La Intendencia de Maldonado decidió crear una comisión con representantes de todos los partidos políticos que están en la Junta Departamental para analizar los pasos a seguir en el caso vinculado a Punta Ballena. Mientras la Junta Departamental estudia la propuesta popular de declarar la zona como reserva natural, el gobierno departamental espera por los movimientos de los promotores de la iniciativa privada.
“Esta es la resolución que se dictó en el día de hoy (por el 18 de febrero), que pretende tener una mirada amplia del tema en cuanto a las voces de los sectores sociales y políticos departamentales como parte de la necesidad de resolver, con la conveniencia o pertinencia que entendemos desde el Ejecutivo que se deben resolver estos temas, que es con una mirada lo más abarcativa posible”, dijo el prosecretario general de la Intendencia, Álvaro Villegas, ante la Junta Departamental.
El jerarca recordó ante la Junta Departamental que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 2001 –que confirma que determinados lotes de la zona de Punta Ballena son de los herederos de Antonio Lussich– y que hay un acto administrativo que se dictó desde el Ejecutivo. “A modo de ejemplo: la cláusula resolutoria y las instancias que se puedan abrir a partir de ese análisis”, dijo.
Villegas se refiere a un acuerdo que la Intendencia llegó con los dueños de los terrenos –por donde hoy pasa una parte de la ruta panorámica– en el que el gobierno departamental le permitía construir en la zona a cambio de que los empresarios cedieran los terrenos que por donde pasa la ruta. Ese acuerdo estaba sujeto a la aprobación ambiental que fue rechazada por el Ministerio de Ambiente.
Al caer ese acuerdo, los terrenos por donde pasa la ruta vuelven a ser propiedad de los privados.
“Lo de la comisión es, en principio y sin perjuicio de los aportes que puedan venir de los diferentes representantes tratar la sentencia, lo dispuesto judicialmente, el acuerdo alcanzado, las resoluciones, o la resolución que se ha tomado por parte del Poder Ejecutivo, y que a partir de eso se elabore un informe y sin perjuicio de cualquier otro asunto que la Comisión entienda relevante, pronunciarse o expedirse en relación a este tema”, dijo Villegas.
La Junta Departamental está estudiando una iniciativa presentada por vecinos de la zona para establecer una “servidumbre non-aedificandi” sobre los terrenos así como declarar la zona reserva natural departamental. Los vecinos juntaron firmas, las presentaron ante la Corte Electoral y ese organismo le comunicó a la Junta Departamental que las firmas eran válidas y que superaban el 15% del padrón electoral departamental.
La Junta ahora tiene que estudiar la iniciativa y definir si la aprueba o la rechaza. Todos los ediles de Maldonado están afines a la propuesta por lo que se aprobaría en los primeros días de marzo. Si la llegaran a rechazar, la Intendencia tiene que convocar a un plebiscito.
Todo este movimiento surgió a raíz de que existe una iniciativa privada que busca construir 29 edificios de cuatro pisos en la zona. Esa propuesta no recibió la autorización ambiental por lo que el proyecto no puede ejecutarse.
Sin embargo, los promotores de la iniciativa están a la espera de la resolución de la Junta Departamental para definir los pasos a seguir.
