La asociación civil Redes Amigos de la Tierra presentó este miércoles un recurso de revocación y jerárquico ante el Ministerio de Ambiente por la Autorización Ambiental Previa (AAP) otorgada al proyecto Neptuno. Si el recurso es rechazado –la cartera tiene 120 días para analizarlo–, la asociación puede ir ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo, algo que ya tienen decidido.
La organización pide que se revoque la resolución impugnada por resultar “inconveniente, ilegítima y contraria a las normas de derecho vigentes”. “La propia resolución adoptada demuestra la inadecuación del Estudio de Impacto Ambiental presentado por las empresas integrantes del Consorcio Aguas de Montevideo al punto que en la propia resolución adoptada se imponen no menos de quince condicionantes a la autorización otorgada”, dice el documento al que accedió El Observador.
El proyecto Neptuno, una iniciativa privada que derivó en una licitación pública, busca construir una planta potabilizadora que generará una fuente alternativa de agua para suministra el área metropolitana y que tomará agua del Río de la Plata en el balneario Arazatí (San José).
El Ministerio de Ambiente otorgó la AAP a inicios de la semana pasada en el entendido que el proyecto no tiene impactos “inadmisibles” pero estableció una serie de condiciones que se deben cumplir para que se pueda ejecutar. Para la organización esas condiciones pueden tener un impacto “grave y relevante” en el medio ambiente y deberían, según dice el recurso, haber sido resueltas en forma previa a otorgarse la autorización solicitada.
La decisión de la cartera de otorgar la AAP era un paso necesario para que el Poder Ejecutivo firmara el contrato con el consorcio.
Sin embargo, el contrato aun no fue firmado y se trata de uno de los puntos de conflicto entre el gobierno entrante y el saliente ya que el presidente electo, Yamandú Orsi, manifestó tener algunos reparos con el proyecto. “Yo creo que es un proyecto que terminó mutando hacia algo que me parece que no es conveniente por el tema de los costos y el tema del pólder. Es lo que menos me convence, fundamentalmente el pólder”, dijo Orsi a Voces.
Los argumentos
Redes Amigos de la Tierra recuerda en el texto del recurso que en 2023 presentaron una acción de nulidad y suspensión administrativa contra el proyecto que todavía está en curso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). También recuerda que presentaron un documento con 215 cuestionamientos al informe ambiental del proyecto que nunca fueron respondidas.
En el recurso señala que la autorización ambiental otorgada dice que los impactos ambientales negativos cuentan con medidas factibles de ser implementadas. “De lo expuesto se desprende que las medidas pueden implementarse, sujetando su cumplimiento a condiciones no explicitadas. En cumplimiento del principio precautorio, cardinal en derecho ambiental, la implementación de las medidas de prevención y mitigación debe ser preceptiva, y no quedar sujetas a factibilidad”, apunta el documento.
También cuestionan que se hable de medidas de compensación porque implica un “daño ya realizado”. “Opera como un legitimador del daño ambiental”.
La organización también cuestiona que la AAP solo permite tomar agua desde el Río de la Plata cuando la concentración de cloruros no supere los 125 mg/l. “Dado que la salinidad del Río de la Plata es una condición absolutamente inmanejable (…) no podemos más que concluir que todo el proyecto está sujeto a una total incertidumbre en cuanto a sus volúmenes de operación”, apunta.
Para la asociación civil el acto impugnado es ilegítimo y contrario a derecho porque no se cumplió con la “consulta efectiva a los interesados, violando las normas de rango legal y constitucional, lo que constituye una violación flagrante a derechos constitucional e internacionalmente protegidos”.
