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23 de enero 2025 - 15:49hs

La Justicia decidió revocar la prisión domiciliaria dictada para el subcomisario Ricardo Zabala, único procesado por el asesinato de Cecilia Fontana de Heber en la dictadura militar.

Tal y como informó El Observador la semana pasada, Zabala había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria alegando problemas de salud.

Sin embargo, el abogado de la familia Heber, Javier Barrios Bove, publicó en su cuenta de X que la medida fue revisada y se decidió dejarla sin efecto, por lo que Zabala fue conducido a la cárcel Domingo Arena. “¡Primó la sensatez!”, agregó el defensor.

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La Justicia entendió que el domicilio que declaró Zabala para transitar la prisión domiciliaria, en La Coronilla, no era el que fue aportado en el expediente de la causa.

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En lo que respecta a la salud del hombre, las autoridades entendieron que no era lo mismo estar Maldonado cerca de un centro asistencial, que en La Coronilla “a más de 20 kilómetros de una policlínica de su prestador de salud”, según Barrios Bove.

“En el caso de un agravamiento de su salud, existen más recursos médicos en Montevideo que en La Coronilla”, agregó el abogado en su posteo.

Además, se resolvió que dada la cercanía con la frontera “hacía dificultosa una efectiva respuesta de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, en un supuesto caso de violación a la prisión domiciliaria, con el riesgo que ellos conlleva para el proceso”.

Otros implicados impunes

Zabala había sido procesado con prisión en octubre, 46 años después de uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura. El exagente revistaba en el Servicio de Información y Defensa del Ejército cuando el asesinato de Cecilia Fontana.

El procesamiento fue dictado por la jueza Urioste, quien lo procesó con prisión “en calidad de presunto coautor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado”.

Según el fiscal Ricardo Perciballe, Zabala integró un “grupo de conjurados” que buscó eliminar a “tres reconocidos opositores al régimen dictatorial”, con el objetivo de frustrar contactos y negociaciones que existían entre militares más moderados y políticos tendientes a buscar una salida a la dictadura.

La prueba decisiva para pedir el procesamiento de Zabala fue que tres huellas dactilares suyas fueron halladas ya en 1978 en una de las botellas, justamente la que mató a Fontana.

El hallazgo fue hecho por la Policía Técnica, pero no se lo incorporó al expediente judicial. Por el contrario, se ocultó ese dato central. Esos folios con el relevamiento de huellas hecho por la Policía Técnica recién fueron hallados en 1988, cuando el caso fue reabierto por un nuevo juez, ya recuperada la democracia.

Zabala prestó servicios en el SID, bajo órdenes de José Gavazzo. En 2012 fue procesado por el asesinato y desaparición forzada del maestro Julio Castro en 1977. El agente admitió haber apresado a Castro cuando prestaba funciones en el SID. Su procesamiento, sin embargo, fue revocado por un Tribunal de Apelaciones en 2014 que entendió que no existían pruebas que lo vincularan con la posterior ejecución del maestro.

Perciballe, en su dictamen, implicó también a otros conocidos militares en la trama del atentado de 1978 contra la dirigencia del Partido Nacional.

“No cabe lugar a dudas de que quienes estuvieron detrás de los hechos fueron el general Amauri Prantl (ex director del Servicio de Información de Defensa, SID) y José Gavazzo (ex jefe del Departamento III del SID y adjunto a la dirección), así como el director de la DNII Víctor Castiglioni y sus hombres de confianza, el comisario Hugo Campos Hermida y subcomisaro Juan Ricardo Zabala Quinteros”.

Prantl, Gavazzo, Campos Hermida y Castiglioni ya fallecieron.

Campos Hermida fue quien llevó adelante la investigación policial del caso de los vinos envenenados al momento del atentado, a pesar de que era jefe de Narcóticos y no de Homicidios. Su investigación estuvo plagada de omisiones.

Perciballe cree que todavía hay otros responsables vivos, además de Zabala.

Su dictamen señala que “es obvio que con estos también actuaron otros funcionarios de la DNII que declararon en autos, pero al presente, respecto de estos las pruebas incorporadas no nos permiten solicitar responsabilidades, por lo que a sus efectos la indagatoria debe continuar. De igual modo tampoco se descarta la intervención de civiles, fundamentalmente quienes se encontraban vinculadas a la publicación Azul y Blanco”.

Dicha revista nucleaba a su alrededor a un núcleo nacionalista ultraderechista filo nazi. Poco antes del atentado, el sobrino de uno de sus integrantes de nombre CelioRiet, compró grandes cantidades de Fosdrín, el veneno que contenían las botellas.

Riet, ya fallecido, nunca fue llamado a declarar en la investigación llevada adelante durante la dictadura.

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