Es probable que esta nota sea poco leída. Habla de presos, de esos que “algo habrán hecho”, de esos que la sociedad prefiere no ver. Las métricas de los portales periodísticos de Uruguay son consistentes: las noticias de presos no dan clics, salvo que se trate de “desnutridos” o las comodidades con la que cumplen su pena los represores de la dictadura. Y un nuevo estudio de la consultora Equipos confirma que el solo hecho de haber pasado por una cárcel es una condena social y laboral de por vida.
El 1% de los adultos de Uruguay estaba cumpliendo una pena el pasado diciembre. El nuevo visualizador que publicó el Ministerio del Interior reveló que 16.107 mayores de 18 años estaba detrás de las rejas y otros 8.874 estaban cumpliendo medidas alternativas a la prisión. Pero bajo la lógica de la puerta giratoria que caracteriza al sistema penitenciario uruguayo —con cerca de un ingreso nuevo por hora— hace que al menos 25.000 habitantes diferentes hayan pasado por una cárcel del país en el último año.
Más tarde o más temprano, la mayoría de esas decenas de miles de uruguayos vuelve a la sociedad libre. La mayoría cumple penas que no superan los seis años (el delito más extendido es el tráfico y venta de drogas). Y la mayoría carga con un prontuario que le limita sus chances laborales.
La consultora Equipos lo midió: solo el 24% de los trabajadores en Uruguay dice que “se puede confiar” en las personas con antecedentes recientes en el sistema penitenciario. Solo el 27% considera que los expresos “son buenos compañeros”. Solo un tercio los califica de “trabajadores”. Y casi la mitad reconoce que “a los clientes no les gusta que haya trabajadores” que hayan estado presos alguna vez.
El estudio demuestra que, en el imaginario, los ex presos tienen una valoración mucho más negativa que otras minorías discriminadas: como las personas con discapacidad o los inmigrantes.
El problema de esa carga peyorativa, da a entender el Libro Blanco de Reforma Penitenciaria que Interior publicó en diciembre, es que sin la “sensibilización ciudadana” es inviable un cambio profundo del sistema. Y sin un cambio profundo del sistema, resumió el asesor ministerial Diego Sanjurjo, las cárceles uruguayas son “una bomba nuclear a punto de estallar”.
Más que el encierro
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles, viene insistiendo en sus informes anuales: la magnitud de presos, visitantes de esos presos y funcionarios de prisiones es tal que supera con creces al tamaño poblacional de la mayoría de barrios de Montevideo. Y solo ese tamaño termina teniendo impacto en toda la sociedad.
Porque si bien en Uruguay no hay guerras ni un régimen de excepción como en El Salvador, la cantidad de presos per cápita está en el top 10 del mundo. Cada uno de esos presos le cuesta al Estado unos US$ 1.000 al mes. ¿Para qué? “Para generar más daño”, dice el doctor en Ciencias Sociales Emiliano Rojido, quien asesorará al ministro del Interior entrante.
Las cárceles no reinsertan: cerca del 70% reincide a menos de tres años de su liberación. No solo eso: “las cárceles aumentan el crimen, porque muchas personas aprenden allí más sobre cómo delinquir, salen con más resentimiento por lo mal que las han tratado, sin oportunidades, con la afectación a su familia, a su barrio…”, explica Rojido.
Es que el cumplimiento de las penas es, en la práctica, más drástico que el que impone el Código Penal: la norma no habla de tratos crueles e inhumanos (como el comisionado parlamentario denunció en varias unidades penitenciarias), ni restricción de visitas, ni falta de recreo, o de trabajo o de estudio. Mucho menos de que la prisión a una persona termine siendo una condena para su entorno.
Por ejemplo: la última Encuesta de Nutrición y Desarrollo Infantil demostró que el 4% de los niños menores de cuatro años no vive con su padre porque está preso. Para otras tantas familias, ese adulto o joven preso (el 40% tiene entre 28 y 37 años) significa un proveedor menos de recursos para el hogar (con el agravante que al salir liberado le será difícil acceder a un trabajo de calidad).
“En Uruguay tendría que haber mucha menos gente presa de la que hay, mucha de esa gente tendría que estar produciendo para la sociedad fuera del encierro”, dice Rojido. No refiere a que no se penalice o haya una absoluta impunidad, sino “encarcelar menor, mejor y con medidas alternativas”.
Ana Juanche, quien dirigirá el Instituto Nacional de Rehabilitación en el próximo gobierno, lo había dicho en 2019: “dos de cada 10 que ingresan a la cárcel no tendrían que hacerlo”.
Y de quienes sí tienen que hacerlo, la pregunta es cómo lograr que su experiencia carcelaria no acabe generando una “sociedad bulímica”. ¿Qué significa? El sociólogo Loïc Wacquant describió que hay territorios, como buena parte de Montevideo, en que la sociedad se traga a parte de su población (los aparta poniéndolos presos) y luego los vomita en peor estado que cuando los ingirió.
Rojido concluye: no solo es cuestión de derechos humanos, es hasta un tema de costos para la sociedad.
