Una vez desplazadas las autoridades de Conexión Ganadera en el marco del concurso necesario decretado por el juez Leonardo Méndez, el mando del conjunto económico quedó a cargo del síndico Alfredo Ciavattone, quien tomó las primeras decisiones. Una de ellas, autorizada por el juez, fue pedirle al Sistema Nacional de Información Ganadera (S.N.I.G.) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que brinde un detalle pormenorizado de los lugares físicos, donde se encuentra el ganado indicando la cantidad, localización y categoría de los animales.
Según el escrito al que accedió El Observador, el síndico identificó siete empresas y personas vinculadas al grupo economico que tenían ganados consignados: Conexión Ganadera Ltda., Hernandarias XIII S.A.G.R.L., Gustavo Basso, Sucesión Gustavo Basso, Don Coraje sociedad colectiva, Pablo Carrasco, Ana Lewdiukow y Daniela Cabral, la viuda de Basso.
Ciavattone señaló que Conexión Ganadera en calidad de administradora, "recibía sumas de dinero aportadas por los clientes generándose una renta anual". Agregó que la "actividad generadora de la renta se llevaba a cabo a través diversos tomadores", la principal era Hernandarias XIII S.A.G.R.L. la que también entró en concurso de acreedores necesario pero también se celebraban con "otros tomadores (...) vinculados directa o indirectamente a Conexión Ganadera".
Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, socios de Conexión Ganadera
Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, socios de Conexión Ganadera, en la primera audiencia del caso
Foto: Inés Guimaraens
Asesoramiento de expertos independientes
El síndico le pidió también al juez la designación de expertos independientes que lo asesorarán para la valoración de los bienes que tenga la empresa y puedan formar parte del patrimonio (masa activa) a ser rematado en caso de liquidación de la empresa para pagarle a los acreedores.
En ese sentido Ciavattone pidió designar al rematador Héctor Bavastro para que lo asista en la realización del inventario y el valor de los bienes y al contador Sebastián Pedrozo que auxilie en la tarea de la gestión diaria de la empresa en funcionamiento.
Argumentó que la propia ley de concurso establece que “cuando la complejidad del concurso así lo exija", el síndico podrá pedirle al juez la designación de auxiliares.
"La especial complejidad de las funciones a encomendar al auxiliar resulta de considerar el número de empleados, la pluralidad de establecimientos donde la concursada desarrolla su giro, las numerosas y especiales relaciones comerciales que genera la actividad económica que se desarrolla, la estrecha vinculación con otras organizaciones empresariales, así como la especial particularidad de los activos a administrar", argumentó el síndico.
Por otra parte, el síndico pidió el pago anticipado de lo que se le debe a los trabajadores de Conexión Ganadera y argumentó que así lo establece la ley que autoriza a pagar cuando existan "recursos líquidos suficientes o bienes fácilmente realizables en la masa activa y siempre que la disposición de los mismos no afecte la viabilidad de la continuación del giro" de la empresa.
En una resolución que el juez Méndez dictó este jueves autorizó la designación de los expertos independientes. En el caso del contador especificó que su retribución será equivalente al 30% de la correspondiente a la sindicatura y a su cargo y también autorizó el pago a los trabajadores.
Embargo e intervención de las comunicaciones
Al decretar el concurso el juez Méndez dispuso un embargo de US$ 250 millones contra Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Basso, Daniela Cabral, los tres socios de Conexión Ganadera.
Esta medida cautelar se tomó al entender que los tres no solo son personas "estrechamente vinculadas a la administración" de las dos empresas, sino que también "tenían conocimiento del estado de insolvencia de las deudoras", y que luego de acceder al concurso "surge evidente" que su activo "no resulta suficiente para satisfacer el pasivo" de la compañía.
Aunque el juez aclaró que "no puede determinarse con fehaciencia el pasivo definitivo", algo que se esclarecerá en "la etapa de verificación de créditos e inventario", la cifra fue estipulada por las declaraciones del contador Ricardo Giovio, contratado por Conexión, en la reunión virtual con los inversores realizada semanas atrás.
El juez también fijó a la junta de acreedores de las dos empresas afectadas para los días 19 y 20 de agosto de 2025.
El decreto fue publicado minutos después de que la jueza de Crimen Organizado Diovannet Olivera dispusiera medidas cautelares contra los tres socios de Conexión Ganadera: por 180 días no podrán salir del país, deberán fijar domicilio y ya entregaron sus documentos de viaje.
Esa medida también fue dispuesta por el juez de concurso que les prohibió salir del país sin autorización del tribunal y dispuso la intervención de sus comunicaciones vinculadas con las empresas, lo que ya fue pedido a la Ursec.
