La Policía uruguaya tendrá intercambios de experiencias y normativas con los Carabineros de Chile sobre la estrategia de ese país sudamericano para erradicar la violencia en el deporte, luego de una recomendación del exfutbolista Diego Lugano al ministro del Interior, Nicolás Martinelli.
El exjugador de la selección uruguaya y el secretario de Estado coincidieron "en un evento", y Lugano le habló sobre la experiencia Chile para mejorar la estrategia en el combate a la violencia en el deporte, confirmó el propio Martinelli a El Observador.
Según informó Búsqueda, Martinelli contó esta sugerencia en la Cumbre de Ministros de Interior y Seguridad del Mercosur, realizada la semana pasada en Montevideo, en la búsqueda de acuerdos para "tomar medidas concretas para erradicar la violencia en el deporte" con los países del bloque.
En la reunión estuvo presente Marcelo Araya, nuevo director de los Carabineros de Chile. Martinelli y el jerarca chileno conversaron sobre la idea de Lugano y acordaron informalmente que las policías de ambos países "intercambiaran experiencias y normativas" en la materia, detalló el ministro.
El modelo de Chile para combatir la violencia en el deporte
Chile reglamentó hace algo más de una década la Ley N° 19.327 para combatir la violencia en el deporte. Reglamenta determinadas exigencias para la habilitación de los estadios, la lista de inhabilitados para acceder a espectáculos deportivos (su "lista negra"), la calificación de los partidos por nivel de conflictividad, y los protocolos para el ingreso de artículos de animación –como banderas, globos y pirotecnia–.
En lo que respecta al fútbol, la ley marca que cada evento deportivo debe ser organizado por el club locatario y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) chilena, que nombran a un jefe de seguridad privada para cada operativo.
Este jefe estará en comunicación con un jefe de servicio designado por los Carabineros, que salvo situaciones excepcionales no ingresan a los estadios –como en Uruguay– y se encargan de los controles en el perímetro.
Según supo Referí, la principal normativa de la estrategia chilena que destaca Lugano es la que pena los vínculos entre los directivos de los clubes y las barras. El artículo 10 de la ley "prohíbe a las personas naturales que representen legalmente a organizaciones deportivas, a los miembros del directorio o accionistas de sociedades anónimas deportivas y a los dirigentes, jugadores, miembros del equipo técnico y demás funcionarios de una organización deportiva entregar personalmente o por interpósita persona cualquier tipo de financiamiento o apoyo económico o material a los hinchas o simpatizantes de un club de fútbol".
Además, prevé penas si estos integrantes de los clubes dan "cualquier contribución en dinero o estimable en dinero a hinchas o simpatizantes de un club de fútbol, para incidir en decisiones deportivas o electorales al interior de una organización deportiva". La legislación obliga a los clubes a registrar todo tipo de aporte económico a las hinchadas, con el riesgo de pagar multas en caso de omisiones.
A pesar del destaque de Lugano, en los últimos años se han registrado varios casos de violencia en el fútbol en Chile, lo que ha llevado al Parlamento de ese país a plantearse la posibilidad de reformular la Ley N° 19.327.
"Se ha podido revelar que la legislación vigente no ha sido capaz de resolver y cumplir con los objetivos que esta misma señala, toda vez que la violencia en los estadios no ha disminuido y por el contrario, se ha encontrado al alza en estos últimos años", se lee en una memoria de grado publicada en marzo por el Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, difundida por Búsqueda.
