En mayo de 2021, el por entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó un decreto para que las personas con discapacidad viajaran gratis en el transporte suburbano e interdepartamental. Sin embargo, hasta ahora, esta normativa prácticamente no se aplicó con la excepción de casos amparados por la Justicia.
El decreto reglamentó, once años después, la ley 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad. La ley de 2010 dice en su artículo 83: "Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación".
El decreto de 2021 dice que, tanto en el transporte suburbano como interdepartamental, las empresas deben realizar el "traslado gratuito con derecho a asiento y/o al lugar reservado para personas con discapacidad, por vehículo".
También indica que para acceder a este beneficio, los interesados tienen que gestionar previamente el carné de transporte gratuito para personas con discapacidad. Si bien el carné lo deben dar las empresas de transporte, necesita estar acreditado por una certificación del Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas del Ministerio de Salud Pública.
El carné, que es válido para todas las empresas, se mantiene vigente "de acuerdo a la transitoriedad o permanencia de la discapacidad" según determine el ministerio. Las empresas deben controlar el mal uso del carné.
¿Por qué no se aplica?
Durante el gobierno de Lacalle Pou, el ministro de Transporte y Obras Públicas empezó siendo Luis Alberto Heber, pero tras la muerte de Jorge Larrañaga, en mayo de 2021 pasó al Ministerio del Interior. Lo reemplazó José Luis Falero.
Según fuentes de la pasada administración del ministerio, la normativa se implementó, pero de manera limitada y cuando lo exigía la Justicia.
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Foto: Inés Guimaraens
Dijeron a El Observador que hubo personas que plantearon acciones de amparo ante el Poder Judicial, porque que se les negaba la gratuidad del boleto, y la Justicia obligó a las empresas y al ministerio a asegurarle el derecho.
De acuerdo a estas fuentes, el problema en la norma es que no se puede exigir a las empresas que se cumpla porque el texto no tiene sanción prevista. Además, agregaron que no existe una definición de los requisitos para ser considerado como discapacitado.
Subrayaron también que hay otro factor que dificulta la implementación: el costo que supone financiar estos boletos. Dijo que alguien tiene que asumirlo, ya sea las empresas o el Estado. Y en este sentido, recordó que el Frente Amplio aprobó la ley en 2010 y nunca la reglamentó.
¿Qué va a hacer el actual ministerio?
Este martes 8 de abril, la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, firmó un decreto que justamente hace referencia a este tema. El texto apunta al artículo 83 de la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad y a que el decreto de 2021 expresaba "parcialmente las condiciones" en las que se debe aplicar la ley.
El decreto crea una comisión interinstitucional con el objetivo de hacer "recomendaciones imprescindibles" para que se cumplan los derechos de la ley de 2010.
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La futura ministra de Transporte, Lucía Etcheverry
La comisión estará integrada por un representante titular, y un alterno, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública, y del Banco de Previsión Social. Además, podrá pedir opinión a otros organismos e instituciones.
Transporte y Obras Públicas, que está encabezado por Lucía Etcheverry, presidirá la comisión. Contará con un plazo de 90 días desde su constitución para presentar las recomendaciones.
