La trágica noticia de la muerte de Gustavo Basso en un accidente en ruta 5 en Florida este jueves, dilató las negociaciones que la empresa Conexión Ganadera venía manteniendo en busca de una salida para República Ganadera, que se presentó a concurso voluntario de acreedores esta semana.
Basso era el principal accionista de Conexión Ganadera, la empresa que en estas horas iba a bajar a tierra una solución que posibilitara una alternativa al proceso concursal. Frente a la repentina muerte, los abogados que estaban manteniendo negociaciones con República Ganadera, pidieron a los inversores paciencia y esperar a la próxima semana para que llegue la esperada propuesta.
Los abogados Sebastián Dotta y Carlos Esponda, que venían mateniendo conversaciones con Nicolás Jasidakis, director de República Ganadera, están intentando contactar al mayor número de inversores de la empresa para llegar a un Acuerdo Privado de Reorganización (APR) que permita reestructurar las deudas de la firma sus inversores y evitar el proceso concursal.
Ese acuerdo requiere las adhesiones del 75% del pasivo de la empresa, que representa a unos 600 inversores aproximadamente, de los 1600 que habían colocado fondos.
El pasivo de República Ganadera ronda entre US$ 75 y US$ 80 millones. Entre activos propios y el ganado de los inversores, República Ganadera contaría con un patrimonio de entre US$ 30 y US$ 35 millones, que no alcanzan para cubrir las deudas con la totalidad de los acreedores.
Los abogados reiteraron este jueves a los inversores que la empresa Conexión Ganadera manifestó "su intención de gestionar los activos de República Ganadera a fin de buscar una solución y gestionar el pago del capital" y que en "las próximas semanas" esperan tener una propuesta definitiva para trasladarles.
Antes de hacer una propuesta, Conexión realizará un estudio pormenorizado del activo de República.
En caso de que se llegara al APR antes de ser validado por la Justicia se deberá notificarle al 25% restante para que tengan la posibilidad de presentar oposiciones. Los abogados afirmaron que las negociaciones apuntan a garantizar un recupero del cien por ciento de lo invertido aunque dilatado en el tiempo. Para ello instaron a los inversores a no ir por la vía penal de denunciar y a no retirar el ganado que es de su propiedad y está bajo la gestión de República.
Venta de ganado sin permiso e inversiones captados en octubre
Hay varios abogados penalistas trabajando en la presentación de denuncias penales. Según supo El Observador surgió información de parte de inversores que rastrearon su ganado y se percataron de que fue vendido sin su autorización, lo que implica que se falsificaron firmas en las guías del ganado.
También se constató que República captó inversiones de arriba de US$ 100 mil en los meses de setiembre y octubre cuando ya la situación de la empresa estaba complicada. En un zoom que se realizó este miércoles con los abogados Dotta y Esponda, varios inversores relataron que desde la empresa se les informó que habían sorteado la sequía con éxito para incentivarlos a invertir.
Además hay numerosos casos de inversores que entregaron dinero para comprar determinada cantidad de cabezas de ganado pero no se compró ese ganado o tienen mucho menos de lo que señala el contrato.
Los abogados Jorge Barrera, Juan Pablo Decia, SAntiago Alonso y Nicolás Ghizzo, mantienen en estas horas reuniones con los inversores para reunir las pruebas y preparar las denuncias, como informó El Observador. Ghizzo dijo que les sugirió a sus clientes iniciar acciones porque "hay conductas con apariencia delictiva que merecen ser investigadas".
Jueza espera informe de contadores
El pedido de iniciar un concurso voluntario fue presentado por República Ganadera el martes 26 y el miércoles 27 la jueza María Constanza Farfalla le pidió a los secretarios contadores que la asesoran que en el plazo de 24 horas le informen si estiman que es admisible iniciar ese proceso judicial.
En ese sentido la jueza pidió saber si la documentación que presentó la empresa cumple con los requisitos establecidos en la ley concursal, si el monto del concurso se adecúa a la tributación con el mismo, si existen recursos disponibles para cubrir las tasas registrales y si el activo es o no suficiente para satisfacer el pasivo.
