: cuando Carrasco, Iewdiukow y Cabral dieron sus datos personales. La pareja se mudó de Montevideo a un campo en Florida, mientras que Cabral continúa en la casa que construyeron junto a Basso en la capital de ese departamento. Cuando la jueza le preguntó a Cabral por su estado civil, a la mujer se le quebró la voz al responder "viuda".
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Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, junto a su abogado Eduardo Sasson
Foto: Inés Guimaraens
Tras ello, la magistrada volvió a dar la palabra a Rodríguez, quien justificó que los tres socios deberían fijar domicilio, entregar sus documentos y no salir del país por 180 días mientras comenzaba la investigación, Las cautelares se establecieron para asegurar la presencia de los acusados ante Fiscalía y evitar que se fuguen, dada la "posibilidad económica" de todos.
Tanto Barrera como Donnángelo y Sassón aceptaron la solicitud del fiscal sin presentar reparos, y ambos enfatizaron la disposición de sus clientes de "colaborar" con la investigación, ante la atenta mirada de sus clientes.
Incluso, Donnángelo afirmó que su clienta "está pasando un momento muy duro por la muerte de su marido, y pocas ganas tiene de salir a recorrer el mundo", por lo que quiere ayudar para que la investigación termine "lo más rápido posible".
Luego de que Barrera pidiera una "constancia" de las cédulas y pasaportes de sus representados para que pudieran realizar distintos "trámites", la jueza aceptó la solicitud del fiscal Rodríguez y decretó las medidas limitativas contra los socios por 180 días.
Además, Olivera también puso un plazo de diez días para que los abogados registren de forma oficial su lista de clientes, algo que hasta el momento solo había formalizado el estudio de Durán. La jueza iba a dictaminar un límite de cinco días, pero un abogado levantó la mano y sin micrófono en mano pidió que fueran diez, ante el caudal de afectados de la causa.
El debate por los celulares y la advertencia que no fue escuchada
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Ignacio Durán (izquierda) y Juan Pablo Decia (derecha) en la audiencia
Foto: Inés Guimaraens
Cuando la magistrada preguntó si no había nada más para agregar, uno de los 19 abogados levantó la mano y pidió hablar. Era Decia, que solicitó a la Justicia la incautación de los celulares de los socios para evitar que se afecte el caso, ya que adelantó que cuenta con pruebas de que tras las denuncias los responsables siguieron moviendo ganado.
"Existieron, existen y van a seguir existiendo (estas ventas) en la medida que los imputados sigan teniendo su celular", recriminó el abogado.
El pedido fue respondido con varias críticas. En primer lugar, la jueza le dijo que eso debía ser solicitado en Fiscalía, pero otro defensor le dijo que era posible hacerlo al discutir posibles medidas limitativas y que sería otra "muestra de buena voluntad" de los implicados.
Barrera, por su parte, afirmó que ellos acataban las medidas "dentro del estado de derecho", pero soslayó que la incautación de los celulares durante esta etapa del proceso, en la que todavía no se comenzó a investigar en profundidad el caso –ninguna de las defensas ha accedido aún a la carpeta de la investigación– implicaba "violentar garantías" de sus clientes.
Sasson, en cambio, se dirigió "con todo respeto" a los abogados de las víctimas y como aún no presentaron sus listas de clientes designados les dijo: "Formalmente no están representando a nadie. No tienen legitimación activa para realizar ningún tipo de solicitud". La jueza les explicó que en esta audiencia eran "espectadores" que debían "cumplir con su acreditación" de abogados defensores ante la justicia.
Rodríguez calmó las aguas y dijo que su Fiscalía tenía las "puertas abiertas" para las solicitudes que quisieran realizar los abogados de las víctimas.
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Enrique Rodríguez, fiscal de Lavado de Activos, en la audiencia del caso Conexión Ganadera
Foto: Inés Guimaraens
Finalmente, Decia aceptó la negativa a su reclamo, aunque aclaró que él está acreditado como "apoderado con poder general para pleitos" de sus clientes, por lo que estaba legitimado para realizar la solicitud.
Minutos después, Durán contó que le advirtió a Decia, sentado a su costado, que no hiciera la solicitud porque no era el lugar adecuado pero el colega le contestó que lo iba a hacer de todas formas.
El propio Durán se dio cuenta cuando llegó a la audiencia de que no debía pedir allí que también sean investigadas las hijas de Basso, y presentará ese pedido este lunes en Fiscalía.
El cruce entre dos abogados por una declaración previa
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Jorge Barrera, abogado defensor de Pablo Carrasco
Inés Guimaraens
Al terminar la audiencia, la casi veintena de abogados comenzaron a charlar con las autoridades judiciales y el equipo fiscal. Dos personas que estaban al fondo de la sala se pararon y se quisieron acercar a Carrasco, pero un policía no se los permitió.
Eran damnificados, que no tenían abogados y que ingresaron sin que nadie se los impidiese. "La audiencia era pública", dijo uno de ellos, mirando fijamente al director de Conexión.
Carrasco no llegó cruzar palabras con los inversores, que estuvieron a tan solo centímetros, y ni bien firmó el decreto que disponía su cierre de fronteras se fue rápidamente del juzgado en un auto que lo esperaba a él y a su esposa por la calle que da a la Plaza Cagancha.
Mientras tanto, entre charla y charla de abogados, Barrera se cruzó con Decia luego de que el abogado de las víctimas cuestionara en diálogo con El Observador cómo Carrasco lo había contratado pese a que había declarado a las autoridades que "no tiene ni un peso".
"No es un tema contra los colegas, que son excelentes profesionales. Simplemente es una pregunta retórica que me hago, ¿cómo puede ser que no haya un peso para mantener la operativa de la empresa al punto de tener que vender animales de los inversores y, por otro lado, que Carrasco contrate a uno de los estudios jurídicos más importantes del país (en referencia al estudio de Jorge Barrera)?", cuestionó en aquella entrevista.
La declaración generó la respuesta de varios de los damnificados, que criticaron que Barrera rechazó la defensa de algunas víctimas pero aceptó defender a Carrasco, y la Asociación de Abogados Penalistas (AAP) salió en su defensa en un comunicado.
Frente a frente, Barrera le recriminó a Decia la actitud de "meterse con el bolsillo". "Por querer quedar bien con tus clientes te metiste con tu laburo a futuro", le dijo, y le explicó que ahora va a tener que "justificar" cada cliente que represente. "Yo siempre actúo de la misma forma", le espetó.
"Si te sentiste agraviado te pido disculpas", le respondió Decia que, consultado horas después, explicó que se acercó a Barrera para aclararle "el espíritu de la nota", algo que ya había hecho de forma telefónica y remarcó que el asunto quedó "aclarado".
