Los titulares de la compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A denunciaron por estafa y apropiación indebida a un corredor de bolsa que captaba inversores y que quedó al descubierto luego de comprobarse que falsificó los estados contables y se apropió de parte de lo invertido.
El penalista Jorge Barrera, en representación de Pérez Marexiano, radicó la denuncia en la seccional policial 14, que se espera sea derivada a una fiscalía especializada de delitos económicos. A su vez, un grupo de unos 15 damnificados consultó al abogado Ignacio Durán quien prepara otra denuncia contra el corredor de bolsa. Esos inversores se encontraron con que la totalidad o parte de su dinero desapareció.
Las maniobras apuntan al corredor de bolsa Ignacio González Palombo. El hombre era el encargado de recibir dinero por parte de clientes e invertirlo en acciones de empresas multinacionales a cambio de determinades rentabilidades que variaban dependiendo del riesgo que esté dispuesto a tomar la persona.
Según supo El Observador, en la denuncia presentada por la empresa, se maneja que ingresaron a las cuentas de la sociedad de bolsa más de US$ 13 millones y se registraron retiros por parte de esos clientes por más de US$ 5 millones.
Las maniobras quedaron al descubierto al tomarse conocimiento por parte de algunos de los clientes que los estados contables que se les enviaban no correspondían con las operaciones que se registraban en la empresa. Según señalaron los denunciantes, los clientes recibían un estado de cuenta con sus ganancias que era falso y que no era emitido por Pérez Marexiano.
Al constatarse esa situación, saltó la diferencia entre lo que los inversores tenían en su portafolio y lo que figuraba en la empresa. Así por ejemplo surgieron pruebas de que el corredor de bolsa le entregaba a los clientes comprobantes falsos donde figuraba el giro de una cifra de dinero que correspondía a otro cliente o que se le adjudicaban fondos a la cuenta que tenía en la empresa.
Algunos de los inversores notaron que en los últimos meses hubo cierto desorden con el tema de los pagos. Uno de ellos contó a El Observador que el año pasado debía recibir US$ 3.500 pero le transfirieron US$ 7.000 y, cuando dijo que había dinero que no le correspondía, desde la empresa acusaron que hubo “una confusión”.
La empresa tenía el listado de clientes que operaban en bolsa ya que cada sociedad está obligada a conocer los datos de los inversores pero no decidía los valores a comprar por los clientes. Esa decisión la tomaba González, quien no era empleado de Pérez Marexiano ni trabajaba en esas oficinas, más allá de que los clientes relataban que lo veían en el local ubicado en Carrasco, por ser un intermediario entre la sociedad y los inversores.
En la denuncia se pidió el embargo genérico del denunciado y se menciona a Tamara Taube, quien tiene un podcast junto a González en los que recomiendan inversiones.
Los damnificados relataron que tanto uno como la otra se presentaban como representantes de la empresa y utilizaban mails truchos de la firma. Entre los clientes que captaban figuraban numerosos extranjeros y también integrantes de la colectividad judía.
Según dijeron otras fuentes vinculadas al caso a El Observador, los problemas que se agudizaron en el último año, comenzaron un tiempo antes cuando el intermediario empezó a perder clientes producto del auge de las inversiones digitales como criptomonedas.
A partir de ese momento, González empezó a hacer una especie de “calesita”, y a utilizar las inversiones de algunos clientes para pagarles a otros. Esa circulación, de millones de dólares, en determinado momento se cortó y esto provocó que entrara en problemas de cesación de pagos.
Amenazas desde México y Argentina
Según supo El Observador en los últimos días, cuando los impagos se agudizaron, el corredor recibió amenazas desde México y Argentina. Varios de los inversores son de esas nacionalidades y se encuentran entre los damnificados. La mayoría de estas inversiones no se canalizaron a través de la bolsa, sino que el dinero se colocó en otros rubros vinculados al trading.
En uno de los casos le enviaron la amenza por WhatsApp afirmando que sabían a qué colegio acudían sus hijos diariamente.
En tanto, en uno de los últimos mensajes, enviaron: “Te voy a encontrar tarde o temprano”, además de que volvieron a apuntar contra los menores al decir que “nunca van a estar seguros”.
Negociaciones
Por otra parte, el abogado Durán aún no presentó la denuncia porque entre sus clientes había algunos que preferían recuperar lo invertido y no presentar penal denunciar.
Durán dijo a El Observador que desde la empresa se les informó que estaban dispuestos a devolverles lo invertido con capitales propios, siempre y cuando figuraran en los listados de la empresa pero que no estaban dispuestos a incluir en el listado a los que hayan invertido por fuera.
El abogado agregó que si bien entiende por el momento que la responsabilidad penal recaen sobre el corredor de bolsa y la mujer que trabajaban con él, a la empresa si le pueden caer resposabilidades civiles.
Durán mantuvo este martes conversaciones con Barrera intentando obtener la devolución del dinero invertido por sus clientes.
A su vez, un grupo de acreedores de la empresa aseguraron que "desde la empresa corredora de bolsa no se quieren hacer cargo del actuar de sus empleados". "Hay más de 250 damnificados que todavía no saben que su dinero se perdió", consideraron en un comunicado al que accedió El Observador.
El caso guarda similitud con la estafa que se denunció en de Baeremaecker y Perera Corredor de Bolsa por la faltante de entre US$ 3 y US$ 10 milllones.La empresa denunció que se trató de una empleada infiel que hacía diferentes artimañas para ir retirando dinero de las cuentas de los clientes.
En ese caso, la mujer reconoció un delito continuado de estafa en reiteración con un delito de apropiación indebida y fue condenada a 24 meses de prisión, a través de un proceso abreviado.
El fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez archivó la causa en lo referente a la participación del corredor de bolsa Carlos Perera por entender que “no existen elementos que puedan sostener un proceso penal con razonable probabilidad de obtener una sentencia de culpabilidad favorable al Estado”.
