La firma del contrato para la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí, el balneario de San José, continúa provocando diferencias entre el oficialismo y la oposición.
El tema es uno de los asuntos que deberá resolverse en la transición, ya que el presidente Luis Lacalle Pou ha transmitido que pretende firmar el contrato aunque negociará con Yamandú Orsi algunas modificaciones.
Cuáles serán esos cambios es algo que aún no está definido. El Observador informó en diciembre que Aguas de Montevideo –el consorcio promotor de la iniciativa– manejaba varias opciones, entre ellas achicar o quitar la reserva de agua bruta que se construirá en la zona de la planta.
A su vez, el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, encomendó a su equipo que hagan informes sobre la iniciativa y en los últimos días recibió un documento –elaborado de forma independiente– por el ingeniero civil Danilo Ríos, que fue gerente general de OSE entre 2006 y 2015.
En el trabajo, Ríos evalúa alternativas para mejorar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana y discute sobre la noción de “segunda fuente” que se ha instalado para justificar la construcción de Arazatí.
Su publicación por parte de El Observador este martes, motivó una respuesta del actual gerente general de OSE, Arturo Castagnino, en la que defiende el proyecto y asegura que la firma del contrato es “imprescindible” para darle robustez al sistema de Montevideo y Canelones.
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Una entrevista a Arturo Castagnino, gerente general de OSE
La nueva planta
El también ingeniero civil celebra que se “reconozca” que es necesaria una “nueva planta potabilizadora” para la zona metropolitana aunque cuestiona que se haga “luego de ignorar olímpicamente el problema”.
“Han ignorado el problema desde hace años. En el estudio de Aguasur de 2013, lo ignoraron eligiendo la solución Casupá, que no era una planta potabilizadora sino un embalse de agua bruta”.
La mención refiere a que en 2019, meses antes de dejar el cargo, Tabaré Vázquez le entregó a Lacalle Pou el proyecto de OSE para la construcción de la represa en Casupá surgido del estudio encargado a la consultora Aguasur.
Castagnino asegura que esa solución no costaba US$ 100 millones –como se ha dicho– sino US$ 260 millones (que serían hoy US$ 350 millones), una cifra mayor al costo de Arazatí (US$ 300 millones).
“La guerra contra el Río de la Plata, la soberbia de no querer aceptar su perpetuo error de enfoque [2013], la frenética terquedad de insistir con otras soluciones con nuevos bombeos, utilización de reservas de agua potable con las que ya se cuenta, y ahora sí, reconociendo que es necesaria una nueva planta potabilizadora además de la Usina de Aguas Corrientes, y todo en torno a Casupá, es la constante”, escribe.
Si bien le da la bienvenida al debate, el gerente general de OSE señala que “a estas alturas”, la firma del contrato es “imprescindible”. “Al paso que vamos sin firmar el contrato, mañana alguien afirmará que habría sido detectado el virus vivo del VIH en las aguas del Río de la Plata en Arazatí y habría nuevamente que ingresar en el debate”, ironiza.
A su entender, durante estos cuatro años, todas las dudas fueron evacuadas con “sólidos argumentos” de forma “seria y formalmente”.
“Todo tiene un límite, por virtud de la urgencia y del peligro en el que la región metropolitana se encuentra por la inseguridad del sistema de abastecimiento público de agua potable”, dice y pide evitar “una tragedia sin precedentes para el país”.
A diferencia de lo que plantea Ríos, Castagnino entiende que primero debe hacerse Arazatí y luego Casupá.
La “fuente”
El ingeniero civil reitera que no considera “suficiente” que la zona metropolitana se alimente solo de la cuenca del río Santa Lucía y cuestiona el argumento con el que Ríos define qué es una “fuente de abastecimiento”.
El exgerente general de OSE señaló que una fuente se define por el “punto de captación” (la toma de agua) y la “cuenca que lo abastece”, algo que Castagnino considera una “sorprendente y esotérica” explicación.
“Que una parte o punto de la cuenca no es la cuenca, sería como explicarle a las personas que, viviendo uno en el mismo barrio de siempre, la localización del domicilio de toda la vida no estaría ubicado ya en el barrio, sino en un lugar, que si bien es una parte del mismo, no debería señalársele como localización emplazada en el barrio, por virtud de que existen otras zonas que también pertenecen al mismo barrio”, señala.
Concluye que es un “soberbio e inaudito dislate” que responde al “afán de sostener el error de enfoque de la ‘solución Casupá’” seleccionada años atrás.
Al oeste
En otro pasaje de su respuesta, Castagnino aborda la propuesta de Ríos de llevar la toma “más al oeste”.
Dice que es una muestra de que “en última instancia” los “opositores” también están de acuerdo con el proyecto aunque cuestiona que no se hable de los nuevos costos que tendría trasladar la toma. “Como si bastara con las ‘ideas’ sin hacer referencia a tiempos y dineros públicos necesarios para cumplir con el capricho”, sentencia.