La abogada Ana María Bugliari no era conocida en el ambiente judicial, donde los defensores de narcos se repiten, hasta el caso conocido como de las "narcoavionetas". En ese caso por el que Uruguay logró extraditar a un piloto argentino luego de que se probara su participación en el tráfico de un cargamento de droga, la defensora planteó que existían una serie de desprolijidades en la investigación.
El piloto Francisco Fogel fue condenado a cinco años de prisión por su participación en el tráfico ilícito de drogas provenientes de Paraguay que eran ingresadas a Uruguay en vuelos clandestinos y haciendo uso de pistas ilegales. Bugliari declaró como defensora de Fogel en abril pasado al portal argentino Diariojunio que la aeronave incautada en un hangar de Concordia no era la misma que había sido avistada descargando drogas en Uruguay y cuestionó a la fiscalía argentina por permitir su incautación a la Justicia uruguaya.
Poco tiempo después apareció como defensora de los montenegrinos, señalados por pertenecer al cartel de los Balcanes, que habían sido detenidos en marzo de 2023 en el marco de la operación Virtus que se llevó a cabo en la zona de Pajas Blancas. En ese caso se actuó con información de que se ingresaría droga proveniente de Argentina y se incautaron 489 kilos de cocaína en paquetes con calcomanías de Mickey y Pluto.
Según la investigación de la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero, los montenegrinos tenían la tarea de explicarles como “contaminar” los buques que van hacia Europa, llevando la droga hasta allí en lancha. Según se informó en la audiencia en la que se los imputó, en la mayoría de los casos, esa maniobra se ensaya previamente para ver si la lancha elegida tiene rapidez en el agua y si puede eludir el control de las autoridades.
Si bien inicialmente los extranjeros eran defendidos por el penalista Ignacio Durán, en determinado momento Bugliari se presentó como la nueva defensora. Cuestionó que no se había ejercido una defensa garantista de los extranjeros, que según alegó no hablaban español, aunque para ese entonces ya llevaban varios meses presos.
Finalmente, hace pocos meses, llegó una denuncia anónima que fue derivada a la misma fiscalía de Ferrero contra la pareja de Bugliari, quien es el propietario de una empresa de cargo que operaba en Montevideo, con acceso al puerto. La denuncia mencionaba su vínculo con las bandas de narcotraficantes.
A partir de ese momento, se inició la investigación que permitió unir cabos y conseguir las pruebas de que la abogada y su pareja eran los encargados de conseguir empresas con capacidad para exportar mercaderías a diferentes países de otros continentes. La investigación logró probar que así enviaban la droga a otros contintentes, principalmente Europa y también conseguían pilotos que se encargaran de entrar la droga a Uruguay. De allí se conocieron sus contactos internacionales y se establecieron sus posibles vínculos con el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, sobre quien pesa una alerta roja desde 2022 solicitada por Paraguay y se mantiene prófugo.
El trabajo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, también permitió probar el vinculo de la organización con otra incautación grande que fue la de los 900 kilos en Ciudad del Plata (733,130 kilos de cocaína, 110,358 kilos de pasta base, 74, 817 kilos de marihuana) y con los allanamientos y detenciones en Cerro Norte realizados unos meses atrás en los que se pudo detener a quién es considerado uno de los potentes narcos del oeste de Montevideo, Luis Fernández Albin. Asimismo, se encontraron lazos con algunos homicidios cometidos meses atrás que vienen siendo investigados.
Como ya ha quedado demostrado en otras investigaciones, la logística proporcionada por los Albin incluye el abastecimiento de pasta base y marihuana para el consumo interno de la zona metropolitana.
Todos esos cabos permitieron reunir las pruebas para que la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano lograra la detención de los indagados este lunes. Según informó el MInisterio del Interior por un comunicado por la Operación Pérgamo se realizaron cuatro allanamientos en Montevideo ( en el domicilio de la pareja y en 3 estudios jurídicos), se recabó documentación, teléfonos celulares y equipos informáticos.
Con las pruebas a la vista, la abogada no pudo negar su participación y así que se logró la condena por un proceso abreviado avalado por la jueza Diovanet Olivera, en el que se obtuvo una pena particularmente elevada para este tipo de delitos. Bugliari resultó condenada como autora penalmente responsable de "un delito de organización a las actividades de narcotráfico" a la pena de 5 años y 6 meses de penitenciaría, mientras que su pareja recibió una condena como cómplice penalmente responsable de “un delito de organización a las actividades de narcotráfico" a la pena de 3 años y 6 meses de penitenciaría. También se decomisó un vehículo y cuatro teléfonos celulares. Al ser ella abogada y escribana se infomró a la Suprema Corte de Justicia para que sea inhabilitada.
Bugliari, de 44 años, está habilitada como abogada por la Suprema Corte desde 2022, pero ejerce la escribanía desde 2004.
Si bien no se detectaron demasiados pagos recibidos por narcos a sus cuentas personales, se iniciará en forma paralela una investigación por lavado de activos, como es de estilo en estos casos.
