En febrero de 2024 Nadia, madre de un niño que en ese entonces tenía 3 años, denunció que el abuelo paterno abusó sexualmente del menor. El niño le había relatado conductas a las que había sido sometido por su abuelo y la mutualista constató el abuso.
El informe elaborado por el equipo de referencia de violencia basada en género de la Médica Uruguaya, describió en un informe las conductas de abuso que el niño le relató a su madre por parte del abuelo paterno. El informe incluido al que accedió El Observador, sostuvo que "el niño relata los hechos con profunda angustia", y que un mes después incluye al padre como participante de los abusos. Reseña que en el tratamiento psicológico "logran verse multitud de indicadores de conductas que se condicen con el relato aportado".
Afirmó que "fue sometido a prácticas abusivas aberrantes las cuales no comprende", y que le producen enojo, confusión por lo que se trata de un "niño agresivo, que duerme poco y con dificultad". Describe también que le cuesta relacionarse con otros niños, utiliza insultos sexualizados con su madre, orina de pie en la habitación de la madre, se introduce juguetes en zonas genitales y asume posturas sexuales con frecuencia.
El informe concluyó que el niño “sufrió todas las formas imaginables de abuso sexual infantil lo que ha deformado su forma de ver el mundo”.
La madre también grabó videos en los que el niño describe con detalle lo que le hacían su abuelo y su padre.
Con todas esas pruebas se denunció el hecho ante la Justicia de Familia Especializada que dispone medidas de no acercamiento del abuelo y el padre con el niño que hasta el día de hoy están vigentes.
Nadia también presentó la denuncia penal contra los hombres ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6 turno. Pero la fiscalía sin interrogar a los indagados, ni al niño, ni a la madre, archivó la denuncia.
El dictamen de la fiscal estableció que “no hubo elementos objetivos de convicción suficientes que permitan la continuación útil de la indagatoria” y que no se pudo concluir la existencia de un hecho sexual abusivo.
Sin detallar elementos concretos en los que basó su investigación afirmó que "no se avizora otras evidencias que permitan obtener prueba".
Para el archivo se basó en una pericia realizada por el ITF en la cual la psiquiatra Irene García concluyó que las conductas del niño no necesariamente pueden ser indicadores de abuso sexual. Afirma que el niño "fue expuesto a una sucesión de preguntas sugestivas... en función de ideas preconcebidas de la madre".
Agregó que "las conductas del niño son interpretadas sin tomar en cuenta el desarrollo psicosexual infantil normal y las angustias del niño". "La masturbación y los juegos sexuales pueden formar parte de las conductas esperables para la edad y pueden verse estimuladas por las angustias del niño, sin que sean por si mismo indicadores o sugestivos de abuso sexual".
El abogado Adrián Barceló que trabaja en el caso con su colega Gisella Aguilar afirmó que para realizar esa pericia la psiquiatra interrogó durante 15 minutos al niño.
Cuestionó que la fiscalía no tuvo en cuenta ni tomó ninguna de las siguientes medidas que fueron pedidas por la defensa: realizar pericias a los denunciados, pericias a la denunciante, pericias a los teléfonos (se solicitó por la defensa), cámara Gesell para interrogar al niño, informes médicos que constatan el abuso, citar a los médicos a declarar, informar, ampliar, analizar los video, declaración anticipada. Tampoco existió acompañamiento de la unidad de víctimas y no pidieron ninguna medida cautelar para los imputados, "ni siquiera la de constituir domicilio o no salir del país ya que viajan varias veces por año a Estados Unidos", señaló.
Como el código del proceso penal lo establece solicitaron la revisión del caso a otra fiscalía de delitos sexuales. Barceló dijo que si bien se supone que la nueva fiscal debe analizar los elementos y evaluar las pruebas, "el segundo fiscal también procedió de la misma manera”.
Se le quitó la tenencia a la madre en audiencia en la que no estuvo por no ser notificada
El abogado denunció también que el 18 de noviembre pasado se realizó una audiencia en Familia Especializada de la que la madre no fue notificada, porque existía un error en su número de domicilio, por lo que no estuvo presente. A juicio de Barceló las normas indican que debió suspenderse la audiencia sin embargo, se decidió quitarle la tenencia a la madre y entregársela a la abuela materna con el aval del padre que sí estaba presente.
Mientras el niño estaba bajo el cuidado de la abuela materna, Nadia tomó conocimiento de que llevó al menor al cumpleaños del abuelo paterno pese a que la restricción de acercarse seguía vigente. Por ese motivo en la audiencia que se realizará este jueves pedirán que se revoque esa resolución y se le entregue nuevamente a la madre.
Barceló mencionó que si bien la jueza le exhortó a la abuela a que el niño recibiera asistencia psicológica, pudieron saber luego de pedir información a INAU que recién desde el 6 de marzo, casi cuatro meses después de tenerlo bajo su cuidado empezó a recibir asistencia.
Entre las pruebas que aportarán a la justicia para probar que la abuela del niño no es garante de su integridad incluirán un chat entre la mujer y el padre del niño al que accedió El Observador en el que el hombre le dice que Nadia "está psiquiátrica" y la mujer le dice que "está esperando que le de un arranque de locura" para llamar al 911 y "hacerla internar" así él se puede quedar con el niño.
Sostienen que “querer que el niño vuelva a mantener vinculo con quien ha abusado sexualmente de él, no vuelve a la abuela una persona responsable para estar a cargo del cuidado del menor”.
Por otra parte, indicó que luego de estar casi tres semanas pidiendo audiencia en función de estos nuevos elementos que quieren aportar, lograron que se fijara audiencia para el 10 de abril pasado pero menos de 24 horas antes se les notificó que se prorrogó la audiencia para este 24 de abril.
En un nuevo escrito en el que pidieron la audiencia con urgencia, manifestaron "el repudio" a la actuación de la defensora del menor que el 7 de abril, tres días antes de la audiencia informó que tenía un viaje programado con antelación y renunció al caso. “Llama la atención que no lo haya comunicado a la sede con antelación cuando en el mes de marzo se le dio vista en dos oportunidades las cuales nunca evacuó”.
En ese escrito Barceló denunció que la mutualista dio marcha atrás en el "tajante informe" que había presentado inicialmente y presentó otro en el que se contrapone con lo que ellos mismos constataron e informaron anteriormente.
