Cada vez que una persona quisiera salir o entrar al país a partir del próximo sábado 15 en su vehículo particular tendría que rellenar un formulario online con una serie de datos personales de forma previa. Sin embargo, la puesta en marcha del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API, por su sigla en inglés) y de Registro de Nombres de Pasajeros –que empezaba a regir este sábado– fue postergada por 180 días a pedido de las empresas de transporte.
Es que el decreto que establece la información que es necesario cargar, los tiempos y otros detalles de la implementación recién se publicó este 10 de febrero y las empresas no tuvieron tiempo para ponerlo en marcha. La idea del Ministerio del Interior, según dijeron fuentes de esa cartera, era tener el decreto publicado en octubre del 2024 pero como los tiempos de la administración pública no siempre son los deseados por sus funcionarios, la norma recién quedó pronta hace cuatro días. Al decreto con la postergación solo le faltaba la firma del presidente Luis Lacalle Pou, según dijeron a El Observador fuentes del gobierno.
El texto no solo establece la información que tienen que enviar las empresas de transporte comercial de pasajeros –ya sea por vía fluvial, marítima, aérea o terrestre– y los particulares que viajen en vehículos propios –sean autos, aviones privados o embarcaciones– sino también las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento.
Las empresas deben enviar una serie de datos al Ministerio del Interior –que varía según el medio de transporte– y también datos de los pasajeros que viajarán. En caso de incumplir con la información y los tiempos establecidos para presentarlo las empresas pueden ser sancionadas con hasta $ 180 mil (en caso de incumplir más de 20 veces en un año).
Para los particulares no hay sanciones y tienen tiempo de llenar los datos hasta el momento de cruzar la frontera. El Ministerio del Interior habilitará una web donde se deberá realizar la precarga de los datos que incluye información como nombres, apellido, matrícula del vehículo, fecha de salida, de llegada, cantidad de pasajeros a bordo, número de documento de viaje, entre otros datos.
Este cambio, que ahora se postergó por 180 días, es un nuevo paso en la implementación del Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay (Sigmu) que rige desde noviembre del año pasado y que implica una serie de cambios en los puestos fronterizos con el objetivo de mejorar la seguridad.
Se trata, además, del sistema que se financia a través de un adicional en el precio que se paga en cada pasaje de Buquebus y Colonia Express. Ese adicional (de US$ 2,10 más IVA por pasaje) se empezó a cobrar en mayo para todos los tramos adquiridos que se realicen a partir de este viernes 14 de febrero. La fecha del 15 de febrero para implementar el sistema de Información Anticipada de Pasajeros estaba pensado en función del comienzo del cobro de los US$ 2,10 más IVA.
Ese adicional generó una intensa discusión entre oficialismo y oposición sobre si se trataba de un “precio” o una “tasa” y generó hasta una demanda de las empresas de transporte marítimo.
Se trata de un moderno sistema que se aplica a todos los puestos fronterizos pero que se financia solo a través de Colonia Express y Buquebus. ¿Por qué solo se le cobra a esas empresas? Porque se trata de una iniciativa privada que presentó en 2017 Corporación América junto Dafiway. La primera es la empresa que gestiona los aeropuertos en Uruguay y este nuevo sistema implica de alguna forma extender el sistema que se usa en los aeropuertos al resto de los puestos fronterizos.
Desde el Ministerio del Interior aseguraron a El Observador que al estar pensada por la empresa que gestiona los aeropuertos, se planteó cobrarle a las empresas marítimas. Sin embargo, si bien tenía ventaja en la licitación por haber presentado la iniciativa, finalmente el negocio fue adjudicado a Veridos, un consorcio con representantes mexicanos y alemanes, y las condiciones de financiamiento ya no se podían modificar.
¿Qué cambios trae el Sigmu?
La recopilación de esta información, que se guarda en los servidores del Ministerio del Interior en el Data Center de Antel, permite hacer control de listas (saber si alguien tiene alerta de Interpol, por ejemplo) y el nuevo sistema también incluye, entre otras cosas, 8 nuevos body scanners.
Dos ya están instalados en los puertos de Montevideo y Colonia y los otros seis comenzarán a ser instalados a partir de la próxima semana en el Aeropuerto de Carrasco, Laguna del Sauce y los aeropuertos de Carmelo, Rivera y Salto. Se tratan de máquinas que realizan una especie de tomografía a las personas y permiten detectar si lleva no solo metales sino cualquier otro elemento como drogas.
No todas las personas que salen del país por esos puntos fronterizos deberán pasar por los body scanners sino que se hace un análisis de riesgo. Hasta ahora, según explicaron fuentes del Ministerio del Interior, si la Policía detectaba que una persona tenía un perfil de riesgo y quería hacerle esa tomografía debía enviarla al Hospital Maciel. Si no se encontraba nada esa persona perdía el vuelo y podía demandar al Estado.
El gobierno viene intentando renovar el sistema de control migratorio desde 2017. La anterior administración realizó dos licitaciones, una declarada desierta en 2018 y otra clausurada por el actual gobierno en 2020 por el entonces ministro Jorge Larrañaga.
Finalmente en 2022 se realizó una nueva licitación que fue adjudicada a Veridos. Esa adjudicación fue observada por el Tribunal de Cuentas porque la empresa depositó la garantía luego de la fecha estipulada. De todos modos, el Ministerio del Interior decidió reiterar el gasto y seguir adelante con el proceso.
Este sistema, que extiende los controles que hoy se hacen en los aeropuertos a todos los puestos fronterizos, comenzó a funcionar en noviembre del año pasado.
“Sigmu incluye 180 puestos de control actualizados con lectores de documentos, más de 50 dispositivos móviles para controles de campo, pasarelas biométricas automáticas (donde las personas pasan con el documento sin la necesidad de un funcionario) y ocho body scanners para la detección de sustancias ilegales. Además, permitirá compartir información en tiempo real con bases de datos regionales e internacionales, como Interpol, mejorando la capacidad de respuesta ante potenciales riesgos de seguridad”, dice la web de Presidencia sobre la puesta en marcha del nievo sistema.
