Al filo del plazo, el astillero gallego Cardama –seleccionado por el gobierno para construir dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada– presentó este viernes ante el Ministerio de Defensa dos avales bancarios con los que busca cumplir la última exigencia para poner en marcha el proyecto.
Fuentes oficiales dijeron a El Observador que se trata de dos avales emitidos por “bancos europeos” que serán analizados “a contrarreloj” por el Poder Ejecutivo y el estudio de abogados Delpiazzo, contratado por el gobierno para asesorar legalmente en la compra.
Además de los avales, Cardama pidió a Defensa que le envíe el número de la cuenta bancaria ya que estaba “tratando” –ese fue el verbo que emplearon en la comunicación– de depositar “total o parcialmente” el dinero.
La compra de los buques supera los US$ 90 millones (82,3 millones de euros). El contrato entre el astillero y el gobierno, firmado el 15 de diciembre, estableció en uno de sus artículos que la empresa contratada debía constituir una garantía fiel cumplimiento por el “importe del 5% del total del contrato”, es decir unos US$ 4,5 millones.
En el gobierno entienden que si el dinero ingresa sin problemas antes que terminen de analizar los avales, será suficiente para que comiencen a correr los plazos de construcción de los buques previstos en el contrato. Son 18 meses para entregar el primero y 12 más para el segundo.
En caso que los avales sean rechazados y el astillero no deposite el dinero, el contrato se dejará sin efecto.
El martes 3, el ministro Armando Castaingdebat le había dado 72 horas –que se vencían este viernes– al astillero para conseguir el dinero luego que Abitab rechazara otorgarle un préstamo por ese monto. El titular de Defensa había expresado a principios de agosto que la demora de la empresa en abonar el aval era un tema que “ya no da para más".
La compra –y las dificultades para constituir las garantías– tiene alerta y causa preocupación en la oposición. La senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo, dijo en los últimos días que estaban dispuestos a solicitar la “anulación” de la adquisición porque la negociación fue “mamarrachesca”.
En enero, el astillero buscó obtener una fianza en el Banco de Seguros del Estado (BSE) pero dejó en stand by la solicitud tras una negativa del departamento comercial de flexibilizar las obligaciones, según informó El Observador en ese momento.
Previamente, un informe contratado por marineros retirados a la consultora Dun & Bradstreet (una firma estadounidense dedicada a evaluar el riesgo crediticio y la solidez de las empresas) había señalado que Cardama tenía “riesgo de quiebra empresarial alto”.
Tres años de idas y vueltas
Este proceso de compra de OPV para la Armada se inició en diciembre de 2021, cuando Lacalle Pou anunció la voluntad del gobierno de realizar un llamado internacional que fue declarado desierto porque los precios ofertados superaron los montos que el gobierno podía pagar.
Tras ese llamado el Poder Ejecutivo evaluó incorporar dos buques noruegos usados similares a las OPV, pero desistió tras un informe de los técnicos de la Armada.
En ese entonces, en abril del año pasado, la Marina convocó a algunos astilleros a presentar nuevas ofertas y tras un análisis técnico –que provocó que uno de los contralmirantes pidiera pase a retiro– eligió a Cardama.
Los gallegos nunca construyeron buques de este tipo y su capacidad técnica y financiera ha sido motivo de controversia.
De hecho, en 2016 intentaron vender un buque similar a la Armada y el almirante Jorge Jaunsolo viajó a ver el astillero. En agosto del año pasado dijo a El Observador que era de menor porte que el Dique Nacional, sin dique seco y destinado a barcos de pesca. “Lo único que vi ahí fueron pesqueros”, recordó.
