El Ministerio de Ambiente decidió negar la Autorización Ambiental Previa (AAP) al proyecto que pretendía construir 29 edificios en Punta Ballena, según la resolución a la que accedió El Observador. Esa autorización es imprescindible para poder concretar el proyecto.
La decisión va en línea con lo que había planteado el año pasado el informe de los técnicos de la cartera.
"Teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental presentado y la información generada en esta tramitación, resulta que en atención a la ubicación, características y escala del proyecto, el mismo generará impactos ambientales negativos residuales inadmisibles, que no podrán ser eliminados o mitigados a niveles admisibles, no siendo –por otra parte– compatible con la normativa de ordenamiento territorial aplicable", dice la resolución.
De esta forma, cae el acuerdo que habían alcanzado los promotores del proyecto con la Intendencia de Maldonado por el que la ruta panorámica, dos miradores de la zona y la faja que rodea el área al pie de los acantilados pasaban a dominio público y quedaban libradas al uso público tal como hasta ahora.
Tras el informe de los técnicos, los promotores del proyecto –el argentino Delfín Jorge Ezequiel Carballo y el uruguayo Eduardo Carrera Hughes, entre otros– presentaron sus descargos, que incluían la consulta a los abogados Carlos Delpiazzo y Leonardo Guzmán, que fueron analizados por el Área de Evaluación Ambiental pero, según dice la resolución, "no se aporta nueva información o fundamentos que modifiquen las conclusiones alcanzadas".
La resolución agrega que el proyecto tiene "impactos ambientales negativos de alta significancia, tanto en la etapa de construcción como de ocupación, asociados directamente a la presencia física del proyecto, debido especialmente a la escala, características y ubicación del desarrollo urbanístico".
Otro de los puntos que señala es que el tránsito que generaría el proyecto, una vez construido, se "sumaría a la problemática actualmente existente en la zona" sobre todo durante el verano y también que la obra se realizará en la faja de 150 metros medidos desde la línea superior de la ribera lo que es "incompatible" con la ley 19.355.
Además, el documento también considera la "percepción social negativa" que tiene el proyecto y asegura que todos estos elementos mencionados no fueron "alterados" por las distintas presentaciones de los interesados en realizar el proyecto.
El proyecto
El proyecto presentado para realizar en Punta Ballena tiene una larga historia que incluye varias décadas de idas y vueltas con la administración pública. En 2014, luego de que la Justicia dictaminara que los terrenos le pertenecían a los herederos de Antonio Lussich, los promotores y la Intendencia de Maldonado llegaron a un acuerdo –respaldado por unanimidad por la Junta Departamental en 2017– que establecía que para tener "validez plena" debían recibir la Autorización Ambiental Previa.
Al no recibir esa autorización, el acuerdo pierde validez y, por lo tanto, la ruta, los miradores y otros terrenos que estaban siendo de uso público –tras ese acuerdo– vuelven al dominio privado.
Los promotores pretendía construir de 29 edificios con destino residencial, de cuatro niveles cada uno, con un total de 320 unidades de vivienda, servicios e infraestructura asociada, incluyendo la construcción de 8 salones de usos múltiples, cocheras y garajes con 462 plazas de estacionamiento, porterías, piscinas y calles internas, en un conjunto de lotes privados sobre una superficie de 9,5 hectáreas.
Esta resolución abre un nuevo capítulo que irá en paralelo a la resolución que tome la Junta Departamental sobre la declaración de la zona como una reserva natural departamental a pedido de vecinos de la zona que recolectaron firmas y fueron validadas por la Corte Electoral.
