La prisión preventiva por cuatro meses, pedida por la fiscalía y decretada por la jueza Marcela Vargas para Jairo Larrarte, titular de Grupo Larrarte, imputado este miércoles por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheque sin fondo, generó la convicción en el ambiente judicial de que los directores de República Ganadera y de Conexión Ganadera, correrán la misma suerte.
Larrarte fue imputado este miércoles a pedido de la fiscalía de delitos económicos, acusado de montar un negocio ficticio por medio de un esquema piramidal en el que llegó a captar ahorros de inversores por US$ 12 millones.
Para fundamentar el pedido de prisión el fiscal adjunto Leonardo Rosas, aclaró que si bien la prisión preventiva es una medida cautelar que no se estila para este tipo de delitos, marcó que este caso amerita una excepción por la afectación "severa", "grave" que tuvo el caso para los 172 denunciantes que han perdido sus inversiones y porque también afectó la "confianza pública" del sector ganadero y la "imagen país".
Rosas hizo hincapié en ese engaño que "se alimentó" por distintas estrategias de marketing como llevar a inversores a los campos para mostrarles el ganado, montar dos locales elegantes en Punta Carretas y Cordón, presentarse en ferias y exposiciones. Además apuntó a que como él mismo admitió nunca llegó a tener las más de 16.000 cabezas de ganado que figuraban en los contratos de inversión firmados. Según dijo el propio Larrarte lo máximo que tuvo fueron 8.500 o 9.000 cabezas de ganado, aunque su contador declaró que la información no permitía confirmar ese dato.
Por último, argumentó que existe un "riesgo comprobado de fuga", dado que vive en un predio rural en Rivera y a que la cercanía con la frontera le pueden dar facilidad "incluso si hace uso de prisión domiciliaria y tobillera".
Ese fue el argumento que más tuvo en cuenta la jueza para decretar la prisión preventiva. "Si usted va a Rivera con tobillera usted se puede ir", le dijo Vargas a Larrarte mirándolo. Y prosiguió: "Es de suponer que los US$ 12 millones" invertidos por los particulares y que se esfumaron "no estén en Uruguay y si va a prisión domiciliaria los puede movilizar". De esta manera hacía mención a los riesgos de fuga y de peligro para las víctimas, dos de los riesgos procesales incluidos en el Código del Proceso Penal para otorgar la prisión prenventiva.
Antes, al hacer el relato de la conducta delictiva desplegada por Larrarte desde que fundó la empresa en enero de 2021, el fiscal adscripto Franco López argumentó que se seguirá indagado la ruta del dinero y otros delitos como lavado o autolavado. Afirmó que “no puede descartarse aún el desvío de fondos hacia otras cuentas o hacia el extranjero”.
"Sabiendo que el dinero compra a la personas, que usted es una persona audaz para los negocios el evento que razonablemente (sucederá) a mí juicio es que usted se va a sacar la tobillera electrónica y se va a ir", agregó la magistrada en alusión a los riesgos. Además la jueza mencionó que Larrarte es un hombre joven y "brillante" que maneja la tecnología y desde su casa tendrá acceso a medios electrónicos.
A juicio de Vargas también pesó en su decisón el riesgo de entorpecer la investigación. Le dijo: "Hay otras personas (otros indagados) que están actuando en la vida social que usted puede torcerle su declaración", continuó.
20250409 La jueza Marcela Vargas, el fiscal Alejandro Macahdo, Jairo Larrarte y su abogado Enrique Moller en la sala, imputación a Larrarte.
Foto: Inés Guimaraens
En la audiencia la jueza le dio la palabra a los abogados para que fundamentaran sobre el pedido de la fiscalía de prisión y todos estuvieron de acuerdo en que el caso ameritaba prisión.
El abogado Jorge Barrera, que estaba en representación de cuatro damnificados y que también ejerce la defensa de Pablo Carrasco, dijo en la audiencia que el pedido de prisión "es resorte del Ministerio Público" por lo que no se opondría si la fiscalía lo consideraba pertinente.
Teniendo en cuenta que los casos de República Ganadera y Conexión Ganadera el dinero que perdieron los damnificados supera ampliamente los US$ 12 millones -son US$ 70 millones y US$ 250 millones respectivamente- y que se trata de estratagemas similares a las denunciadas en el caso de Larrarte, El Observador consultó a algunos de los abogados que estuvieron presentes en la audiencia de Larrarte y que también representan a damnificados de las otras empresas.
Uno de ellos es el abogado Santiago Alonso, quien dijoque "naturalmente que la decisión de hoy puede repercutir sobre investigaciones de similares características".
De todos modos, subrayó que es necesario recordar que la prisión preventiva "es una medida cautelar, no es una pena, que la formalización de la investigación es el inicio del proceso, y que ello no implica culpabilidad". En línea con lo que planteó en la audiencia, dónde advirtió que cometería "sincericidio" y afirmó que la prisión preventiva debe ser la excepción, cuestionó que en general los jueces la utilizan en forma excesiva ya que el proceso penal acusatorio tiene a la prisión como excepción y no como regla. De todos modos, aclaró que en este caso entiende que se debe aplicar una excepción, además dijo que era lo que sus representados le pidieron para el imputado.
Otro de los abogados que representa a damnificados de todos los fondos ganaderos, Juan Pablo Decia, dijo que "los argumentos de la fiscalía y de la jueza para decretar la prisión preventiva, son absolutamente extrapolables a la situación de los directores de República Ganadera y Conexión".
"El poder económico de los directores hace presumir con un grado importante de verosimilitud que intentarán sustraerse del proceso y darse a la fuga, a la vez de entorpecer la investigación influyendo sobre imputados y testigos", opinó y agregó que en el caso Larrarte ese poder económico está representado en los US$ 12 millones que no aparecen, "mientras que el República Ganadera son US$ 70 millones y en Conexión unos US$ 250 millones, lo que determina mayor potencia en esa línea de argumentación".
Por su parte, el abogado Daniel Piedra, también denunciante de Conexión Ganadera, coincidió en que sienta un precedente para los otros casos. Ante el argumento de que en otras estafas no se aplica prisión, señaló que no se puede comparar este caso dado que hay 172 víctimas, delitos más graves que se siguen investigando y la llamada "semiplena prueba" para imputar es contundente. Por todo eso dijo que "no le llama la atención" el decreto de prisión preventiva, ni que la defensa lo haya aceptado para luego buscar un proceso abreviado.
En la audiencia el defensor de Larrarte, Enrique Moller, argumentó a favor de la prisión domiciliaria y justificó que Larrarte se podía haber ido ya si hubiera querido, pero cuando la jueza mantuvo la prisión, el abogado no apeló.
El defensor agregó que Larrarte ha comparecido cada vez que se lo ha convocado, que está desde el 25 de setiembre con prohibición de salir del país, y tiene una activa participación en el concurso ya que desde las 5 de la mañana está en contacto con el síndico casi en forma diaria.
Además contó que se planteó un concurso sobre su persona física “y nadie se presentó a verificar créditos” y firmó el martes un escrito para que esos bienes pasaran al concurso para engrosar la lista de bienes. También se refirió al plan de acuerdo que presentó en el concurso judicial para hacer viable la empresa a futuro y devolverle el dinero a los inversores a partir del año 2028 y hasta el año 2037. De todos modos, al haber sido imputado ese acuerdo quedará por el camino.
