Pasfer, la empresa que quedó en la mira luego de que se conociera que era otra “tenedora” de ganado de Conexión Ganadera, que será investigada por la Fiscalía, y que dos días después de la muerte de Gustavo Basso vendió unas 4.000 cabezas de ganado, aparece también vinculada al yerno del empresario fallecido.
Según documentación en poder de El Observador, en la declaración jurada de Pasfer del año 2024 presentada por el representante Maximiliano Rodríguez Irachar ante el Ministerio de Ganadería figura que la firma tenía 11.926 hectáreas en Costas de Ayala, departamento de Treinta y Tres, distribuidas en cinco padrones. De esas hectáreas 5.100 corresponden a padrones artificiales y 1.800 a campo fertilizado y 5.026 en campo natural y rastrojos. En tanto, 1.700 son praderas artificiales, otras 1.700 praderas realizadas en forma convencional y 1.800 en campo natural fertilizado.
A su vez, según consta en el MGAP el ganado que había en Pasfer en 2024, totalizaba 12.902 animales, de los cuales una cuarta parte, casi 3.000 estaban a nombre del yerno de Basso, Alfredo María Rava Goyeche.
Según en detalle de la declaración jurada, 5.566 son vacas de cría, 1.015 vaquillonas de 1 a 2 años, y también había novillos, vaquillonas y toros.
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Del total de cabezas de ganado, la mayor cantidad figuran en poder de tres fideicomisos: 2.659 estaban a nombre del Fideicomiso 22316/2019, 2.100 a nombre del Fideicomiso de Garantía Ganadero Uruguay y 1.063 a nombre de un Fideicomiso BBVA de 2022.
Según informó Eduardo Preve en M24, Pasfer tiene deudas vigentes que superan los US$ 4,5 millones y es calificado como un "deudor irrecuperable" de los bancos de la Nación Argentina (BNA) y Santander, según consta en el registro de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central (BCU).
La empresa era una de las tenedoras de ganado de Conexión Ganadera, como consta en la firma de distintos contratos de varios damnificados en los que en lugar de figurar Hernandarias, figuraba Pasfer como arrendataria de ganado en campos.
Es por ello que los abogados denunciantes de estafa, apropiación indebida y otros delitos contra los titulares de Conexión, creen que compradores del remate eran inversores que llegaron a un acuerdo antes de que la empresa entrara en cesación de pagos.
En aquella ocasión se remataron cerca de 4.000 cabezas de ganado en poco más de una hora, y 3.500 de ellas eran de Pasfer S.A., que colocó esa base especial por una "reducción de stock".
Cuando se realizó el remate Rava sostuvo que esa venta estaba programada desde hacía tres meses "y salió muy bien, con trámite muy ágil", para lo cual contaron "con el apoyo de clientes y amigos de la casa".
Una oferta extraña
Por otra parte, la abogada Silvia Cuello, que representa a inversores damnificados, dijo que una de sus clientas recibió hace diez días una llamada de un ingeniero agrónomo que se presentó como representante de Pasfer y le ofreció comprarle el ganado que tenía a su nombre por el 60% del valor que tenía.
Según verificó la inversora en el SNIG figuraba que la casi totalidad del ganado estaba efectivamente en el campo en el que figurana en su declaración jurada, pero luego de varias conversaciones el mismo ingeniero le dijo que habían desistido de realizar la operativa.
Cierre de fronteras
El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, quien investigará la denuncia de Conexión Ganadera y de República Ganadera, pidió este martes el cierre de fronteras y la retención del pasaporte de Pablo Carrasco, y sus dos socias principales, que son su esposa Ana Iewdiukow y de Daniela Cabral, viuda de Basso.
Según confirmó a El Observador el fiscal presentó el escrito y se espera que este miércoles el juez del caso decida si realiza una audiencia para tomar la resolución.
Por su parte, otro de los abogados denunciantes Ignacio Durán dijo que el fiscal ya acumula más de 20 denuncias, todas por los delitos de estafa, apropiación indebida, lavado de activos y asociación para delinquir
Además, Durán marcó que "sería bueno que se dotara de más recursos humanos a la fiscalía" encargada de la investigación, ya que entiende que los "justiciables" se estarían pegando "un tiro en el pie" si "la mayor estafa" no cuenta con el "apoyo contable y financiero para analizar la documentación".
