Uno de los damnificados comenzó a operar con el corredor de bolsa Ignacio González Palombo en febrero de 2021. Este le propuso una estrategia de inversión que consistía en destinar un 80% de capital a acciones consideradas seguras y sin riesgo y el 20% restante a inversiones con un nivel de riesgo moderado. Aceptó la propuesta e invirtió US$ 40 mil a nombre de la empresa Pérez Marexiano en una cuenta del BROU.
Según supo El Observador, la denuncia presentada por el abogado Ignacio Durán que representa a unos 15 damnificados, el corredor les enviaba informes detallando las acciones adquiridas que mostraban resultado positivo y un aparente aumento sostenido del capital invertido.
Pasó un tiempo prudencial sin que se solicitaran retiros pero luego cuando se reclamaron, los intereses que se percibieron fueron esporádicos. González Palombo justificaba los retrasos en el pago de intereses indicando que "las fechas de pago dependían del tipo de acciones adquiridas que podían estar sujetas a modificaciones por la variabilidad de los mercados”.
En octubre de 2024 el cliente abrió una nueva cuenta a título personal y transfirió US$ 22.000. En ese momento el financista le pidió que transfirieran el dinero directamente a su cuenta personal. El informe en el que les detallaba las inversiones con las supuestas compras de acciones efectuadas con números irreales, resultó ser falso.
Al tomar conocimiento de la estafa descubrieron que ese monto "no fue destinado en Pérez Marexiano a la compra de acciones ni a ningún tipo de inversión real".
En otro caso, González Palombo realizó compras de productos financieros de alto riesgo, como ETF Exchange Traded Funds, sin autorización previa, conforme a los protocolos mínimos que rigen en el mercado de valores para operaciones de este tipo.
Otra clienta, al tomar conocimiento de que el valor señalado por la sociedad de bolsa no coincidía con el que realmente había invertido en dos oportunidades, concurrió a las oficianas de Pérez Marexiano en Carrasco. Como ya relataron otros inversores a El Observador, al llegar a las oficinas se encontró con González Palombo "con quien la empresa manifiesta no tener ningun tipo de vinculo", ante lo cual la denuncia plantea que deberá explicar que hacía "el supuesto corredor infiel ese día".
Al consultar a la empresa, desde la sociedad de bolsa se le informó que tenía una inversión de US$ 18 mil, cuando había transferido inversiones de US$ 30 mil y luego dos por US$ 5 mil. Finalmente, la empresa le entregó un cheque por US$ 45mil con vencimiento mayo de 2025. "¿Cómo explican los representantes de la emprea la suma puesta en el cheque cuando en la cuenta de esos clientes figura la suma de 1 dólar?", se pregunta la denuncia.
Cruce de denuncias y actuación del BCU
Hasta ahora la primera denuncia fue presentada por la propia empresa Pérez Marexiano que alegó tener total desconocimiento de las maniobras del corredor, dijo que se enteró de que les entregaba informes falsos cuando empezaron a presentarse en sus oficinas los inversores estafados y sostuvo que ni González Palombo ni Tamara Taube, también mencionada en las denuncias por captar depósitos, eran empleados de la firma sino que eran intermediarios.
Sin embargo, Durán plantea la responsabilidad por acción o por omisión de la empresa que en todo caso no controló las prácticas irregulares de los financistas que les entregaban estados de cuenta alterados, información falsa o engañosa respecto de a composición, saldo y rentabilidad de sus respectivas cuentas individuales.
Los damnificados que firman la denuncia aseguran que González Palombo y Taube operaban en estrecho vínculo con la firma Pérez Marexiano, utilizando casillas de correo y hojas membretadas con su logo y nombre. Ambos tenían un podcast sobre inversiones y aprovechaban sus conocimientos para captar clientes. En el caso de ella, que vive en México, también captaba a clientes de ese mercado.
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En ese sentido, los denunciantes señalaron que ambos actuaban siempre "en nombre de Pérez Marexiano" y que los reportes que les entregaban incluían siempre el logotipo y una presentación formal de la sociedad de bolsa
Agregaro que existían "acuerdos meramente verbales, o directamente no existía autorización alguna para ejercer el mandato de libre administración que Pérez Marexiano alegaba tener y que ponía en practica arriesgando dinero de terceros".
Dado que la sociedad de bolsa es controlada por el Banco Central del Uruguay (BCU), El Observador consultó a la entidad para conocer si tomará alguna de las medidas "urgentes de precaución con eventual desplazamiento de autoridades", que plantearon los denunciantes ya que entienden que esta situación "sólo pudo concretarse a través de una serie de maniobras y estratagemas deliberadamente diseñadas y ejecutadas por parte de los denunciados".
El BCU a través de su Área de Comunicación informó que la Superintendencia de Servicios Financieros "realiza las actuaciones previstas en el marco de sus competencias" pero que "los detalles tienen carácter confidencial, por lo cual las eventuales resoluciones que se adopten (en caso que corresponda), se publicarán como es habitual a través del sitio web del BCU”.
