El Ministerio de Defensa Nacional pasó a retiro obligatorio al capitán Nelson Duarte, quien tomó notoriedad pública por las sanciones y persecuciones de las que fue objeto por denunciar irregularidades, ilegalidades y actos de corrupción dentro del Ejército.
La resolución fue firmada por el ministro Armando Castaingdebat el 24 de enero y se efectivizó el 1 de febrero.
El retiro obligatorio se justifica, según el texto de la resolución, en que Duarte fue calificado como “no apto” en cuatro años de su carrera militar: 2004, 2015, 2016 y 2021.
“Se hicieron todos los pasos, todos los procedimientos. Ya terminó. Después podemos discutir: ¿será justo? ¿No será justo? ¿Tendrá la razón? ¿No tendrá la razón? Hoy es un capítulo terminado porque se terminaron las instancias de reclamo o apelaciones”, dijo Castaingdebat el martes 4 en el programa Desayunos Informales.
Sin embargo, la abogada de Duarte, Natalia Martínez, que también es su esposa, dijo que la resolución del Ministerio es ilegal, por varios motivos.
Por un lado, y aunque en el expediente consta que se le debía dar vista a Duarte antes de decidir su retiro obligatorio, eso no ocurrió. La abogada sostiene que eso violó las garantías del proceso.
Por otro lado, sostiene Martínez, las calificaciones a las que se apela para determinar el retiro obligatorio, no están firmes.
“Hay un recurso contra las calificaciones del 2017 al 2021 presentado ante Presidencia. La asesora letrada del Ministerio de Defensa dice que no hay recursos pendientes y que por eso hay que pasarlo a retiro. Pero no es cierto lo que dice”, afirmó la abogada.
De hecho, en uno de los folios del expediente, una funcionaria de la sección jurídica del Ministerio recuerda que el recurso presentado por la defensa de Duarte está en la órbita de Presidencia, que aún no se expidió, “por lo que no quedó firme”.
“Por ende –agrega- quien suscribe sugiere poner en bandeja de espera los presentes obrados, hasta que no se resuelva el mencionado expediente”.
Castaingdebat dijo que se procedió al retiro obligatorio porque se entendió finalmente, más allá de la opinión de la funcionaria citada, que el recurso ante Presidencia “no tiene efectos suspensivos”.
Denuncia verdadera
El pasaje a retiro obligatorio es el corolario largamente anunciado de la desigual lucha que enfrentó Duarte contra los mandos del Ejército desde hace más de una década.
En 2013, siendo teniente, denunció que desde hacía años personal militar se empleaba irregularmente para instalar las piscinas de la empresa Akesse, sin que existiera ningún convenio vigente en ese sentido. Los pagos los recibían oficiales fuera de todo contralor y contabilidad. Duarte denunció también que en su unidad se fabricaban porteras para la carpintería de un coronel y se traían bebidas de contrabando del Chuy en vehículos militares.
El Ejército montó una investigación interna más destinada a descalificar a Duarte que a aclarar los hechos. A pesar de todo, las denuncias se demostraron ciertas. Pero salvo algunas sanciones menores, nadie pagó por las irregularidades y el caso no fue remitido a la justicia. En realidad, el único realmente perjudicado fue Duarte, que a partir de ese momento comenzó a padecer todo tipo de sanciones, traslados y humillaciones, y estuvo una década sin lograr un ascenso.
En 2021 Duarte presentó otra serie de denuncias, con filmaciones y fotos de hechos de contrabando –cargamentos de refrescos y bebidas alcohólicas se depositaban en el despacho del jefe del Comando de Apoyo Logístico del Ejército- y otras irregularidades en el uso de combustibles y neumáticos.
La historia se repitió. Solo Duarte se vio perjudicado por la denuncia. A partir de este momento, al oficial se le impidió presentarse en su lugar de trabajo. Se le pagaba el sueldo para que se quedara en su casa. También fue sancionado con un mes de arresto a rigor por presentar su caso en televisión.
En 2024 se le dio el primer ascenso desde sus denuncias, permitiéndole acceder al grado de capitán. Sin embargo y al mismo tiempo, se aceleró el proceso para obligarlo a retirarse.